Imperativo desarrollar un sistema integrado para regular industria del cannabis

El Capitolio – Las Comisiones de lo Jurídico y de Salud, presididas por los representantes María Milagros Charbonier Laureano, y la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Ecónomicas del Senado, presidida por el senador Thomas Rivera Schatz, continuaron hoy su análisis sobre la medida que pretende crear el marco legal en Puerto Rico para atender el cannabis medicinal. El Proyecto de la Cámara 818 (Proyecto del Senado 340) establece la “Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, a la vez que reafirma la prohibición del uso recreacional del cannabis, entre otros fines.
 
Durante su ponencia, Tom Fleming, ex subdirector de la Oficina de Cumplimiento de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), avaló la medida en discusión, no sin antes subrayar que Puerto Rico “necesita un sistema que integre todo y promueva la comunicación entre quienes cultivan (el cannabis), lo dispensan, los bancos y las agencias gubernamentales”.
 
El exregulador señaló que las instituciones financieras pueden aceptar dinero de esta industria, pero deben asegurarse de que al hacerlo utilicen las regulaciones federales que existen a esos fines. Entre estas, evaluar la solicitud de licencia y documentación sometida por el dueño del negocio para obtener el permiso para operar, solicitar a las autoridades pertinentes la información disponible relacionada al negocio, desarrollar un plan en cuanto a la actividad que se espera del negocio, incluyendo los productos a venderse y el tipo de cliente (medicinal versus recreacional); y monitorear cualquier actividad sospechosa. Fleming destacó que la Isla ha tomado un paso de avanzada al crear legislación cuyo propósito es desarrollar una industria completa de cannabis que entienda todas las áreas que le competen. Algo que, a su juicio, ayudará a crear “un sistema robusto y eficiente”.
 
Por su parte, Daniel Pabón, legislador del estado de Colorado, reconoció que en su jurisdicción se cometieron algunos errores al dar paso al uso del cannabis, algo que, aseguró, actualmente se intenta corregir. “Tendremos unos recaudos de impuestos (tax revenue) de $140 millones, de esos unos $900 mil irán a investigación de la industria. Estamos muy lejos de la marca, pero en parte por la forma en que sucedieron las cosas en el estado”, acotó.
 
A preguntas de los miembros de las comisiones, afirmó que no se realizó una inversión de fondos públicos para la implementación del cannabis en Colorado y apuntó que de la cantidad de recaudos obtenidos, tanto de cannabis medicinal como recreacional, su estado ha designado $8 millones a agencias de seguridad para fiscalizar a quienes estén defraudando el sistema y entre $20 a $25 millones hacia un sistema regulatorio. Destacó, que una gran parte del dinero es designado a programas de servicios a los ciudadanos, enfatizando que una quinta parte de los fondos van destinados a evitar que los jóvenes vean “como una buena idea” utilizar cannabis, escenario el que subraya no ha visto un incremento.

Sostuvo que la manera en que en la Isla aborda el asunto es diferente, puesto a que se busca estudiar todo el panorama, “algo que siempre he recomendado”. Lo que sentaría las bases en esta área por los próximos años.
El representante de estado recomendó que se le requiera a las agencias pertinentes crear una base de datos para poder monitorear el impacto de la industria sobre la criminalidad. “Sus constituyentes querrán saber si el crimen ha aumentado o ha disminuido. La mayoría de la población no utilizará cannabis medicinal, tienen mucha gente saludable aquí”, apuntó.

De otra parte, el Dr. José Franceshini Carlo, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, sugirió que se limite el número de licencias dado a que el programa de cannabis medicinal se encuentra en su primera etapa de implementación, que se limite el licenciamiento a aquellas entidades que demuestren la capacidad y conocimiento del producto; la convocatoria de solicitudes para establecimientos debe cerrarse hasta tanto no se lleve a cabo una auditoría operacional del programa, el programa debe publicar periódicamente un informe que recoja las estadísticas más relevantes del mercado, la transparencia del Departamento de Salud en la publicación de métricas actualizadas y confiables es clave para crear un estructura de rendición de cuentas. Agregó que, en cuanto a la investigación y desarrollo del cannabis medicinal como parte de las propuestas de desarrollo económico para Puerto Rico, la reglamentación futura debería requerir destinar un por ciento fijo de los ingresos del programa para pruebas clínicas en la Isla e investigación del botánico.

El neuropsiquiatra resaltó que “Puerto Rico tiene un potencial de convertirse en un centro a nivel mundial para investigación y distribución de cannabis medicinal”.

Mientras, el Dr. Carlos Mellado, exprocurador del Paciente y de la Salud de Puerto Rico, reiteró que “se debe permitir el uso del cannabis estrictamente medicinal, desarrollando estudios que permita entender su mecanismo de acción, poder dosificarla y ver la eficacia de dicho producto en cada uno de los pacientes”. Señaló que los dispensarios deben contar con educación adecuada para distribuir el producto. A su vez, mantuvo que la industria emergente allegaría fondos al erario público del gobierno que podrían ser utilizados para aliviar el presupuesto de la reforma de salud. “Esta Asamblea Legislativa tiene en sus manos el poder de adelantar la ciencia y permitir el desarrollo pleno de la medicina, así como imponer sanciones a quienes abusen de este privilegio”, sentenció.

Por su parte, el Dr. Michael F. Soler, médico certificado en cannabis medicinal, enumeró resultados de su experiencia clínica, habiendo evaluado, recomendado y tratado pacientes con cannabis medicinal, quienes padecen de enfermedades debilitantes. Entre los datos clínicos recopilados, se halló que 2 de cada 10 pacientes evaluados y recomendados para el uso del cannabis medicinal en la Isla, ya utilizan el producto con resultados verdaderos, 10 de cada 10 pacientes vienen recomendados por especialistas luego de haber agotado decenas de alternativas bajo la medicina tradicional, 10 de cada 10 pacientes con epilepsia han tenido éxito con el tratamiento en un 97 por ciento, 7 de cada 10 pacientes con dolor crónico ven mejoría significativa sin el uso de medicamentos controlados y 10 de cada 10 en tratamiento franco no han reportado efectos secundarios de algún tipo.

Recomendó establecer en la pieza legislativa lenguaje preciso sobre la supervisión médica compulsoria cada 60 días a todo paciente autorizado y activamente recibiendo tratamiento de cannabis medicinal con su Primary Cannabis Physician (PCP), incorporar en la tarjeta de cada paciente autorizado el nombre de su PCP y que las recetas de cannabis medicinal tengan una vigencia de un máximo de 90 días. En términos fiscales, sugirió el desarrollo de Turismo Médico en Puerto Rico con relación al cannabis medicinal y sus beneficios, crea una metodología de impuestos para financiamiento del Plan de Salud del Estado “Mi Salud” y establecer un tope de 500 médicos certificados para mantener fiscalización y controles de calidad de los servicios.


“Gracias al cannabis, estoy aquí”

 
Con esas palabras, Carelis Cortés, veterana de las Fuerzas Aéreas, inició su ponencia en torno al proyecto, mencionando la cantidad de medicamentos que utilizaba luego de sufrir un accidente estando en servicio, manteniéndola atada a una silla de ruedas o postrada en su cama. “Veía a mis dos hijas crecer, veía mi vida pasar y pensaba que en esa cama me iba a morir”, compartió.

“Consumía un cóctel de medicamentos que me dañaban (…) he encontrado un alivio en cannabis y he podido sustituir muchos medicamentos gracias a él. Si no fuera el caso, estaría consumiendo más de 20 medicamentos para poder vivir”, expresó Cortés, quien padece de Parkinson’s Disease y de Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). La exmilitar destacó la importancia de educar a los pacientes sobre el uso del cannabis medicinal y aseguró que, de hacerlo, estos cumplirán con su responsabilidad.

En esa misma línea, Kiran Cupeles, quien laboró por años en la Guardia Nacional, donde ejerció el rango de Mayor en el área de Comunicaciones y Logística, narró que “luego de 12 años utilizando medicamentos aprobados por la FDA y vitaminas, mi salud seguía declinando hasta casi llegar al suicidio involuntario. ¿Saben por qué? Porque pensaba que quizás una pastilla más me ayudaría, pero eso no sucedió. Esto es bien común en Puerto Rico, no miremos las estadísticas de Estados Unidos, vamos a hacer las estadísticas en las salas de psiquiatría de Puerto Rico, las salas de emergencia. Entrevistemos a los psiquiatras y psicólogos privados que ven esto día a día, porque para mí el deseo de morir, no era. Mi deseo era tener menos dolor, menos angustia, ser extrovertida, poder compartir en familia. Quería ser quien verdaderamente soy”, expresó Cupeles.

Charbonier Laureano recalcó durante la audiencia que para algunos “parecería que uno estuviera en contra de lo que para ustedes es un alivio a su dolor y no es así. Lo que hacemos es un trabajo, porque queremos que reciban de la manera más segura lo que les ayuda como pacientes, a la vez que velamos por el pueblo de Puerto Rico”.