Presentará legislación para realizar inventario de villas pesqueras en la Isla

El Capitolio – El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, el representante José Aponte Hernández, anunció que se propone radicar legislación para realizar un inventario e inspeccionar las villas pesqueras alrededor de Puerto Rico, ante la falta de información precisa de estos activos tanto del Departamento de Agricultura (DA) como del Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

Sus expresiones fueron vertidas durante una vista pública llevada a cabo mediante la Resolución de la Cámara 1279, que investiga la cantidad y los usos que se le darán a los fondos federales que se otorgarán por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) para asistencia a los pescadores luego del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico.

“Dado que ni el DRNA, ni el DA tienen un registro completo de las villas pesqueras que existen alrededor de la Isla, algunas de las cuales pertenecen a la DA y otras a municipios o entidades privadas, nos proponemos recopilar esta información para tener un cuadro claro y poder propiciar el desarrollo económico de esta industria”, dijo Aponte Hernández.

“El asunto de las villas pesqueras en Puerto Rico y de la pesca no es un asunto que acontece bajo esta administración. Lamentablemente, es algo que se lleva arrastrando de décadas, pero tenemos que buscar la manera de poner fin al reclamo de un sector dentro del DA, que también aporta a lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico”, puntualizó el legislador.

Durante los trabajos, tanto Damaris Delgado, directora del programa de costas, reservas y refugios dentro del DRNA, como el agrónomo Víctor Marrero, del DA no pudieron dar datos concretos sobre el número de pescadores que actualmente existen luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre del 2017.

Delgado especuló que existen alrededor de unas 900 licencias expedidas por su agencia, pero no sabe cuántos son pescadores comerciales. Mientras que Marrero estimó en unos 350 los pescadores a quienes se les ofreció ayuda en ese momento ayuda. No obstante, desconoce quiénes eran pescadores bonafide, que devengaban más de la mitad de su sustento mediante la pesca.

A preguntas del presidente de la Comisión, Delgado indicó que los fondos recibidos por la NOAA fueron mediante una propuesta, luego que esta agencia federal realizara un censo de daños y asignara 11. 4 millones de dólares como parte del Programa de Desastres por Huracanes del Sureste.

De esta cifra, la cantidad que fue destinada en ayuda directa por pérdida de materiales a los pescadores era de 400 mil dólares, lo cual fue objetado por estos por entender que la asignación era sumamente baja. Por lo tanto, fue presentada una reconsideración, la cual está bajo escrutinio en estos momentos.

Durante la investigación surgió el dato de que el DRNA, no posee villas pesqueras, sino el DA y que esta última tampoco posee la titularidad de algunas de ellas, aunque están bajo su custodia. De la misma forma, carecen de datos concretos de quienes son pescadores bonafides, aun cuando ofreció ayudas de 300 mil dólares mediante una reasignación de una partida del Programa de Piñas.

Esta información, fue cuestionada duramente por Aponte Hernández, “para mí, resulta inconcebible que nosotros pretendamos atender un sector sin tener conocimiento de qué pasa en ese sector”, por lo que solicitó estas cifras y la propuesta presentada por el DRNA.

El representante dijo además la Comisión contactará a funcionarios de la NOAA para conocer su parte en este asunto y explorar cuáles son las oportunidades para ofrecer una mayor ayuda a los pescadores.

Mientras que Roberto Silva, del Congreso de Pescadores de Puerto Rico (CPPR), expresó “la profunda indignación del manejo del grant de la NOAA, donde de 11.4 millones de dólares, los pescadores solo recibirían 400,000 en ayuda directa, siendo este uno de los sectores económicos más devastado tras el paso de los huracanes Irma y María”.