El Capitolio – El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales
y Estatus, el representante José Aponte Hernández, anunció que se propone radicar
legislación para realizar un inventario e inspeccionar las villas pesqueras
alrededor de Puerto Rico, ante la falta de información precisa de estos activos
tanto del Departamento de Agricultura (DA) como del Departamento de Recursos
Naturales (DRNA).
Sus expresiones fueron vertidas durante una vista
pública llevada a cabo mediante la Resolución de la Cámara 1279, que investiga
la cantidad y los usos que se le darán a los fondos federales que se otorgarán
por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en
inglés) para asistencia a los pescadores luego del paso de los huracanes Irma y
María por Puerto Rico.
“Dado que ni el DRNA, ni el DA tienen un registro
completo de las villas pesqueras que existen alrededor de la Isla, algunas de las
cuales pertenecen a la DA y otras a municipios o entidades privadas, nos
proponemos recopilar esta información para tener un cuadro claro y poder
propiciar el desarrollo económico de esta industria”, dijo Aponte Hernández.
“El asunto de las villas pesqueras en Puerto Rico y de
la pesca no es un asunto que acontece bajo esta administración. Lamentablemente,
es algo que se lleva arrastrando de décadas, pero tenemos que buscar la manera
de poner fin al reclamo de un sector dentro del DA, que también aporta a lo que
es el desarrollo económico de Puerto Rico”, puntualizó el legislador.
Durante los trabajos, tanto Damaris Delgado, directora
del programa de costas, reservas y refugios dentro del DRNA, como el agrónomo Víctor
Marrero, del DA no pudieron dar datos concretos sobre el número de pescadores
que actualmente existen luego del paso de los huracanes Irma y María en
septiembre del 2017.
Delgado especuló que existen alrededor de unas 900
licencias expedidas por su agencia, pero no sabe cuántos son pescadores
comerciales. Mientras que Marrero estimó en unos 350 los pescadores a quienes
se les ofreció ayuda en ese momento ayuda. No obstante, desconoce quiénes eran
pescadores bonafide, que devengaban
más de la mitad de su sustento mediante la pesca.
A preguntas del presidente de la Comisión, Delgado
indicó que los fondos recibidos por la NOAA fueron mediante una propuesta,
luego que esta agencia federal realizara un censo de daños y asignara 11. 4
millones de dólares como parte del Programa de Desastres por Huracanes del
Sureste.
De esta cifra, la cantidad que fue destinada en ayuda
directa por pérdida de materiales a los pescadores era de 400 mil dólares, lo
cual fue objetado por estos por entender que la asignación era sumamente baja.
Por lo tanto, fue presentada una reconsideración, la cual está bajo escrutinio
en estos momentos.
Durante la investigación surgió el dato de que el
DRNA, no posee villas pesqueras, sino el DA y que esta última tampoco posee la
titularidad de algunas de ellas, aunque están bajo su custodia. De la misma
forma, carecen de datos concretos de quienes son pescadores bonafides, aun cuando ofreció ayudas de 300
mil dólares mediante una reasignación de una partida del Programa de Piñas.
Esta información, fue cuestionada duramente por Aponte
Hernández, “para mí, resulta inconcebible que nosotros pretendamos atender un
sector sin tener conocimiento de qué pasa en ese sector”, por lo que solicitó
estas cifras y la propuesta presentada por el DRNA.
El representante dijo además la Comisión contactará a funcionarios
de la NOAA para conocer su parte en este asunto y explorar cuáles son las
oportunidades para ofrecer una mayor ayuda a los pescadores.
Mientras que Roberto Silva, del Congreso de Pescadores
de Puerto Rico (CPPR), expresó “la profunda indignación del manejo del grant de la NOAA, donde de 11.4 millones
de dólares, los pescadores solo recibirían 400,000 en ayuda directa, siendo
este uno de los sectores económicos más devastado tras el paso de los huracanes
Irma y María”.
Silva
sentenció que el DRNA “claramente ha utilizado todas las cláusulas posibles
permisibles dentro de este grant para
su beneficio, perdiendo de perspectiva la necesidad de los pescadores
comerciales en Puerto Rico. Datos recientes demuestra que el DRNA recibirá 79
millones de dólares para mitigar el impacto de los huracanes Irma y María. EL
CPPR y su matrícula entiende que estos fondos deben ser utilizados
estrictamente para la mitigación de daños a la industria de la pesca”.