Cámara viabiliza más fondos para servicios legales a personas de escasos recursos

El Capitolio –  La Cámara de Representantes aprobó la segunda de dos medidas del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, dirigida a proveer mayor acceso a servicios legales para personas de escasos recursos económicos, particularmente en casos civiles.

 

La propuesta contenida en el Proyecto de la Cámara 2311, añade un inciso a la “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”, con el objetivo de proveer recursos económicos adicionales al Fondo de Acceso a la Justicia.

 

La pieza legislativa destaca que la cuenta especial que tienen que crear al amparo de esta nueva disposición será una Cuenta de Intereses en Fideicomiso para Agentes (CIFA). Esta se regulará de acuerdo a los términos de la Ley (165-2013), que creó el Fondo de Acceso a la Justicia.

 

La institución bancaria autorizada, remitirá al Fondo la totalidad de los intereses generados por el dinero depositado para que los distribuya en programas que brinden representación legal.

 

Según expone el presidente cameral en la medida, “el estatuto vigente regula al corredor o empresa de bienes raíces, exigiéndole mantener una cuenta, en un banco establecido en Puerto Rico, separada de la cuenta operacional del negocio. En la misma depositará todos los prontos pagos, depósitos de buena fe u otros depósitos en fideicomiso recibidos. Sólo cuando se complete la transacción para la cual se entregaron dichos fondos es que pueden retirar o disponer de ellos”.

 

Asimismo, se dio visto bueno al Proyecto de la Cámara 2297, de la representante Yashira Lebrón Rodríguez, que enmienda la “Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras Preciosas”, a los fines de aclarar que la licencia concedida en esta Ley será de carácter personal e intransferible y solo será válida para el local para la cual se solicite dicha licencia. Además, prohíbe la compra y venta de metales preciosos o piedras preciosas fuera de los locales autorizados por el Secretario de Hacienda. Las penalidades por incumplimiento de esta Ley, que constituirá un delito grave, conlleva multas y reclusión por un término que no podrá exceder de dos años, o ambas penas, a discreción del tribunal.

 

Igualmente, fue aprobado en reconsideración el Proyecto de la Cámara 1525, con el propósito de actualizar términos y facilitar la implementación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

 

Seguido, se respaldó la Resolución de la Cámara 1604 del representante Nestor Alonso Vega, que propone investigar el cumplimiento de las leyes sobre animales de servicio, por parte de las entidades público y privadas. Esta resolución especifica que los animales de servicio no son mascotas y determina que “los trabajos o tareas que realizan deben estar directamente relacionados con los impedimentos de sus dueños”. Además, apunta que en enero 2020, la definición de animales de servicio se enmendó para excluir a los animales que proveen apoyo emocional, por estos no estar entrenados para realizar trabajos o tareas en beneficio de una persona con impedimento.

 

También, se consideró la Resolución de la Cámara 858, del representante José Aponte Hernández, para investigar el proceso y pago de las reclamaciones por daños a vehículos de motor por parte de todas las entidades que proveen la póliza del seguro obligatorio, incluyendo la Asociación de Suscripción Conjunta, así como otros seguros de autos. Lo mismo ocurrió con la Resolución de la Cámara 1569, del representante Pedro Julio “Pellé” Santiago que ordena indagar la implementación de la Ley la “Ley de Dotados”, a los fines de identificar si el Departamento de Educación de Puerto Rico está cumpliendo con sus disposiciones.

 

De otra parte, de la autoría del representante José “Che” Pérez Cordero, se respaldó la Resolución de la Cámara 1582, para investigar el desarrollo y la evolución de los deportes de contacto en Puerto Rico, incluyendo, y sin limitarse, a los componentes de las artes marciales y deportes de combate junto a su reglamentación, facilidades y seguridad para, de esta manera, evaluar la efectividad de la intervención regulatoria de la Comisión de Seguridad en la Recreación  Deporte y entidades federativas. 

 

A su vez,  se endosó la Resolución de la Cámara 1593, del representante Maricarmen Mas, mediante la cual se investigará la autoridad que tienen las compañías aseguradoras del seguro compulsorio para modificar la determinación final que surge del informe policiaco que prepara un agente del orden público sobre un accidente de tránsito. Particularmente, cuando el agente le atribuye el 100 por ciento de la responsabilidad del accidente a una de las partes, pero la aseguradora lo modifica por cuenta propia a una responsabilidad compartida. Esto, para indagar sobre los párametros, si algunos, que existen para que las aseguradoras puedan realizar  dichas modificaciones, identificar si esto supone un conflicto de interés y evaluar la necesidad de adoptar  medidas correctivas sobre el asunto.

 

Del mismo modo, se ratificó la Resolución Conjunta de la Cámara 257, del representante Ángel Bulerín Ramos, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación la asignación de fondos necesarios para realizar el estudio de viabilidad para la construcción de un puente sobre la Quebrada Lajas, que pueda unir la marginal que bordea a la Comunidad La Dolores con la Urbanización Alturas de Río Grande, y  se une a la lista la Resolución de la Cámara 1683, de la autoría del representante Santiago Guzmán, para estudiar las condiciones del puente en la Avenida del Lago en el Municipio de Toa Baja, luego de los sismos ocurridos durante los primeros días del mes de enero 2020 y evaluar si estos han causado daño que afecte la integridad de dicha estructura.

 

Asimismo, se aprobó la Resolución de la Cámara 1669, del representante Manuel Claudio,  para estudiar realizar un estudio sobre la problemática existente de falta de servicio de agua potable en Salinas, en aras de identificar alternativas viables para su pronta solución; y la Resolución Conjunta de la Cámara 585, del representante Urayoán Hernández Alvarado, para ordenar a toda agencia de gobierno que recibe público en sus propiedades presente copia de la inspección realizada por un ingeniero licenciado de que dicha propiedad no sufrió daños estructurales, que comprometan su estructura como consecuencia de los temblores asociados a la secuencia sísmica experimentada durante el mes de enero.

 

El cuerpo legislativo también apoyó la Resolución Conjunta de la Cámara 592, de Hernández Alvarado, que reasigna al Municipio de Orocovis $100,000, provenientes del balance disponible de la Resolución Conjunta 100-2019, a fin de viabilizar obras y mejoras permanentes, al igual que la Resolución Conjunta del Senado 415, que reasigna al Municipio de Lares, $407,535.22 provenientes de los sobrantes disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 1429-2004, para facultar para la contratación de obras y autorizar el pareo de fondos reasignados.

 

Durante el proceso parlamentario se dieron por recibidos varios informes parciales de investigaciones camerales. La Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio, que preside el representante Nelson del Valle Colón, rindió el Séptimo Informe Parcial en torno a la Resolución de la Cámara 127, de su análisis en cuanto al actual marco legal que se supone provea para la creación, fomento, desarrollo y sostenimiento del sector de las PyMEs a nivel local.

 

En este documento preliminar se destaca que la política pública para proveer un número considerable de empleos mediante la PyMEs no se ha materializado del todo. Adicional, que según datos del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, el sector PYMES está atravesando por sus peores momentos debido a la crisis económica que ocurre a nivel mundial, unido a una serie de iniciativas y legislación que, más que fomentar el desarrollo económico y propiciar la estabilidad de este sector empresarial, lo han perjudicado, enfocándose en la atracción de capital extranjero como método de desarrollo económico.

 

 

También, presentó el Primer Informe Parcial respecto a la Resolución de la Cámara 1097, que estudia el modelo empresarial comunitario, el cual ha ganado gran auge en la Isla; así como un análisis de las medidas que deben implementarse para fomentarlo e implementarlo a nivel gubernamental.

 

Sostiene que de acuerdo a la Oficina de Estadísticas del Trabajo, para febrero de 2018 el desempleo en Puerto Rico había alcanzado un 10.6 por ciento. Para esa fecha, había 848,300 puestos en industrias no agrícolas, en comparación con 871,200 en esa misma categoría el mes antes de los huracanes de 2017.

 

Analizada en sus méritos la ponencia traída por el Departamento de la Vivienda, y a base lo expuesto por la abundante literatura existente sobre el modelo empresarial comunitario, esta Comisión recomienda, preliminarmente, que se amplíen los alcances de este estudio para analizar la implantación de las disposiciones contenidas en el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, en lo que respecta a la creación, fomento, desarrollo y sostenimiento del sector de las PyMEs, en aras de asegurar que el mismo funcione a tono con la política pública existente en Puerto Rico”, según el documento.

 

Por último, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, el representante José “Memo” González Mercado, sometió su opinión en el Primer Informe Parcial en torno a la Resolución de la Cámara 1385, que investiga razones por las cuales el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Oficina del Comisionado de Seguros no han modificado los reglamentos y procedimientos para permitir el prorrateo del pago de derechos anuales de permiso de vehículos, motocicletas o arrastres y del pago por concepto de seguro de responsabilidad obligatorio.

 

En este indica que  existen preocupaciones válidas en cuanto al prorrateo del pago de derechos anuales del permiso de vehículos, motocicletas o arrastres y del seguro de responsabilidad obligatorio. Y aunque el DTOP está cumpliendo con el mandato legislativo a fines de reglamentar el proceso del prorrateo, es necesario investigar las gestiones llevadas a cabo por la Oficina del Comisionado de Seguros para reglamentar lo relativo al procedimiento a seguir.

 

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes, 10 de febrero, a la 1:00 de la tarde.