El Capitolio – La Cámara de Representantes aprobó la segunda
de dos medidas del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez,
dirigida a proveer mayor acceso a servicios legales para personas de escasos
recursos económicos, particularmente en casos civiles.
La propuesta contenida en el
Proyecto de la Cámara 2311, añade un inciso a la “Ley para Reglamentar el
Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de
Bienes Raíces en Puerto Rico”, con el objetivo de proveer recursos económicos
adicionales al Fondo de Acceso a la Justicia.
La pieza legislativa destaca
que la cuenta especial que tienen que crear al amparo de esta nueva disposición
será una Cuenta de Intereses en
Fideicomiso para Agentes (CIFA). Esta se regulará de acuerdo a los términos de
la Ley (165-2013), que creó el Fondo de Acceso a la Justicia.
La institución bancaria
autorizada, remitirá al Fondo la
totalidad de los intereses generados por el dinero depositado para que los
distribuya en programas que brinden representación legal.
Según expone el presidente
cameral en la medida, “el estatuto vigente regula al corredor o empresa de
bienes raíces, exigiéndole mantener una cuenta, en un banco establecido en
Puerto Rico, separada de la cuenta operacional del negocio. En la misma
depositará todos los prontos pagos, depósitos de buena fe u otros depósitos en
fideicomiso recibidos. Sólo cuando se complete la transacción para la cual se
entregaron dichos fondos es que pueden retirar o disponer de ellos”.
Asimismo, se dio visto
bueno al Proyecto de la Cámara 2297, de la representante Yashira Lebrón
Rodríguez, que enmienda la “Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras
Preciosas”, a los fines de aclarar que la licencia concedida en esta Ley será
de carácter personal e intransferible y solo será válida para el local para la
cual se solicite dicha licencia. Además, prohíbe la compra y venta de metales
preciosos o piedras preciosas fuera de los locales autorizados por el
Secretario de Hacienda. Las penalidades por incumplimiento de esta Ley, que constituirá
un delito grave, conlleva multas y reclusión por un término que no podrá
exceder de dos años, o ambas penas, a discreción del tribunal.
Igualmente, fue aprobado
en reconsideración el Proyecto de la Cámara 1525, con el propósito de actualizar términos y facilitar la implementación de la
política pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).
Seguido,
se respaldó la Resolución de la Cámara 1604 del representante Nestor Alonso
Vega, que propone investigar el cumplimiento de las leyes sobre animales de
servicio, por parte de las entidades público y privadas. Esta resolución especifica que los animales de servicio no son mascotas y determina que
“los trabajos o tareas que realizan deben estar directamente relacionados con
los impedimentos de sus dueños”. Además, apunta que en enero 2020, la
definición de animales de servicio se enmendó para excluir a los animales que
proveen apoyo emocional, por estos no estar entrenados para realizar trabajos o
tareas en beneficio de una persona con impedimento.
También, se consideró la
Resolución de la Cámara 858, del
representante José Aponte Hernández, para investigar el proceso y pago de las
reclamaciones por daños a vehículos de motor por parte de todas las entidades
que proveen la póliza del seguro obligatorio, incluyendo la Asociación de
Suscripción Conjunta, así como otros seguros de autos. Lo mismo ocurrió con la Resolución
de la Cámara 1569, del representante Pedro Julio “Pellé” Santiago que ordena
indagar la implementación de la Ley la “Ley de Dotados”, a los fines de
identificar si el Departamento de Educación de Puerto Rico está cumpliendo con
sus disposiciones.
De otra
parte, de la autoría del representante José “Che” Pérez Cordero, se respaldó la
Resolución de la Cámara 1582, para investigar el desarrollo y la evolución de
los deportes de contacto en Puerto Rico, incluyendo, y sin limitarse, a los
componentes de las artes marciales y deportes de combate junto a su reglamentación,
facilidades y seguridad para, de esta manera, evaluar la efectividad de la
intervención regulatoria de la Comisión de Seguridad en la Recreación Deporte y entidades federativas.
A su vez,
se endosó la Resolución de la Cámara
1593, del representante Maricarmen Mas, mediante la cual se investigará la
autoridad que tienen las compañías aseguradoras del seguro compulsorio para
modificar la determinación final que surge del informe policiaco que prepara un
agente del orden público sobre un accidente de tránsito. Particularmente,
cuando el agente le atribuye el 100 por ciento de la responsabilidad del
accidente a una de las partes, pero la aseguradora lo modifica por cuenta
propia a una responsabilidad compartida. Esto, para indagar sobre los
párametros, si algunos, que existen para que las aseguradoras puedan
realizar dichas modificaciones,
identificar si esto supone un conflicto de interés y evaluar la necesidad de
adoptar medidas correctivas sobre el
asunto.
Del mismo
modo, se ratificó la Resolución Conjunta de la Cámara 257, del representante
Ángel Bulerín Ramos, que ordena al Departamento de Transportación y Obras
Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación la asignación de fondos
necesarios para realizar el estudio de viabilidad para la construcción de un
puente sobre la Quebrada Lajas, que pueda unir la marginal que bordea a la
Comunidad La Dolores con la Urbanización Alturas de Río Grande, y se une a la lista la Resolución de la Cámara
1683, de la autoría del representante Santiago Guzmán, para estudiar las condiciones
del puente en la Avenida del Lago en el Municipio de Toa Baja, luego de los
sismos ocurridos durante los primeros días del mes de enero 2020 y evaluar si estos
han causado daño que afecte la integridad de dicha estructura.
Asimismo,
se aprobó la Resolución de la Cámara 1669, del representante Manuel Claudio,
para estudiar realizar un estudio sobre la problemática existente de
falta de servicio de agua potable en Salinas, en aras de identificar
alternativas viables para su pronta solución; y la Resolución Conjunta de la Cámara
585, del representante Urayoán Hernández Alvarado, para ordenar a toda agencia
de gobierno que recibe público en sus propiedades presente copia de la
inspección realizada por un ingeniero licenciado de que dicha propiedad no
sufrió daños estructurales, que comprometan su estructura como consecuencia de
los temblores asociados a la secuencia sísmica experimentada durante el mes de
enero.
El cuerpo
legislativo también apoyó la Resolución Conjunta de la Cámara 592, de Hernández Alvarado, que reasigna al Municipio de Orocovis $100,000,
provenientes del balance disponible de la Resolución Conjunta 100-2019, a fin
de viabilizar obras y mejoras permanentes, al igual que la Resolución Conjunta
del Senado 415, que reasigna al Municipio de Lares, $407,535.22 provenientes de
los sobrantes disponibles de la Resolución Conjunta Núm. 1429-2004, para facultar
para la contratación de obras y autorizar el pareo de fondos reasignados.
Durante
el proceso parlamentario se dieron por recibidos varios informes parciales de
investigaciones camerales. La Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y
Comercio, que preside el representante Nelson del Valle Colón, rindió el
Séptimo Informe Parcial en torno a la Resolución de la Cámara 127, de su
análisis en cuanto al actual marco legal que se supone provea para la creación,
fomento, desarrollo y sostenimiento del sector de las PyMEs a nivel local.
En este
documento preliminar se destaca que la política pública para proveer un número
considerable de empleos mediante la PyMEs no se ha materializado del todo. Adicional,
que según datos del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, el sector PYMES
está atravesando por sus peores momentos debido a la crisis económica que
ocurre a nivel mundial, unido a una serie de iniciativas y legislación que, más
que fomentar el desarrollo económico y propiciar la estabilidad de este sector
empresarial, lo han perjudicado, enfocándose en la atracción de capital
extranjero como método de desarrollo económico.
También, presentó
el Primer Informe Parcial respecto a la Resolución de la Cámara 1097, que
estudia el modelo empresarial comunitario, el cual ha ganado gran auge en la
Isla; así como un análisis de las medidas que deben implementarse para
fomentarlo e implementarlo a nivel gubernamental.
Sostiene
que de acuerdo a la Oficina de Estadísticas del Trabajo, para febrero de 2018
el desempleo en Puerto Rico había alcanzado un 10.6 por ciento. Para esa fecha,
había 848,300 puestos en industrias no agrícolas, en comparación con 871,200 en
esa misma categoría el mes antes de los huracanes de 2017.
“Analizada en sus méritos la ponencia traída por el
Departamento de la Vivienda, y a base lo expuesto por la abundante literatura
existente sobre el modelo empresarial comunitario, esta Comisión recomienda,
preliminarmente, que se amplíen los alcances de este estudio para analizar la
implantación de las disposiciones contenidas en el “Código de Incentivos de
Puerto Rico”, en lo que respecta a la creación, fomento, desarrollo y
sostenimiento del sector de las PyMEs, en aras de asegurar que el mismo
funcione a tono con la política pública existente en Puerto Rico”, según el
documento.
Por último,
el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, el
representante José “Memo” González Mercado, sometió su opinión en el Primer
Informe Parcial en torno a la Resolución de la Cámara 1385, que investiga razones por las cuales el Departamento de Transportación y
Obras Públicas (DTOP) y la Oficina del Comisionado de Seguros no han modificado
los reglamentos y procedimientos para permitir el prorrateo del pago de
derechos anuales de permiso de vehículos, motocicletas o arrastres y del pago
por concepto de seguro de responsabilidad obligatorio.
En este indica que existen preocupaciones válidas en cuanto al
prorrateo del pago de derechos anuales del permiso de vehículos, motocicletas o
arrastres y del seguro de responsabilidad obligatorio. Y aunque el DTOP está cumpliendo
con el mandato legislativo a fines de reglamentar el proceso del prorrateo, es
necesario investigar las gestiones llevadas a cabo por la Oficina del
Comisionado de Seguros para reglamentar lo relativo al procedimiento a seguir.
La Cámara
de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes, 10 de febrero, a la 1:00
de la tarde.