Investigan el cumplimiento con los ancianos que viven en condiciones infrahumanas

El Capitolio- La Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, presidida por la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez inició una investigación sobre la implantación y el cumplimiento, por parte de las agencias concernidas, con la “Ley sobre el Protocolo de Servicios Interagenciales para las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico que viven en Condiciones Infrahumanas del 2013”.

Esta pesquisa busca auscultar si las agencias que tiene el deber de atender a la población de 60 años o más, que se encuentran en condiciones infrahumanas, han recibido los servicios necesarios de acuerdo a esta ley aprobada en el 2013 para así brindarle una mejor calidad de vida.

Estos servicios son necesarios ya que uno de los problemas que más aqueja a este segmento de la población es la falta de medios para sus necesidades básicas y así subsistir. Según la Encuesta de la Comunidad, año 2015, realizada por el Negociado del Censo Federal, el 40.1 por ciento de las personas de 60 años o más en la Isla se encontraban bajo el nivel de pobreza.

 

Estas son el Departamento de la Familia (DF), el Departamento de Vivienda (DV), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y la Administración de Seguros de Salud (ASES), del Negociado de la Policía de Puerto Rico, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, y del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1.

A la vista pública compareció Enid Banchs del DF, quien aseguró que la agencia “ha sido en extremo diligente en la intervención, investigación y prestación de servicios a esa población. En lo que va del año fiscal, que comenzó en julio hasta el presente, el programa ha recibido 28 referidos de adultos mayores o con impedimentos viviendo en condiciones infrahumanas”.

“Todos esos adultos mayores y/o adultos con impedimentos fueron protegidos a través de la ubicación en hogares sustitutos y/o instituciones de cuido prolongado. Este número no incluye los adultos mayores abandonados en los hospitales que en muchas situaciones vienen de vivir en condiciones infrahumanas”, sostuvo la deponente.

Por su parte, Wilma Cruz Calo, procuradora auxiliar de protección y defensa de la OPPEA, refutó las expresiones de Banchs al presentar estadísticas del número de casos de protección que fueron referidos al DF sin que se tomara la acción correspondiente en el término de 24 horas tal y como lo estipula la ley. La cifra alcanzó los 506 casos. Así también se informó de 266 casos de emergencias sociales que fueron referidos sin que se tomase acción por parte de la Administración de Familias y Niños (ADFAN).

Otras de las agencias mencionadas fue ASSMCA con 25 de casos referidos para ser atendidos en 2018, y el Departamento de Vivienda presentó 202 casos de personas que necesitaban reubicación, pero que no les fue ofrecido este servicio en el periodo que estipula la ley.

Según la deponente, la mayoría de las agencias aducen la falta de fondos para poder cumplir con la ley, y el desconocimiento de los jueces sobre la existencia de la ley, lo que alarga el periodo en el que la persona tiene que esperar para recibir ayuda de las agencias.

Cruz Calo sostuvo que debido a ello, “OPPEA no solo se limita a fiscalizar el cumplimiento de las agencias, sino el coordinar para atender y viabilizar la solución de los problemas. Nos hemos mantenido levantando esfuerzos nuevos que ayuden la atención pronta por parte los tribunales y agencias, así como agilizar el recibo de los servicios que se requieren de las entidades gubernamentales”.

“El asunto de los recursos y la falta de fondos, unido a la necesidad neurálgica que foros como la Academia Judicial tomen conocimiento teórico y práctico de las herramientas en la Ley 121-2019, y cómo las mismas pueden ser complementarias a las de la Ley 126-2013, para llevar protecciones expeditas y agilizar procesos, son asuntos que tenemos que atender como Gobierno”, dijo la funcionaria de la OPPEA.

Además, explicó que con este curso de acción este asunto, no solo se auxiliará a ese adulto mayor en su escenario de condiciones infrahumanas, sino también permitirá maximizar los recursos en la atención a otros maltratos o sospecha de maltrato que pueden estar ocurriendo

A renglón seguido, testificó la Dra. Isis Rosales, coordinadora de Servicios Orientados a la Recuperación de ASSMCA, quien presentó los servicios de su agencia para esta población cuando se entiende que padece de algún trastorno mental que afecte su funcionamiento en su diario vivir. Sin embargo, enfatizó que la agencia no posee albergues u hogares para ubicación de emergencia y en esos casos, deben recurrir al hospital más cercano.

 Mientras que por parte del DV compareció Nesherlee Soldevila, coordinadora del Programa de Subsidios de Vivienda para personas de 60 años o más, quien expresó que en la actualidad no existe un acuerdo colaborativo entre el DF y el DV para trabajar esta ley, por lo que se trabajan los casos de ancianos que viven en condiciones infrahumanas a través de los Sistema de Cuidado Continuo (CoC) para erradicar el sinhogarismo.

“En lo pertinente a las obligaciones del DV conforme a la Ley 126-2013, el Programa de Subsidios de Arrendamiento y Mejoras a Vivienda para Personas de Edad Avanzada, no recibe fondos estatales desde el año 2014, y los proyectos existentes están llenos a capacidad. No obstante, el DV hace las gestiones para identificar vivienda en cualquiera de los otros programas que administra en aras de proveer vivienda a quien lo necesita”, señaló Soldevila, quien hizo la salvedad que estos programas son para personas que puedan vivir de forma independiente.

A su vez, enfatizó que en la mayoría de los casos de personas de edad avanzada que viven en condiciones infrahumanas, se ha observado que no están aptas para vivir de forma independiente, por lo que en general son referidos a hogares de cuidado continuo.

La Presidenta de la Comisión comentó que es vital la investigación para determinar las enmiendas necesarias a esta legislación, de modo que las personas de edad avanzada puedan vivir de forma digna.