Sector empresarial expresa reservas sobre propuesto aumento al mínimo salarial

El Capitolio –  Durante la continuación de las vistas públicas conjuntas de la Comisión de Gobierno, y Asuntos Labores en torno al Proyecto de la Cámara 2264, que propone crear el Comité de Justicia Salarial, así como aumentar el salario mínimo de $7.25 la hora a $8.25 para todos los sectores de Puerto Rico, representantes del sector empresarial opinaron que ese objetivo se puede lograr con incrementos en productividad que, a su vez, generen una mayor creación de riquezas.

 

El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, coincidió en que el tema de los sueldos está ligado a la productividad. “Las agencias gubernamentales trajeron sus puntos de vistas y vamos a continuar analizándolos. Es un tema que siempre trae extremos a favor y en contra, y hay que sopesar los estudios también desde el punto de vista del trabajador. Hay que sentarse a bajar impuestos y a bajar costos operacionales para que los trabajadores puedan vivir con el mínimo que se establezca”, dijo.

 

El licenciado Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), concordó con el planteamiento. Incluso, recomendó la aprobación de medidas agresivas de reducción de costos de vida en manos del Gobierno que tendrían el mismo efecto en el ingreso disponible de los trabajadores, “pero sin destruir empleos ni crear inflación”.

 

“Este tipo de medidas debe analizarse con mucha cautela utilizando datos objetivos y evitando decisiones basadas en opiniones subjetivas o aspiraciones bien intencionadas. La respuesta a esto es que Puerto Rico tiene que generar empleos y desarrollo económico. De ahí va a venir todo lo demás… La aspiración debe ser que tengamos los salarios lo más alto posible. En términos de las aspiraciones estamos de acuerdo, en términos de los incentivos, debemos llegar a no tener que necesitarlos”, sostuvo el funcionario de MIDA. 

 

En esa línea, Jorge Arguelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), argumentó que en estos momentos Puerto Rico no se encuentra preparado para asumir un aumento en el salario mínimo, “y mucho menos el pequeño y mediano sector empresarial del país. Aprobar el proyecto de ley sería firmar la sentencia de los PYMES y condenarlos a cerrar operaciones por falta de liquidez e incentivos que promuevan la generación de empleos”.

 

A esos efectos exhortó, a preguntas del representante Navarro Suárez, que previo a aprobar el alza se debe considerar la reducción del costo de energía eléctrica, reducir los costos de la actividad comercial y eliminar la Ley de indemnización por despido sin justa causa (Ley 80-1976).

 

Mientras, que la licenciada Nani Marchand-Sánchez, en representación de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, expresó creer firmemente en un escenario laboral de condiciones de trabajo dignas y adecuadas para todo el personal que labora en una empresa.

 

“No obstante, toda legislación que imponga un marco regulatorio nuevo en el ámbito laboral debe ser evaluado, en función de importantes variables económicas y sociales”, puntualizó.

 

Asimismo, José Ledesma Fuentes, presidente de la Cámara de Comercio, trajo a la atención que, a mediados del 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Orden Ejecutiva 2017-027, que creó el “Comité Multisectorial para el Aumento del Salario Mínimo”, bajo la Junta de Planificación (JP). También, que los resultados de estudios sobre la propuesta “son consistentes con las preocupaciones de muchos economistas por los efectos que tendría el aumentar el salario mínimo”.

 

En su turno de preguntas, el representante Luis Vega Ramos solicitó “que el sector privado nos presente una formula periódica que podemos ir ajustando el salario mínimo”.

 

Seguido, el representante Jesús Santa Rodríguez, articuló que “el objetivo a aspirar es que la persona pueda vivir con el salario que se gana. Y eso hay que hacerlo entre todos. Y mientras no nos sentemos en una mesa a pensarlo de esa manera, porque cada uno tiene unas inquietudes. Nuestra función como legisladores es que se trate de lograr el mejor beneficio y mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. Primero que todo tenemos saber qué y buscar los mecanismos”.