Examinan cumplimiento de ley federal en bienestar de menores removidos

El CapitolioLa Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato a las Personas de Edad Avanzada, presidida por la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, comenzó el estudio de la Resolución de la Cámara 1291, con el objetivo de investigar el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico ante la aprobación de la ley federal “Family First Prevention Services Act 2018”, que tiene como fin el bienestar de los menores que son removidos de sus hogares por causa de maltrato o negligencia.

La medida, de la autoría del representante Víctor Parés Otero, y suscrita por Rodríguez Hernández, responde a conocer el estatus para poner en función, por parte de las instrumentalidades gubernamentales, la legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Además, para indagar los cambios o derogaciones necesarias a leyes estales para cumplir con los nuevos estatutos federales y sobre los fondos que Puerto Rico tendría acceso.

La subadministradora de la Administración de Familia y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos, informó que solicitaron una dispensa al Departamento de Salud Federal y que actualmente, trabajan en la fase de planificación y desarrollo del plan estratégico. La dispensa le permitirá a ADFAN a iniciar la ejecución de la ley federal a partir de octubre de 2021.

“Como parte de dicho waiver, Puerto Rico desarrollará un plan estratégico para la implementación del Family First Prevention Services Act. En enero de 2019 se estableció un Comité Timón con el objetivo de comenzar la planificación del proceso de implantación de esta Reforma para Puerto Rico”, argumentó Gerena Ríos.

A preguntas de la Presidenta de la Comisión sobre la composición del Comité, la Subadministradora señaló que, “el mismo está presidido por la ADFAN, y forman también parte del Comité el Instituto Tercera Misión (ITM) de la Universidad Carlos Albizu como socio científico y el Proyecto Nacer”.

“A partir de la constitución del Comité Timón, se comenzaron a establecer acuerdos colaborativos con diversas entidades locales y federales manteniendo el objetivo de desarrollar una planificación robusta”, añadió a preguntas de Rodríguez Hernández.

En cuanto a las condiciones y los requerimientos que exige el nuevo estatuto federal. La Subadministradora de ADFAN indicó que la Ley 246, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” debe ser “derogada”.

En esa misma línea, la licenciada Coralis Vigella del Departamento de la Familia (DF) sostuvo que, la nueva Ley de Adopción, la Ley de Menores y los reglamentos existentes tienen que transformarse y cumplir con el mandato federal instituido por el Family First Prevention Services Act.

Por su parte, el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, en su turno, indagó por la pérdida de fondos federales por solicitar la dispensa. Gerena Ríos aclaró, “los fondos se trasladan para el 2021”. Santiago Guzmán sugirió a las funcionarias a informarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la nueva Reforma, al surgir en la audiencia pública que es necesario conseguir el 50 por ciento para el pareo de fondos.

Mientras, el autor de la medida, el representante Parés Otero, mostró preocupación por la burocracia existente para cumplir con la fecha establecida por el Gobierno federal. Asimismo, preguntó sobre las reuniones que ha realizado el Comité. Ante el planteamiento del Representante, la Funcionaria comentó que, “la ley es muy complicada”.  Ante ello, el legislador solicitó a la Comisión a que el Comité entregue a un informe sobre los trabajos realizados. “Tenemos que saber dónde estamos parado”, agregó el Representante por el Distrito 4 de San Juan.

Antes de finalizar, la representante Rodríguez Hernández acogió las recomendaciones de los demás miembros de la Comisión sobre integrar a las diferentes agencias, por lo que encomendó a desarrollar un simposio para el desarrollo y cumplimiento de las disposiciones federales.