El Capitolio- La
Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros
Charbonier Laureano, prosiguió el análisis en torno al Proyecto de la Cámara
2168, con el propósito de enmendar la “Ley Protectora de los Derechos de los
Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia” para incluir el concepto de
“enajenación parental” entre los puntos a tomar en cuenta a la hora de
determinar a quien se le concede la custodia de los menores en el proceso de
divorcio.
Durante la vista pública, compareció la Lcda. Giselle
Rosa González, directora de la Oficina de Legislación y Reglamento de la
Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), quien recomendó enmiendas
al concepto de “enajenación parental”, siendo el patrón que usa uno de los
padres para desvincular afectivamente al menor del otro progenitor. De manera, que
sea lo más preciso posible al momento de analizar el caso por parte de los
jueces.
Además, sugirió incluir entre los puntos a estudiarse
durante el proceso de concesión de custodia “si el menor presenta pensamientos
o sentimientos de rechazo hacia el otro progenitor, si demuestra actitudes
negativas hacia este o si en efecto, se ha afectado el vínculo afectivo entre
el menor y el otro progenitor, características asociadas con el Síndrome de
Alienación Parental”, que es el cuadro que presenta el menor que ha sido
sometido a la enajenación parental.
“Entendemos que la evaluación que haga el trabajador
social en esta etapa de la adjudicación de custodia, como parte del referido
del tribunal, debe tener como propósito identificar si existe la conducta
descrita por parte de alguno de los progenitores al hacer al tribunal las
recomendaciones que entienda pertinentes”, apuntó la deponente.
Rosa González señaló que podría incluirse la petición de
que el menor sea evaluado por un psicólogo que valide, conforme a los
estándares de su profesión, si muestra las características relacionadas con la alienación
parental.
A su vez, exhortó a que se aclare si el tribunal
tendrá la discreción para tomar las medidas y emitir las órdenes que entienda
pertinentes en cualquier etapa del proceso y que de ser necesario, se ordenará que
el menor asista a terapias psicológicas, que las relaciones se hagan bajo
supervisión del terapeuta, se suspendan o incluso, se puedan ordenar el cambio
en el acuerdo de custodia, según amerite el caso.
Por su parte, la Dra. Julimar Sáez Colón, psicóloga
clínica con experiencia en el tema, recomendó medidas tales como ordenar por
parte del tribunal que los padres reciban “módulos psicoeducativos de crianza”,
que pueden ser ofrecidos en línea, en los casos en que exista este tipo de comportamiento
por parte de alguno de los padres. De
modo que se facilite el apoderamiento y la asertividad en los padres y las
madres al momento de tomar decisiones que puedan afectar a sus hijos.
Sáez Colón invitó a que en los casos en los cuales no
se ha logrado un acuerdo entre las partes para la custodia, la evaluación sea
por un trabajador social de Relaciones de Familia y por un psicólogo, “de este
modo, el psicólogo podrá evaluar y desarrollar un informe basado en el perfil y
el funcionamiento de cada parte proveyendo recomendaciones al Tribunal sobre la
adjudicación de la custodia o condiciones a considerar”.
Mientras, que Elizabeth Torres, portavoz de la
agrupación “Grito de un padre desesperado”, presentó el cuadro que sufren miles
de padres alejados de sus hijos por el otro progenitor y lo calificó como
“articuladas agendas de difamación y descrédito para lograr alejar y borrar por
completo a ese otro padre”.
Al apoyar la pieza legislativa del representante Jorge
Navarro Suárez, recomendó que también se “impulse un proyecto educativo dirigido
a los profesionales legales, sociales y médicos para que con información
valiosa, precisa y determinante, puedan estar mejor posicionados para enfrentar
este problema de maltrato infantil y de violencia familiar”.
Al finalizar los trabajos, la Presidenta de la
Comisión, la representante Charbonier Laureano se mostró a favor de enmiendas
tales como los módulos de crianza, así como establecer que los jueces y el
resto del personal que labora en las salas de familia sean adiestrados para
poder reconocer este tipo de patrón de conducta, que según la Organización
Mundial de la Salud es un asunto que puede tipificarse como maltrato a menores.
En su alocución mostró su preocupación por los menores
y jóvenes que son sometidos a este patrón de conducta por la diferencia entre
la pareja al momento del divorcio, que deben ser tratados sin involucrar a sus
hijos.
“Cuando
estas cosas pasan no nos damos cuenta que lo que estamos creando es unos
estados de ansiedad, frustración, desasosiego, inseguridad en niños de temprana
edad que después van a ser manifestados en conductas de violencia doméstica, de
criminalidad, de deserción escolar en el futuro. Así que lo mejor es que los
niños puedan tener la mejor relación posible con ambos padres una vez se da el
divorcio y ese es mi objetivo: que se minimicen estos casos”, concluyó la
Representante.