Urge regulación en la industria de ascensores y escaleras eléctricas

El Capitolio-  Ante el panorama que explicó en vista pública la Ingeniera Alba Loyda Cruz Moya, inspectora de ascensores, de que si se fuera a emitir los certificados de uso de ascensores a través de la Isla, según los parámetros establecidos por Reglamento 18, el 90 por ciento tendrían que ser apagados; el representante Víctor Parés Otero enfatizó sobre  la necesidad de que se le otorgue fuerza de ley a la fiscalización de esta industria para que cumplan a cabalidad con los estándares de seguridad.

“Si dejamos dentro del Reglamento 18, (basado en el Safety Code for Elevators and Escalators) la cláusula de cualesquiera deficiencias, para no emitir un certificado y que deje de funcionar un ascensor, el 90 por ciento de estos equipos habría que apagarlos”, reveló Cruz Moya.

En esta vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Parés Otero, que investiga bajo la Resolución de la Cámara 1247 el estado actual de la manufactura, instalación, alteración, reparación y mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas en la Isla, este dijo “requeriremos que hayan responsabilidades y que hayan consecuencias ya que es una industria que está sin regular y en el caso de las personas que ya están en el mercado, se les podría ofrecer un grandfather clause para que se puedan cumplir con los nuevos requerimientos”.

La deponente añadió que “deberíamos clasificar la gravedad de la deficiencia; deficiencias graves y de seguridad, no se le puede otorgar el certificado de inspección”, pero si son deficiencias que no ponen en peligro al usuario podría emitirse el documento con la condición de que se corrija la deficiencia.

Por su parte, José Guillermo Deyá Meléndez, gerente de operaciones de Deya Elevator Service, aseguró que a pesar de que existe el Reglamento 18 para fiscalizar, no se cumple por parte de los dueños de los edificios en los que están instalados estos equipos. Sin embargo, destacó que tanto la compañía como el inspector son figuras someramente reguladas.

“Es necesaria la fuerza de ley para regular esto, de modo que los dueños de edificios entiendan que los ascensores deben estar inscritos, estar inspeccionados, tiene que tener una compañía certificada cuyo mecánico esté educado en la materia y establecer las penalidades y el mecanismo para auditar esto. Porque si no hay un mecanismo para auditar, se queda en papel; ahora tenemos un Reglamento 18 que no se sigue al pie de la letra”, puntualizó Deyá Meléndez.

Además, indicó que no solo debe estar presente el asunto de la educación continua, el establecimiento de consecuencias legales si se opera un equipo defectuoso, el requerimiento de seguros de responsabilidad pública sino un protocolo uniforme para las inspecciones, como piezas claves para asegurar la vida de quienes utilizan estos equipos.

Asimismo, expresó que no hay estadísticas disponibles sobre los accidentes ocurridos por el uso de elevadores y escaleras eléctricas, mientras contó que del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos lo refirieron a la Corporación del Seguro del Estado.

El representante Dennis Márquez Lebrón insistió en que deben establecer criterios nuevos dadas las deficiencias del reglamento mientras brindó una afirmación categórica respecto a la importancia que tienen las estadísticas en la Isla.

Para finalizar, el presidente de esta Comisión, representante Parés Otero, informó que realizará una Vista Ocular en un lugar que estará próximo a anunciarse. Esto, con el propósito de verificar los estándares de seguridad.