El Capitolio – La presidenta de la Comisión Especial para la
Evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada,
la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, propuso hoy durante
vista pública que se recoja dentro de un proyecto de ley, toda la legislación
que en la actualidad atiende a la población de adultos mayores en Puerto Rico, para
lograr una política pública que tome en cuenta las aportaciones que este sector
puede brindar a la sociedad.
Esta proposición se dio durante la discusión de la
Resolución de la Cámara 1397, que comisiona una investigación sobre el alegado
esquema de venta de ancianos en Puerto Rico y sobre el funcionamiento de los
Hogares Sustitutos, Instituciones de Cuidado Prolongado, Centros de Cuido
Diurno y Centros de Actividades Múltiples para esta población.
“Hemos descubierto a través de las vistas que hemos
realizado, que hay un sinfín de leyes diversas, dirigidas a la población de la
tercera edad, no es más fácil que tengamos una nueva ley que recoja todas esas
leyes que están sueltas, y que se haga un marco legal uniforme para que no caiga
en letra muerta”, cuestionó la representante al director del American
Association of Retired Persons (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón
Rodríguez.
El funcionario se mostró receptivo a participar de
esta propuesta, siempre y cuando “sea con la visión correcta que debemos de
tener sobre el envejecimiento, en la que se tome en cuenta el hecho de que esta
población que ha crecido aceleradamente, en la actualidad aporta de forma
activa al quehacer de la sociedad”.
Este mencionó que contrario a lo que pudiera ser la
visión de las agencias “la gente mayor sigue productiva, puede seguir aportando
al país y ese paradigma de paternalismo y de que todos los adultos mayores son
vulnerables, tenemos que acabar con eso”.
Acarón Rodríguez ofreció estadísticas indicando que el
el 65 por ciento de la población, de más de 50 años, apoya a un hijo o a un
nieto, mientras que el 36 por ciento respalda a sus padres y el 25 por ciento aporta
a las necesidades de ambos grupos. En
otro estudio, realizado por Oxford Economics y AARP Puerto Rico, apunta que el
43 por ciento del Producto Interno Bruto es aportado por este sector. Por tal razón, aconsejó que cualquier cambio
en la política pública vaya dirigido a que estas personas mantengan una vida
independiente y así continúen siendo productivos.
A preguntas de los legisladores, Acarón Rodríguez, calificó
como “espantosas y alarmantes” las alegadas ventas de ancianos, a la vez que
opinó que esta situación pudiera tratarse más de un posible esquema de
corrupción institucional público y privado así como de una muestra más del
prevaleciente maltrato que sufre esta población en la Isla.
“Recomendamos que esta instancia se traiga a la atención
del task force federal a cargo de la
prevención de abusos contra esta población, ya que entendemos podría asumir
jurisdicción sobre el particular”, indicó el deponente.
Por su parte, Tamara Pérez, presidenta de la
Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, apoyó la propuesta de la
representante Rodríguez Hernández al señalar que “uno de los mayores retos de
la industria de cuidado prolongado en la Isla recae en lo anticuado de los
estatutos reguladores, ya que el mismo data del año 1977. Por lo tanto, el
modelo de cuidado asistencial contemplado en el mismo y los requerimientos
contenidos no están a la altura de la modernización y evolución de la
industria”.
Pérez sugirió enmiendas a las leyes para que los
reglamentos reguladores no estén supeditados al juicio personal y subjetivo de
un inspector por lo que su aplicabilidad no resulta uniforme en las diversas
regiones de la Isla.
Mientras, Juanita Aponte Morales, presidenta de la
Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, opinó que es
necesario investigar a fondo los procedimientos que utiliza el Departamento de
la Familia. Esto para decidir el traslado o la permanencia de adultos mayores
bajo la custodia del Departamento de la Familia en un centro de cuido y así procurar
que ninguna de estas personas sea maltratada física o mentalmente.