Comisión propone nueva ley para atender a los ancianos

El Capitolio – La presidenta de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada, la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, propuso hoy durante vista pública que se recoja dentro de un proyecto de ley, toda la legislación que en la actualidad atiende a la población de adultos mayores en Puerto Rico, para lograr una política pública que tome en cuenta las aportaciones que este sector puede brindar a la sociedad.

Esta proposición se dio durante la discusión de la Resolución de la Cámara 1397, que comisiona una investigación sobre el alegado esquema de venta de ancianos en Puerto Rico y sobre el funcionamiento de los Hogares Sustitutos, Instituciones de Cuidado Prolongado, Centros de Cuido Diurno y Centros de Actividades Múltiples para esta población.

“Hemos descubierto a través de las vistas que hemos realizado, que hay un sinfín de leyes diversas, dirigidas a la población de la tercera edad, no es más fácil que tengamos una nueva ley que recoja todas esas leyes que están sueltas, y que se haga un marco legal uniforme para que no caiga en letra muerta”, cuestionó la representante al director del American Association of Retired Persons (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón Rodríguez.

El funcionario se mostró receptivo a participar de esta propuesta, siempre y cuando “sea con la visión correcta que debemos de tener sobre el envejecimiento, en la que se tome en cuenta el hecho de que esta población que ha crecido aceleradamente, en la actualidad aporta de forma activa al quehacer de la sociedad”.

Este mencionó que contrario a lo que pudiera ser la visión de las agencias “la gente mayor sigue productiva, puede seguir aportando al país y ese paradigma de paternalismo y de que todos los adultos mayores son vulnerables, tenemos que acabar con eso”.

Acarón Rodríguez ofreció estadísticas indicando que el el 65 por ciento de la población, de más de 50 años, apoya a un hijo o a un nieto, mientras que el 36 por ciento respalda a sus padres y el 25 por ciento aporta a las necesidades de ambos grupos.  En otro estudio, realizado por Oxford Economics y AARP Puerto Rico, apunta que el 43 por ciento del Producto Interno Bruto es aportado por este sector.  Por tal razón, aconsejó que cualquier cambio en la política pública vaya dirigido a que estas personas mantengan una vida independiente y así continúen siendo productivos.

A preguntas de los legisladores, Acarón Rodríguez, calificó como “espantosas y alarmantes” las alegadas ventas de ancianos, a la vez que opinó que esta situación pudiera tratarse más de un posible esquema de corrupción institucional público y privado así como de una muestra más del prevaleciente maltrato que sufre esta población en la Isla.

 “Recomendamos que esta instancia se traiga a la atención del task force federal a cargo de la prevención de abusos contra esta población, ya que entendemos podría asumir jurisdicción sobre el particular”, indicó el deponente.

Por su parte, Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, apoyó la propuesta de la representante Rodríguez Hernández al señalar que “uno de los mayores retos de la industria de cuidado prolongado en la Isla recae en lo anticuado de los estatutos reguladores, ya que el mismo data del año 1977. Por lo tanto, el modelo de cuidado asistencial contemplado en el mismo y los requerimientos contenidos no están a la altura de la modernización y evolución de la industria”.

Pérez sugirió enmiendas a las leyes para que los reglamentos reguladores no estén supeditados al juicio personal y subjetivo de un inspector por lo que su aplicabilidad no resulta uniforme en las diversas regiones de la Isla.

Mientras, Juanita Aponte Morales, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, opinó que es necesario investigar a fondo los procedimientos que utiliza el Departamento de la Familia. Esto para decidir el traslado o la permanencia de adultos mayores bajo la custodia del Departamento de la Familia en un centro de cuido y así procurar que ninguna de estas personas sea maltratada física o mentalmente.