El Capitolio – Las Comisiones de Turismo y Bienestar Social y de
Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica
de Puerto Rico, PROMESA, que presiden los representantes Néstor Alonso Vega y
Antonio “Tony” Soto Torres, respectivamente, prosiguieron hoy con el análisis
del Proyecto de la Cámara 2038 que busca establecer la política pública sobre
las apuestas en eventos deportivos.
A los trabajos del día compareció Karen Mojica, en
representación de la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas
en inglés), quien al favorecer la medida opinó que “hay suficientes seguidores
como para que el aspecto de apostar por internet sea un asunto al que darle
atención”, por lo cual será incluido en el inventario de actividades a promover
de ser aprobada la medida.
Sostuvo que al contar con predios tales como el Centro
de Convenciones que “es el espacio de convenciones más avanzado y tecnológico
del Caribe y con excelentes espacios para reuniones en diversos hoteles y
propiedades, Puerto Rico está bien posicionado para competir para ser anfitrión
de este tipo de evento de atención internacional”.
Durante su turno, el representante Soto Torres, luego
de calificar como “desafortunada” la comunicación enviada por esta dependencia,
al ser citados a comparecer ante ambas comisiones el pasado 6 de mayo, le
aclaró a la deponente que el DMO si tiene una responsabilidad de involucrarse
en temas legislativos y en todas las posibles iniciativas que puedan ayudar a
promover a Puerto Rico como destino turístico.
Mientras que el presidente de la Liga de Baloncesto
Superior Nacional, Lcdo. Fernando Quiñones Bodega, señaló que “los propósitos
que persigue la legislación son loables, y no nos cabe duda de que cualquier
aportación adicional a las arcas del Departamento de Recreación y Deportes
(DRD) tendrá un efecto positivo en nuestra sociedad”.
No obstante, recomendó que también se atienda la
situación fiscal por la que atraviesa el deporte competitivo, que en los
últimos años se ha visto afectada por la falta de auspicios que en el pasado
recibían de parte del Gobierno y de deportistas individuales que según el
deponente, ven en el deporte un vehículo para invertir en la sociedad.
Por tal motivo, recomendó que aparte de esta medida,
se establezcan incentivos contributivos para las empresas que inviertan en
publicidad en eventos deportivos, mediante requisitos que deben cumplir los
eventos o las ligas, tales como recibir un certificado del DRD, “de esta
manera, se fomenta la inversión de la empresa privada en el deporte, pasando
esa responsabilidad del Gobierno al sector privado”.
Por su parte, Héctor Torres Calderón, en
representación del presidente de Federación de Alcaldes, apoyó esta iniciativa
que calificó como una “medida innovadora y competitiva comparándola con otros
estados y jurisdicciones no sólo en Estados Unidos sino a nivel internacional”.
Añadió que “no podemos ser ilusos, las apuestas
ilegales se llevan a cabo diariamente en nuestros pueblos y este Gobierno
responsablemente ha decidido actuar, no cruzarse de brazos y atajar
directamente lo que está ocurriendo. Tenemos que asegurarnos que legalizamos
las apuestas deportivas para evitar que continúe siendo fuente de ingreso para
el crimen organizado. Hay que asegurar que las apuestas se realicen de una
manera justa y transparente”.
Así también resaltó el interés de que se de esta
iniciativa, debido a la necesidad económica que los municipios tienen para
suplir los servicios a la ciudadanía.
Ante ello, el representante Alonso Vega mostró su
compromiso para colaborar con el bienestar de los municipios y sus ciudadanos.
De otro lado, el doctor Germán Pérez Rodríguez,
presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico, favoreció la medida a la vez
que solicitó una enmienda para que se le asigne a su organización el 10 por
ciento de los fondos que se destinen al DRD.
En su turno de preguntas, el representante Jesús Santa
Rodríguez mostró su apoyo a este proyecto ya que “ante la imposibilidad de que
este o de cualquier otro Gobierno de prohibir esa actividad, entonces hay que
buscar regularla para que el posible daño social pueda controlarse y evitar
cosas tales como el lavado de dinero”, a la vez que llega a las arcas del
Gobierno unos fondos necesarios para los servicios a los ciudadanos.