Comisión de lo Jurídico antiende medida que prohibe las terapias reparativas

El CapitolioLa Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano, inició el análisis del Proyecto de la Cámara 2068, que instituye la “Ley para la prohibición de las terapias reparativas”, en busca de proteger el bienestar físico y psicológico de las personas, en especial de los menores.

 

La medida de Administración, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico que ningún profesional de servicios de salud mental podrá someter a un menor a terapias reparativas, que sean contrarias a la voluntad del paciente o que supongan un atentado contra la dignidad humana.

 

“Se prohíbe que un profesional dedicado a proveer servicios de salud mental brinde terapia reparativa a un paciente o cliente que tenga menos de 18 años”, expresa el Artículo 4 de la legislación. A su vez, la propuesta de ley no aplicará “a las iglesias y sus instituciones, a los miembros del clero y a los consejeros religiosos que en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa estén actuando estrictamente en su capacidad pastoral o religiosa”, ni a los padres como responsables de la seguridad y de la salud de los menores.

 

Juan Torres Gluck, administrador auxiliar de Tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), favoreció la pieza legislativa al plantear que esta “intenta atender, y de manera responsable proteger, la salud integral de los menores de edad y de sus familias quienes ante la desinformación acuden a este tipo de servicios”.

 

Torres Gluck, exhibió a la Comisión el estudio poblacional Consulta Juvenil de la Corporación, referente a los factores de riesgo de jóvenes que se identifican como homosexuales o que han tenido algunas experiencias homosexuales.  Apuntó que los factores “están asociados a las consecuencias psicológicas y sociales producidas al enfrentarse al estigma social, al rechazo, al prejuicio y la falta de tolerancia hacia la diversidad por parte de sus pares escolares, del sistema escolar y social en el que se desenvuelven” y no a la orientación sexual.

 

“Los jóvenes escolares gay/bisexuales presentan mayores factores de riesgo que los jóvenes heterosexuales de sus mismas edades”, dijo Torres Gluck al apuntar que dentro de los factores de riesgo que revelan los datos están los problemas de salud mental, ser víctimas de agresión, sexo sin protección, y el uso de sustancias controladas.

 

La directora de Asuntos Federales de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Corally Veguilla Torres, expresó, “la ley propuesta pretende proteger el bienestar físico y psicológico de los menores de edad, y evitar aquellas terapias ofrecidas por profesionales de la salud que puedan comprometer la salud emocional de estos”.

 

Con relación a las terapias de reparativas en Puerto Rico, Veguilla Torres junto a la subsecretaria del Departamento de la Familia (DF), Evelyn Velázquez, mencionaron que a su Agencia no ha llegado ningún caso.

 

En representación del Departamento de Justicia (DJ) acudió la licenciada Mairís Cassagnol Cornier, quien coincidió con el fin de la medida, al entender que “adelanta el interés del Estado de salvaguardar el mejor bienestar y salud de los menores; no identificamos problema constitucional ni de otra índole en la medida. Se trata de un asunto de alto interés público”. Con relación a los asuntos de salud y sus respectivos tratamientos, la Licenciada confirió deferencia a las entidades gubernamentales con la pericia en ese tema.

 

Por parte del sector profesional de servicios de salud mental acudió la doctora Silma Quiñones Roldán, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), quien disintió del Proyecto de la Cámara 2068, según redactado, por hacer una distinción al sector religioso. “Esta ley crea un mensaje contradictorio, ya que por un lado se busca proteger a nuestros menores y, por otro lado, esta protección es solo a medias, es solo aplicable a algunos individuos, a pesar de que las leyes son de todos y para todos”, destacó

 

De igual manera, la Presidenta de APPR sostuvo que el Proyecto de Administración “rompe con casi todos los principios de ética” que menciona el Reglamento General de la Junta Examinadora de Psicólogos de 1992 vigente, ya que el Código de Ética del 2015 fue anulado por el tribunal.

 

Mientras, la sicóloga María de los Ángeles González Morales, en su turno, respaldó el Proyecto de la Cámara 2068 por entender que “atiende de manera aceptable los intereses de todas las partes”.

 

Como parte de sus recomendaciones, sugirió a que se haga referencia en todo momento a la identidad sexual y no a la identidad de género. “El término género es uno muy ambiguo y cambiante, sujeto a una diversidad de definiciones e interpretaciones”. Y el detallar el articulado sobre la patria potestad.