Prioridad a la conservación de murales en las escuelas públicas cerradas y alquiladas

El Capitolio – El representante y presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, de la Cámara, Guillermo Miranda Rivera, expresó hoy su preocupación para que se garantice la custodia, permanencia y protección de las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que se encuentran en las escuelas públicas que han sido cerradas y/o alquiladas.

A esos efectos, efectuó la primera vista pública en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 311 que sometió junto al representante Denis Márquez Lebrón, con el propósito de preservarlas y, que además, podrá incluir las realizadas en edificios públicos.

El representante Miranda Rivera señaló que la medida establece que el Departamento de Educación (DE) en conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) debe proteger y conservar las mencionadas obras que forman parte de la cultura, y que en los casos específicos de venta, cesión y alquiler debe remover las obras y entregarlas al ICP para su protección y conservación. Además, la pieza dicta qude no poder ser removidas, el DE procure la protección y conservación de estas, y que deben realizar un inventario urgente de todas las obras.

 “La intención es incluir que dentro de los contratos de alquiler haya una clausula específica a cualquier expresión artística u obra de arte para que haya un propósito de conservación y mantenimiento de la misma dentro de los contratos. La institución que se queda a cargo del edificio será responsable de ello. Pero, es importante que se sepa que el conservar el arte no es solo responsabilidad del Gobierno. Es un trabajo del ciudadano también”, dijo Miranda Rivera.

Igualmente, explicó que previo a la Ley PROMESA las escuelas eran propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes emitían los contratos de alquiler, y que las incorporadas después a la lista de cierre ahora corresponden a la Junta de Infraestructura en La Fortaleza. “La Junta es responsable de evaluar las propuestas del uso de las estructuras que continúan siendo propiedad del Gobierno”, dijo.

El licenciado Kevin Coto, asesor del DE, respaldó la medida al reconocer la importancia de conservar y proteger las obras. “No existe un inventario de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que son parte de las escuelas públicas. Actualmente el DE no tiene un registro de las obras de arte en las escuelas. Tengo entendido que el Instituto de Cultura realizaba un registro hasta el 1980. No está actualizado. El Departamento se encuentra en la disposición de colaborar con el ICP para realizar el inventario”, dijo.

Por otro lado, la licenciada Miriam Stefan, ayudante especial del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), indicó que tampoco tienen inventario al respecto. “Por eso estamos pidiendo que se nos considere dar copia de los inventarios que tengan, trabajamos en la Oficina Asesora de Administración de Propiedades del DTOP, y nos encargamos de los contratos, por lo que se podrían incorporar una cláusula de protección. Me parece excelente que si la obra es removible pase a la custodia del ICP”, señaló la funcionaria.

Tanto el representante Mirada Rivera como Márquez Lebrón expresaron su insatisfacción con las respuestas de los funcionarios del DE y el DTOP.

“Que nadie haya hecho nada para ir a una escuela y levantar un inventario a las escuelas para cotejarlas es alarmante, indignante e incuestionable. Es un tema que llevo dos años trabajando por las preocupaciones de obras destruidas en escuelas y otros lugares públicos. Yo que lo he podido hacer (algo) en protección de las mismas con dos miembros de mi personal y que el Gobierno no lo haya hecho… pero la medida no está escrita en piedra”, dijo Márquez Lebrón. El Legislador había denunciado que la obra del pintor José Antonio Torres Martinó, perpetuada en un mural de la Escuela Julia de Burgos en Carolina y recientemente alquilada por un dólar a la Fountain Christian Bilingual School, fue borrada.

De su parte, el representante Miranda Rivera aseguró que “ya tenemos la información necesaria mediante las distintas ponencias como las del DE, el ICP, el DTOP y el Departamento de Justicia. Realizaremos otra inspección ocular que realizaremos mañana en el Fountain Christian Bilingual School en Carolina para ver el mural y observar cómo está siendo restaurada bajo las especificaciones correspondientes. La obra del artista Antonio Torres Martinó que data de los ’70 podría costar de $30,000 a $40,000 y la Autoridad de Edificios Públicos comenzó a pintar sobre el”. 

El Departamento de Justicia y el ICP no asistieron a la audiencia pública, no obstante, enviarán su ponencia más tarde a la Comisión