Surgen nuevos endosos para la colegiación voluntaria

El Capitolio –  El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, reanudó los trabajos en vista pública para continuar el análisis de los Proyectos de la Cámara 1789 y 1790, a los fines de eliminar la colegiación voluntaria de los ingenieros, arquitectos, agrimensores y arquitectos paisajistas; y de la profesión de trabajo social en la Isla.

El ingeniero Manuel Rolón Marrero, ex miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, expuso que el pertenecer a un gremio profesional de manera obligatoria le parece “injusto, oneroso y redundante en el ejercicio de la profesión”. Añadió que los colegios deben ser entidades con fines educativos y defensores de sus miembros, “el justificar que sean compulsorios para ocupar espacios que le competen al Estado, en nada protegen la profesión y el interés público”.

Mientras, Luis M. Leal Orantes, también ingeniero, expresó que el obligar a un ingeniero licenciado en Puerto Rico a colegiarse interfiere con el comercio y no produce efecto alguno en proteger el bienestar, la salud, ni la seguridad de los puertorriqueños. “Solo protege los intereses de los que se lucran de los fondos ‘impuestos’ que les da el Gobierno de Puerto Rico”, argumentó.

Leal Orantes, señaló que en Puerto Rico se obliga a los ingenieros licenciados a pertenecer a un Colegio que les cuesta $200 anuales y en muchos casos, no reciben ningún beneficio a cambio. Indicó además que, “el Colegio asume responsabilidades de tener un tribunal disciplinario para regular a los ingenieros, mientras en todos los estados de Estados Unidos esta función la asumen las Juntas Examinadoras”.

Mientras, el agrónomo y ex presidente del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico (CAPR), Franklin Román Rodríguez, mostró sus reservas ante la aprobación de la medida que deroga la colegiación compulsoria. Defendió al CAPR al plantear que se desarrolló un equipo de trabajo en conjunto con la Junta Examinadora de Candidatos al Ejercicio de la Agronomía y de Agrónomos (JECCEA), lo cual redundó en ahorros y eficiencia en ambos entes. La JCCEA, según se indicó, está encargada de todas las funciones administrativas y de logísticas de la ley, no obstante, no cuenta con el recurso humano y presupuestario para hacerse cargo de la totalidad de las funciones del CAPR.

Por otra parte, Joel Brens Aquino, trabajador social, endosó la pieza legislativa y al mismo tiempo manifestó que, “la colegiación voluntaria no va a ser obstáculo alguno para que el Colegio de Trabajadores Sociales (CPTSPR) continúe realizando su labor y mucho menos para que deje de existir”. Asimismo, indicó que el CPTSPR erró en su ponencia, dado a que “en ninguna parte de la Ley el estado expresó tener un interés apremiante para limitar la libertad de asociación”, y que de no convertirse en ley el Proyecto de la Cámara 1790, los trabajadores sociales tendrían que acudir a los tribunales contantemente para resolver esta controversia.