Inician evaluación de enmiendas al proceso para determinar causa para arresto

El Capitolio – La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y el Colegio de Abogados y Abogadas favorecieron tres proyectos de ley que buscan enmendar la Regla 6 de Procedimiento Criminal, para que la fiscalía no pueda presentar cargos contra una persona mediante denuncia o declaración jurada sin la presentación del denunciante o testigos bajo juramento.

 

El respaldo se dio en el inicio de vistas públicas sobre los Proyectos de la Cámara 1902, 1904 y 1930, que le ofrece además al imputado la oportunidad de pedir con antelación una copia de la declaración jurada que se utilizará para acusarlo, de modo que pueda ejercer su derecho constitucional a defenderse y carearse con sus acusadores, de parte de la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier.

 

La licenciada Yajaira Colón Rodríguez, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), favoreció el Proyecto de la Cámara 1904, del representante Denis Márquez Lebrón ya que bajo el estado de derecho vigente “la vista de determinación de causa para arresto es una pro forma donde el imputado y su representante legal están desventaja frente al Ministerio Público”.

 

Sobre los proyectos de la Cámara 1902 de los representantes Luis Vega Ramos y José Enrique Meléndez Ortiz y el 1930 del representante Jorge Navarro Suárez, respectivamente, que otorga a los imputados el derecho a obtener una copia de la declaración jurada, expresó que representan “un escenario más favorable al texto vigente”. 

 

Recomendó, además, que se enmiende el lenguaje de la Regla 6, para la realización de esfuerzos extraordinarios por parte del Ministerio Fiscal y las autoridades para que el imputado se presente ante el juez, de modo que no se determine causa para arresto en ausencia.

 

Así también sugirió cambios para que se elimine la potestad que tiene el juez de instruir a la fiscalía sobre la posible existencia de causa para radicar nuevos cargos, al levantar un acta que se envía a un juez distinto.

 

Charbonier Laureano fue enfática al señalar que “este desvarío de la justicia, yo quiero que usted sepa, que lo vamos a corregir; yo nunca en la práctica de mi profesión entendí esto, es algo que ningún abogado lo puede entender en Puerto Rico. Esta preocupación no había avanzado legislativamente debido a las complicaciones en la Legislatura y tristemente tiene que venir un caso de alto perfil para que nos demos cuenta que de verdad había una situación injusta y hacerlo público porque el pueblo no sabía esto, sino se pone en el ojo público, se hubiese quedado así”.

 

Por su parte, la licenciada Wanda Valentín Custodio, presidenta de la Comisión Penal del Colegio de Abogados y Abogadas, favoreció estos proyectos al entender que el procedimiento es “un atropello que ha ocurrido por años”, el cual ha llevado a la justicia a adoptar lo que calificó como un populismo penal en el que para atender el problema de seguridad se aumente el número de delitos y la severidad de las penas.

 

También, presentó una enmienda al P. de la C. 1904, para que, en este proceso, el testigo que se presente a declarar bajo juramento, tenga conocimiento personal de los hechos para ser utilizado en la vista.

 

Durante los trabajos, el representante Vega Ramos puntualizó que la aprobación de alguna de estas enmiendas es necesaria ya que “no hacer eso me parece a mí que viola el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de poder confrontar efectivamente la prueba en su contra en todas las etapas de un proceso criminal”.

 

Seguidamente, el representante Márquez Lebrón opinó que para atender el problema de seguridad que enfrenta la isla, no puede solucionarse con el aumento en las penas y los procesos adversativos en los que no se garantiza los derechos de los ciudadanos, ya que la raíz de la criminalidad es una más profunda que requiere de estrategias que vayan más allá de la aplicación de penas mayores.