Sindicatos dan su apoyo a la nueva Ley de Armas 2019

El Capitolio –  El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, enfatizó la necesidad de dejar claramente establecido que el Proyecto del Senado 1050 sobre la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2019”, que se discute ante Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, “bajo ninguna circunstancia liberaliza o flexibiliza la tenencia de armas en Puerto Rico y, por el contrario, le hace justicia a los ciudadanos, sirviéndoles como herramienta para defenderse”.

Torres Meléndez añadió que, “el delincuente está impune a tal grado, que no le importa sus acciones, no usan capuchas y hasta su rostro muestran con libertad… Peor aún, están mejor armados”. Alegó que en estados como Texas, New Hampshire, Arizona y Montana han demostrado que el permitir que todos los ciudadanos puedan tener armas de fuego para su defensa de una forma más simple y menos onerosa, logró que la incidencia criminal sea mínima.

Por su parte, el presidente de la Federación de Tiro de Puerto Rico, Manuel Guzmán, recomendó que se eliminen las tres declaraciones juradas que exige la ley actual, que los permisos de portación de armas sean regulados por la Policía de Puerto Rico, que se reduzca el costo para la obtención de la aportación de armas y que no se alteren los requisitos para obtener un permiso de Tiro al Blanco.

“Es nuestra recomendación que se mantenga bajo la ley de armas que todo ciudadano que desee tener permiso de Tiro al Blanco deba permanecer a un Club de Tiro debidamente certificado y que se mantenga la aportación mensual de .42 centavo por cada poseedor de permiso de Tiro al Blanco para las Federaciones, con el fin de que estas sigan fomentando el deporte de Tiro al Blanco”, expresó Guzmán al afirmar que las Federaciones deben tener el papel principal de capacitar a los instructores.

De otra parte, José Marín Martínez, director ejecutivo del Sindicato de Policías Puertorriqueños declaró que, “la actual ley de arma, es arcaica, violatoria, y en detrimento a la economía local y turística y no resuelve en nada la situación criminal de la Isla. Este proyecto es de avanzada y en el camino correcto. Por cuanto, en términos generales cumple con nuestra posición en relación con el uso y manejo de las armas de fuego en PR”.

Asimismo, la licenciada Yhaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, puntualizó que “la Ley de Armas de PR constituye una de las leyes más punitiva desde una perspectiva de derecho penal internacional”. Igualmente, destacó que el perfil de la Población confinada refleja que a partir del año 2000 la población correccional aumento drásticamente y que desde el 2010-2015 alcanzó la cifra más elevada. Nos reiteramos que el derecho a poseer y portar arma es un derecho fundamental bajo la Constitución Federal”.

Mientras que el Presidente de Legítima Defensa de Puerto Rico, el licenciado Osvaldo Sandoval Báez, sostuvo que la realidad jurídica existente es que la mayoría de los estados de los Estados Unidos no tienen una ley que requiera licencia para tener armas. Agregó, que   tampoco tienen una ley que requiera que se inscriban.

A su vez, el licenciado Oscar Acarón Montalvo, quien participó en la redacción de la Ley de Armas de 2000, sostuvo que “el genuino motivo de por qué debemos estar aquí, lo debe ser para atemperar nuestra legislación atinente al estado actual de derecho prevaleciente”.

Entretanto, José Cruz Kercadó, presidente de Phoenix Military, trajo a la atención de la Comisión que la ley de armas vigente en Puerto Rico es una de las más restrictivas a nivel de la nación y no ha surtido el efecto de controlar el crimen y que es hora de cambiar la “prehistórica ley (404)”.  De otra parte, solicitó “que se añada una enmienda para que se elimine cualquier costo adicional que tenga que ver con la afiliación obligatoria al ciudadano”.

Por último, la vicepresidenta de Damas de la Segunda Enmienda, Sandra Rincón Barreras, dijo que la pieza legislativa no atempera al tiempo actual con decisiones de tribunales y leyes federales, por lo que, a su juicio, “abre puertas sin tipificar delitos o reglamentos a lo que son peligrosas para el ciudadano bueno de ley ante abogados o policía con iniciativas”.