Medidas persiguen incentivar a los agricultores del patio

El Capitolio –  La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales que preside el representante Joel Franqui Atiles inició vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 1577, que enmienda la “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico” para que se reconozca a la persona natural o jurídica que practica la agroecología como agricultor “bona fide”. 
 
La medida, de la autoría del portavoz de la mayoría parlamentaria, Gabriel Rodríguez Aguiló, destaca que los drásticos cambios económicos que ha sufrido la Isla, así como los cambios en la tecnología, han provocado el surgimiento de nuevas industrias agrícolas.  
 
“Estas nuevas industrias, a nuestro juicio están comprendidas dentro de los propósitos de la antes citada Ley.  Sin embargo, estas nuevas modalidades no se encuentran definidas en la referida Ley por lo que no tienen acceso a los beneficios que disfruta el resto de la industria agrícola local”, sostiene en la pieza Rodríguez Aguiló.
 
Mientras que Franqui Atiles validó que la agroecología utiliza sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción.  “Según ha sido definida por quienes la practican, la agroecología es el proyecto agrícola desarrollado procurando la conservación de la biodiversidad y la ecología. Esta modalidad cada día ha cobrado mayor popularidad en Puerto Rico hasta el punto que contamos con más de 21 proyectos agroecológicos a través de toda la Isla”, sostuvo.  
 
El agrónomo Irving Rodríguez Torres en representación del Departamento de Agricultura (DA) señaló que es el Secretario de Agricultura quien certifica como “bona fide” a aquellos agricultores que generan 50% o más de su ingreso a raíz de alguna de las actividades agrícolas establecidas en la Ley y cumpla con las demás disposiciones.
 
Amplió que, “es imperativo para el desarrollo económico de Puerto Rico que creemos una plataforma dinámica de estímulo económico que sea cónsona con la realidad fiscal y económica de Puerto Rico. Según se expuso en el Plan para Puerto Rico, el uso de incentivos tiene que rendir un beneficio no solo para la entidad incentivada, sino para todo Puerto Rico en general”, dijo.
 
De igual manera, la Comisión atendió el Proyecto de la Cámara 489, para establecer la obligatoriedad de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias de impulsar el desarrollo tecnológico en las zonas rurales de Puerto Rico de esta industria.  
 
La medida, sometida por el representante Rafael “June” Rivera Ortega, es parte del "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", mediante el cual se crea una denominada "Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias", adscrita al Departamento como uno de sus componentes programáticos y operacionales, que tendrá como política pública el fortalecimiento y apoyo al rol del agricultor como figura importante y fuerza motora en el desarrollo de los servicios agrícolas locales.
   
Según expresó el representante Franqui Atiles, “el desarrollo socioeconómico en el área rural puede contribuir a consolidar y lograr una mayor equidad en la distribución de los servicios del gobierno. Para ello, es vital modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo regional para aumentar la competitividad rural”. 
 
Asimismo, el agrónomo Rodríguez Torres opinó que esta industria debe ser vista como un sector amplio, enfocado en el logro de la competitividad. “Debemos apoyar la parte de la actividad agrícola que incide en los procesos de transformación y comercialización  de los productos hasta llegar finalmente al consumidor’, finalizó