Cámara aprueba proyecto tripartita que aclara términos libertad bajo palabra de menores

El Capitolio –  El Proyecto de la Cámara 1479, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico con el fin de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra en los casos de menores procesados como adultos, fue aprobado hoy de forma unánime en la Cámara de Representantes. 
 
La pieza tripartita de la autoría de los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, María Milagros Charbonier Laureano, Luis Vega Ramos y Denis Márquez Lebrón, también atempera la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra con el Código Penal de Puerto Rico y dispone sobre la retroactividad de la aplicación de esta Ley, con el propósito de brindar garantías en la protección de menores que son juzgados como adultos y fomentar el proceso de rehabilitación en el mejor interés de estos.
 
Según expresó Márquez Lebrón al presentar la medida, “la única manera que no se viola la disposición constitucional que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados a los ciudadanos, cuando se procesa un menor como adulto, es garantizándole un proceso de rehabilitación, que incluya la posibilidad de libertad bajo palabra. A esos menores procesados como adultos se le dio una nueva oportunidad y con este Proyecto se reinsertan a la sociedad para contribuir a la misma”.
 
Mientras que el representante Meléndez Ortiz, planteó que sentenciar de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra a un menor es un castigo cruel e inusitado. “La capacidad de los menores para incurrir en conducta delictiva está disminuida por la realidad biológica y social de que, antes de cumplir la mayoría de edad, ni el cerebro ni la capacidad cognoscitiva de una persona está plenamente desarrollada”, dijo.  Asimismo, el representante Vega Ramos expresó que “esto es cónsono con la constitución y con las normas de humanidad que deben guiar nuestro proceso”.
 
De otra parte, con el fin de evitar los problemas de seguridad, salud y alimentación que sufrió la Isla tras el impacto del huracán María, se concurrió con el P. de la C. 1509, que enmienda el “Código Militar de Puerto Rico”, y establece, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia Médica Estatal”, la cual será la fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias como desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública del territorio. 
 
De acuerdo al representante Meléndez  Ortiz, “fungirá como la milicia autorizada y presta apoyo de seguridad y de servicios de salud a la Guardia Nacional en activaciones ordenadas por el Gobernador o sustituye parcial o totalmente a la Guardia Nacional si la misma fuese activada por orden del Presidente de los Estados Unidos. Sin duda, el cuerpo militar aquí creado le proveerá al Gobernador de Puerto Rico una fuerza médica entrenada y siempre disponible para atender emergencias de seguridad doméstica y hacer labores de manejo de desastre ante situaciones originadas en nuestro límite territorial”, aseguró.
 
A su vez, se dio paso al P. de la C. 320 de la representante Charbonier Laureano,  para declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día del Niño por Nacer”, en aras de promover el derecho a la vida.
 
La Legisladora aclaró que la pieza legislativa en nada tiene que ver con el caso Roe v. Wade referente al derecho a la intimidad de una mujer a decidir continuar o no con su embarazo. “Esto nada tiene que ver con Roe v. Wade, tiene que ver con aquella mujer que quiere educarse, orientarse de lo que puede  pasar con su hijo antes y durante el embarazo y una vez conciba a su bebé”.
 
La representante señaló que muchos países han adoptado oficialmente esta celebración. Mencionó que se han unido a esta iniciativa: Ecuador, Filipinas, Perú, Cuba, Eslovaquia, México, España, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Guatemala y Argentina, siendo éste último el primer país en adoptar oficialmente esta dedicación.
 
De otra parte, el Cuerpo favoreció varias medidas que proponencambios en el Departamento de Educación (DE). Entre ellas,  el P. de la C. 670 para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”, a los fines de requerir que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una copia del plan escolar de operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cualse implementará en cualquier emergencia; P. del S. 514, para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el que toda agencia o dependencia propietaria de fincas, terrenos o remanentes de éstos aledaños a escuelas que cuenten con programas de educación agrícola establezca acuerdos colaborativos con el Departamento para separar un predio a utilizarse como fincas escolares en la enseñanza de dicha materia; R. C. de la C. 330, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a instalar un rótulo de silencio e identificación de la zona escolar de la Escuela José GonzálezRuiz, ubicada en el Barrio Laguna del Municipio de Aguada.
 
Debido a que en los pasados meses se han destacado en los medios noticiosos a nivel nacional varios eventos en los que está envuelto un tirador activo que ha disparado armas de fuego hiriendo y matando personas, se endosó la RC de la C 291, para ordenar al Departamento de Seguridad Pública a que en coordinación con el DE desarrolle protocolos para atender situaciones de un tirador activo en un plantel escolar, establecer los planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre situaciones en las que está envuelto un tirador activo.
 
Igualmente, se dio paso al P. del S. 760, para enmendar la “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación” y ordenarle a la Compañía de Turismo que le provea el registro de hospederías y/o hostelerías al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales y a los municipios en donde se encuentren ubicadas dichas propiedades.
 
Se respaldó además, el P. del S. 954, que crea la “Ley para el Establecimiento de Sistema de Publicidad Electrónica de Multas por Anuncios Engañosos de Puerto Rico” y se publiquen electrónicamente las multas a establecimientos comerciales que hayan sido notificados sobre infracciones a las leyes y reglamentos que prohíben los anuncios engañosos, por el Departamento de Asuntos al Consumidor; el P. del S. 999 que enmienda la “Ley de Alianzas Público Privadas”, y así establecer mediante legislación la política pública existente de que cualquier contratante que tenga un Contrato de Alianza con el Gobierno de Puerto Rico está en la obligación de cumplir con las exigencias de la “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”, siempre que éstas realicen contrataciones de Servicios de Construcción que sean sufragados con fondos públicos, sean estatales o federales; y para otros fines relacionados.
 
Entre un paquete de resoluciones aprobadas figuraron, la R. de la C. 420 para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales investigar la posibilidad de desarrollar los recursos naturales, los sistemas de cavernas y ríos del área Norte de Puerto Rico en miras de crear un atractivo turístico; y la R. de la C. 480 para que dicha Comisión realice un estudio sobre la viabilidad de que se promuevan los cultivos hidropónicos como medio de desarrollo de la agricultura.
 
También, se endosaron la R. de la C. 497 que ordena a la Comisión de Salud realizar una investigación sobre los procesos establecidos en los protocolos de seguridad de los hospitales de Puerto Rico, con miras a auscultar si de ésta puede surgir legislación para mejorar los mismos, y para otros fines relacionados; la R. de la C. 532 para investigar sobre el andamiaje administrativo y operacional de la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico con el fin de identificar alternativas para mejorar su ofrecimiento y rendimiento;  la R. de la C. 572, para investigar el cumplimiento con la “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, en particular lo referente a la contratación de los servicios de las estaciones televisivas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en aquellos casos en que las ramas de gobierno y sus Instrumentalidades determinan pautar anuncios de televisión para divulgar información de interés público de conformidad con los términos de dicha Ley.
 
Además, el R. C. del S. 22, para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluación y presentación de un informe a la Asamblea Legislativa en un término de noventa (90) días, la transacción propuesta mediante la cual se propone que se transfieran libre de costo al Municipio de Maricao los terrenos y la antigua Escuela El 27, ubicados en el Barrio Indiera Alta del Municipio de Maricao.
 
Por último, se favoreció la R. C. del S. 219, que ordena a las Agencias, Instrumentalidades y Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico y a los municipios, enmendar sus reglamentos de funcionamiento interno con el fin de atemperarlos con la Ley 5–2018, la cual declara las telecomunicaciones como un servicio público esencial.
 
La Cámara recesó sus trabajos hasta el miércoles 5 de septiembre a la 1:00 de la tarde.