Aprobada en la Cámara medida para establecer uniformidad en procesos administrativos

El Capitolio –  Con el fin de proveer a la ciudadanía servicios públicos que ayuden a agilizar la resolución de procesos administrativos, la Cámara de Representantes aprobó hoy, el Proyecto de la Cámara 775, que persigue adoptar la “Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, y deroga la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.
 
La medida de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, tiene el propósito de establecer igualdad en los procesos administrativos que se realizan a diario en Puerto Rico, instituyendo procedimientos uniformes de reglamentación, adjudicación y subastas.
 
La pieza, establecerá el nuevo estatuto declarando como ‘política pública’ del Gobierno  alentar la solución informal de las controversias administrativas de manera que resulte innecesaria la solución formal de los asuntos sometidos ante la agencia.
 
Dispone que cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Gobierno u organismo administrativo autorizado por ley, podrá realizar funciones de reglamentar e investigar. 

Al mismo tiempo, se aprobó en concurrencia, el Proyecto de la Cámara 743, que incluye una serie de enmiendas al Código Penal para hacer más rigurosa ciertas disposiciones y penas a actos criminales. La medida de administración, aduce que la pasada administración redujo las penas en ciertos delitos lo que ha resultado en más crímenes de perpetradores que no son fácil de rehabilitar y que siguen reincidiendo. 
 
Del mismo modo, se validó el Proyecto de la Cámara 296, del representante Jorge Navarro Suárez, para disponer que cuando el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por motivo de una emergencia, dicte una orden de congelación y fijación de precios de los artículos de primera necesidad, “esa orden tendrá una duración de diez (10) días, contados desde la fecha de su emisión, salvo cuando el Secretario disponga una duración menor o mayor.  Es necesario que salvaguarde a los consumidores tanto antes como después de la emergencia”.
 
Igualmente,  fue respaldado el Proyecto de la Cámara 261, cuyo fin es establecer la "Ley Uniforme de Contratación de Servicios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros de Puerto Rico", para requerir que en toda obra de construcción que se vaya llevar a cabo por las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas, así como en los municipios, se deberá de contratar en primera instancia los servicios profesionales de los programas de Práctica Intramural Universitaria y/o las divisiones de Educación Continua y Estudios Profesionales de las Escuelas de Arquitectura, y la Graduada de Planificación del recinto de Río Piedras, entre otros.
 
De otras parte, partiendo de la premisa de que el ciclismo se está convirtiendo en la actividad deportiva o recreacional con más accidentes registrados en Puerto Rico y dos muertes relacionadas en lo que va del año en curso, el Cuerpo aprobó el Proyecto de la Cámara 734, para crear la “Ley para la  Protección Social del Ciclista” y facultar a la Administración de Accidentes de Automóviles establecer una póliza especial de seguro dirigida a proteger a los ciclistas, de todo accidente sufrido en las vías públicas de Puerto Rico.
 
Durante el proceso legislativo, fue refrendada la Resolución de la Cámara 122 para investigar la viabilidad de crear una interconexión entre las bases de datos de las diversas agencias del Gobierno de Puerto Rico, evaluar la necesidad de crear una base de datos única que registre propiedades inmuebles y muebles así como servicios de utilidades.  
 
También, fue avalada la Resolución de la Cámara 165, para investigar la viabilidad de instalar un semáforo u otras medidas de seguridad en la Carretera 183, extensión Desvío 203, entrada a la Urbanización San Lorenzo Valley y San Lorenzo Apartments en el Municipio de San Lorenzo, así como la Resolución de la Cámara 175, que ordena realizar un abarcador estudio sobre la remodelación llevada a cabo en la Oficina de Servicios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en los años 2013 al 2016, cita en el Municipio de Hatillo, a los fines de determinar la legalidad de las mejoras hechas a la misma.
 
Mientras, se endosó la Resolución de la Cámara 356, para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía a realizar una investigación sobre las oportunidades y beneficios brindados por la Ley de 1968 de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development), para el desarrollo económico de residentes participantes del programa de vivienda pública en Puerto Rico.
 
Se consideró además, la Resolución de la Cámara 412, para enmendar la Resolución de la Cámara Núm. 1 de 9 de enero 2017, la cual adoptó el “Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico”, para modernizar los procesos administrativos y legislativos pertinentes a las expresiones de felicitación, condolencias, reconocimientos o similares.
 
La Cámara también dio paso al Proyecto del Senado 214, para facultar a los municipios que deseen establecer franquicias comerciales o empresas municipales, que las mismas puedan establecerse en facilidades privadas debidamente arrendadas por el municipio; el Proyecto del Senado 254, con el propósito de establecer la obligación de los municipios de registrar sus empresas, franquicias o corporaciones, incluyendo sus marcas y logos en el Departamento de Estado; y la Resolución Conjunta del Senado 131, que asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, dinero proveniente del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para mejoras y obras permanentes en sobre 35 ayuntamientos; al Departamento de Educación para mejoras en las escuelas; al Departamento de la Vivienda y a la Fundación Sila M. Calderón para servicios comunitarios, entre otros.
 
Finalmente, fue aprobada en reconsideración, el Proyecto del Senado 59, que enmienda el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de realizar una enmienda técnica para aclarar que la contribución especial sobre primas contenida en el referido artículo no es de aplicación a los aseguradores cooperativos.
 
La Cámara recesó sus trabajos hasta el viernes 19 de mayo a las 11:00 de la mañana.