Bajo evaluación medida para frenar actividad delictiva en las prisiones

El Capitolio — Por considerar que es una herramienta útil para impedir la continuidad de la actividad delictiva, varios organismos favorecieron hoy la intención de una propuesta que permite el uso de nueva tecnología que evita las comunicaciones no autorizadas entre las personas ingresadas en instituciones penales o juveniles y el exterior.  

En audiencia de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lasalle Toro, el asesor legal de Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), licenciado Irving Otero,  planteó que el Proyecto de la Cámara 966, es cónsono con los objetivos del titular de la agencia, Erik Rolón Suárez. 

“Cualquier medida que respalde esto es meritoria y mientras más fuerza de ley tenga, mucho mejor”, reconoció el letrado.

De igual modo, destacó la importancia de la tecnología para reforzar la seguridad, máxime, cuando en los últimos años se han incautado más de 28 mil celulares en las instituciones penales. 

La legislación requiere al Secretario de Corrección y Rehabilitación iniciar el proceso para establecer un sistema de acceso controlado, conocido como “Managed Access”, para impedir comunicaciones no autorizadas y permitir comunicaciones celulares legítimas y de emergencia dentro de las instituciones, sus predios y perímetro. 

Dicho sistema se configura como una célula activa de telefonía; dado que el equipo opera a base de conectarse a la señal más cercana y fuerte.  Eso hace que todos los equipos dentro de esa célula se conecten a través de ésta, permitiendo que se detecten y que se controle por ejemplo sólo el uso de equipos debidamente identificados o llamadas a 9-1-1.

Sobre el particular, Otero informó que se encuentran determinando cuál es la mejor  tecnología a ser utilizada para eliminar el uso fraudulento de unidades de comunicación personal para cometer delitos. “Estamos trabajando esta encomienda con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y con el Principal Oficial de Tecnología del Gobierno”, manifestó.

Entretanto, el Departamento de Justicia consignó la necesidad de normas afines dirigidas a atender la proliferación de llamadas y comunicaciones no autorizadas desde las instituciones correccionales. 

La asesora legal del Departamento, licenciada Viviana Catalá, planteó que dicho sistema ha sido implementado en los estados de Mississippi, California, Maryland  y Texas; entre otros.

Mientras, la asesora legal de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, licenciada Alexandra Fernández, consignó su compromiso de hacer el “Managed Access” viable junto al DCR. 

Opinó que aunque la realidad fiscal de la Isla ha cambiado, es necesario contar con dicho sistema, aunque sea en una alianza con compañías de telecomunicaciones que tengan ese  sistema. “Una medida como esta brinda más certeza a quien quiera invertir mediante una Alianza Público Privada, para lograr ese propósito”, agregó. 

De paso, Fernández anunció que la entidad que representa firmó un acuerdo de colaboración con el DCR, para atender dicho asunto, así como el servicio de llamada a los confinados, utilizando tecnología telefónica y de video.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, quien es autor de la medida, destacó la necesidad de implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. 

“Lo importante de proyectos como este,  es que se establezca el protocolo necesario para cuando se implemente la tecnología, se tenga también la planificación adecuada para darle la continuidad que necesita”, afirmó Lasalle Toro. 
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