Necesaria la participación de los ciudadanos de edad avanzada en el desarrollo económico de Puerto Rico

El Capitolio – El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, enfatizó hoy que ante la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, es necesario que los ciudadanos de edad avanzada sean parte fundamental para levantar la economía de la Isla.

Sus expresiones se produjeron durante una vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 49, bajo la cual se realiza una pesquisa detallada en torno a los planes presentes y futuros de los recursos sociales y económicos gubernamentales para atender las necesidades de estos ciudadanos.

El legislador señaló que “debido a la disminución en la población de menos de 30 años, por baja sustancial en los nacimientos y la emigración hacia los Estados Unidos, necesitamos que está población, que aún es productiva y en el pasado aportaron desde diversos campos, se inserten en este esfuerzo de levantar la economía de Puerto Rico, junto a la banca y la industria”.  

Afirmó que esta investigación tiene como objetivo principal preparar a la sociedad puertorriqueña para las necesidades de la población de 50 años o más, que se encuentra en un crecimiento acelerado, tales como vivienda, servicios médicos, transportación, pero sobre todo calidad de vida.

En ese sentido, es necesario ofrecerle a esta población los espacios para utilizar sus diversos talentos, de modo que se sientan realizados, según indicó la procuradora de Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado.

La deponente señaló, que con ello también se contribuye a su estabilidad financiera y a la necesidad que tienen de sentirse útiles.

Para ello, la funcionaria recomendó que para atender los diversos aspectos que inciden en una mejor calidad de vida en el presente y el futuro, es necesario que se abran espacios para escuchar sus sugerencias, así como utilizar los estudios para incorporar los hallazgos a la legislación que se presente durante este cuatrienio.

Por su parte, el licenciado Omar Figueroa Vázquez, asesor legal del Departamento de la Vivienda, sostuvo que la tendencia dentro de esta población va hacia la renta y no hacia la adquisición de hogares, ya que luego que los hijos se independizan, muchos optan por mudarse a apartamentos o unidades más pequeñas que puedan manejar de forma independiente. Por lo que indicó que la necesidad va dirigida a comunidades en las que puedan tener sus servicios a corta distancia de su hogar. 

Mientras, Ángel Olivo, en representación del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, se mostró en sintonía con la petición del Presidente de la Comisión, de que el Colegio, como parte de su responsabilidad profesional, pueda establecer programas que atiendan a esta población. 

Al final, Parés Otero anunció que invitarán a los diversos municipios para consultar con ellos los planes que tienen para atender dicha población. 


Comisión Conjunta evalúa el cobro y retención de impuesto de combustible de aviación


La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, copresidida por el representante Víctor Parés Otero, llevó a cabo hoy una vista en torno al litigio entre la Autoridad de los Puertos y la empresa Aerostar, por los cobros del derecho sobre todo combustible de aviación. 

A la audiencia compareció el asesor legal de la AP, licenciado Julián Bayne, quien expresó que por ser un caso activo, solo podía manifestar la parte procesal del mismo. Bayne explicó que luego de efectuarse la transacción del arredramiento del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, surgió una controversia entre Aerostar y la AP, sobre quién debía cobrar y retener el llamado impuesto por combustible. 

Aerostar sostiene que la AP había cedido ese derecho por virtud del acuerdo de arrendamiento y la agencia alega que ello nunca fue parte del mismo, debido a que la facultad de cobrar el impuesto que deja cerca de $2 millones anuales, emana de la Ley 82, de 1959. La controversia está ante la consideración del Tribunal y a esta fecha no se ha emitido una resolución. 

Ante la importancia que representa para la AP retener esos recursos para sus operaciones y ante la realidad de que el Gobierno propone varias Alianzas Público Privadas para promover  el desarrollo  socioeconómico, Parés Otero consignó la importancia de que se lleve a cabo una reunión con el fin de conocer más a fondo los pormenores del litigio y sus posibles repercusiones.

En la vista también se discutió el “Plan de Servicio al Cliente” que requiere el contrato de alianza con Aerostar.  Bayne explicó que en los pasados días la AP obtuvo copia del mismo. 

Declaró que el plan contiene aspectos relacionados al estructura organizacional, información de entrenamiento a empleados, protocolos de asistencia a pasajeros, servicios y Página Web, entre otros. 

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