Analizan medida que busca establecer uniformidad en procesos administrativos

El Capitolio –  En aras de proveer a la ciudadanía servicios públicos que ayuden a agilizar la resolución de procesos administrativos, la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, inició hoy vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 775, el cual persigue adoptar la “Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, mediante la derogación de la Ley 1710-1988 (“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”), según enmendada.
 
La medida, de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, promulgaría un cuerpo legal con el propósito de establecer uniformidad en los procesos administrativos que se realizan a diario en la Isla, instituyendo procedimientos uniformes de reglamentación, adjudicación, subastas y revisión judicial dentro de la estructura de administración pública del Gobierno.
 
Durante su ponencia, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, quien fue representado por los licenciados Joel Monge Gómez y Samuel Wiscovitch, avaló la pieza legislativa y realizó una serie de recomendaciones que solicitó sean consideradas. Entre estas, que la medida esté integrada por capítulos acorde con el área del proceso administrativo al que se haga referencia, esto para facilitar el proceso de identificación de las normas aplicables a cada tema; que las agencias no puedan aprobar un reglamento una vez transcurra el término de un año desde la fecha de publicación del aviso en un periódico de circulación general, de sobrepasar ese término, deberán iniciar el proceso de reglamentación nuevamente; y que la promulgación de nueva reglamentación debe realizarse luego que transcurra el término para que la ciudadanía someta sus comentarios.
 
Se desprende del proyecto para establecer el nuevo estatuto, que “se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico el alentar la solución informal de las controversias administrativas de manera que resulte innecesaria la solución formal de los asuntos sometidos ante la agencia”, entiéndase cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Gobierno u organismo administrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, acusar o adjudicar.
 
Se añade que “las agencias establecerán las reglas y procedimientos que permitan la solución informal de los asuntos sometidos ante su consideración sin menoscabar los derechos garantizados por esta ley” y que “las disposiciones de esta ley se interpretarán liberalmente, de forma tal que garanticen que los procedimientos administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica, y que aseguren una solución equitativa en los casos bajo la consideración de la agencia”, entre otros mandatos.
La presidenta de la Comisión señaló que “el proceso administrativo se hizo para que personas que no puedan acceder al sistema de justicia, puedan tener un remedio rápido y efectivo en una agencia administrativa sobre situaciones que ocurran, como ocurre con el  Departamento de Asuntos del Consumidor, una agencia que es más utilizada que los mismos tribunales para resolver reclamos”.
 
Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, representada por la licenciada Uldaliz Figueroa, no mostró objeción a que se continúe con el trámite legislativo de la medida en discusión, catalogándolo como “un ejercicio legítimo de la Asamblea Legislativa”. Sugirió en su ponencia que la Comisión “pondere la necesidad y posibilidad de realizar un estudio e investigación sobre cuáles aspectos del procedimiento administrativo deben ser revisados y modificados, esto en consideración de los cambios jurisprudenciales y de índole práctico que ha sufrido nuestro derecho administrativo desde la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 170-1988)”.