Comisión cameral considera enmendar límites de la Zona Marítimo Terrestre

El Capitolio –  Debido al límite administrativo de la Zona Marítima Terrestre (ZMT) local,  considerada una función de vital importancia para Puerto Rico ya que establece la demarcación del dominio público marítimo respecto a las propiedades colindantes, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes que preside el representante Joel Franqui Atiles, inició hoy vistas públicas en torno a una medida que propone enmendar su contenido.
 
El Proyecto de la Cámara 812, de la autoría del presidente del Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, busca atemperar y esclarecer una definición de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) que no menoscabe los derechos de titularidad constitucionalmente protegidos y que permita el disfrute tradicional de recreo de la playa seca por el público.
 
Según se destaca en la medida, surgen varios criterios que inciden sobre la definición histórica de la ZMT, lo que responde a la necesidad de atemperar la interpretación a las exigencias actuales de conservación y preservación.
 
“Al adoptar el Reglamento 4860 (Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), primeramente, sostuvo un criterio dual para establecer los límites de la zona marítimo terrestre. Se distingue entre los criterios para precisar los límites de la ZMT, aquellos lugares de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas y donde los espacios litorales de las mareas no son sensibles”, explica en la medida Méndez Núñez.
 
Samuel Acosta, miembro de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), opinó que el objetivo que persigue la pieza legislativa constituye un acto responsable por parte de la Comisión. Lo que, a su juicio, debe ser atendido con rigurosidad por las implicaciones ambientales que puede tener la misma.
 
De otra parte, Juliana Beina, de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) avaló la medida. No obstante, recomendó que se reconozca expresamente la facultad de la APPR para poder reglamentar y definir aquella ZMT que sea parte de una zona portuaria.
 
De igual modo, Aníbal Peterson, del DRNA, reconoció la validez de la propuesta y agregó que el Departamento se encuentra en el proceso de crear un “Task Force” para, ante la complejidad de este asunto, recopilar información técnica, científica y legal que permita finalmente trazar una definición de ZMT atemperada a la realidad de Puerto Rico y en armonía con la protección y conservación de los recursos costeros.
 
“Reiteramos el compromiso del DRNA de aunar esfuerzos con esta Asamblea Legislativa a los efectos de lograr este importante objetivo”, expresó el titular.
 
Medida propone facultar al Secretario del DRNA investigar el hurto de ganado
 
El agrónomo del Departamento de Agricultura, Jesús Santiago, expresó que el hurto de ganado representa miles de dólares en pérdidas, por tratarse de ganado importado y de genética superior para más rendimiento.
 
“El costo de una novilla lechera importada puede fluctuar entre $3,000 a $5,000 sin los costos de transporte, permisos y veterinarios. En una noche los pillos pueden robar entre 20 a 40 novillos en una finca sin mayor problema. No se puede confiar en las pantallas o marcado en la piel para identificarlas porque los criminales las remueven”, explicó el agrónomo durante la discusión en vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 790, que impulsa una investigación al respecto.
 
Las expresiones fueron vertidas ante la Comisión que evalúa la medida de la autoría del propio representante Joel Franqui Atiles, para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de facultar al Secretario del DRNA reglamentar, investigar y asignar los recursos necesarios para intervenir en los casos de hurto de ganado, según tipificado en la "Ley para la Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico".
 
La pieza igualmente, propone se faculte a los inspectores o agentes del DRNA intervenir en los casos y con las personas que incurran en este hurto e incautar el ganado en posesión de dichas personas, cuya legítima posesión no pueda ser establecida en el momento de la intervención. También, los vehículos en los cuales se transporte el ganado, para los fines de la correspondiente investigación, y que se releve a la Policía de Puerto Rico de esa facultad.
 
Asimismo, Héctor Cordero Toledo, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, endosó la legislación. Además, recomendó que se integre al DRNA al equipo de prevención de robo de ganado y se mantenga la jurisdicción de la Policía de Puerto Rico.
 
Mientras que la Licenciada Perla Rivera, del Departamento de Justicia, mencionó que el hurto de ganado se sanciona como delito grave con pena fija de cinco años y hasta un máximo de 15 años. Las multas de índole penal van de $500 hasta un máximo de $10,000. La abogada no presentó objeción legal sobre la propuesta, sin embargo, también opinó que Justicia entiende no debe eliminarse a la Policía de Puerto Rico, que es uno de los organismos del Estado llamados a intervenir e investigar estos casos.