Hacienda elabora Plan de Fiscalización del Cannabis

El Capitolio – “Nos preocupa que todos los esfuerzos del Departamento de Salud resulten en vano y terminen siendo un gasto de fondos públicos injustificado”. Eso plantea parte de la Exposición de Motivos de la Resolución de la Cámara 65 que investiga la legalidad de los procesos seguidos por dicha agencia en cuanto a la promulgación del Reglamento 8686, conocido como “Reglamento 155 para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal”.

En la continuación de la evaluación de la medida, el secretario interino del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, representado por la Lcda. Valerie Maldonado Rivera y el economista Edwin Ríos Rivera, anunció que su entidad se encuentra desarrollando un plan para monitorear las ventas del cannabis medicinal en la Isla y atender las preocupaciones en cuanto a lavado de dinero, entre otras. Explicó en su ponencia, que “como parte del Plan de Fiscalización del Cannabis, el Departamento presentará propuestas sobre cómo prevenir el lavado de dinero en esta industria, de conformidad con el proyecto de ley presentado por el Gobernador. Además, se orientará tanto a las entidades autorizadas, como a la ciudadanía en general, sobre este Plan”.

Parés Alicea mencionó a la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, que la industria del cannabis medicinal en la Isla comenzó a regularse una vez fue aprobado el Reglamento Núm. 8686 del 28 de diciembre de 2015, el cual fue sustituido por el Reglamento Núm. 8766 del 8 de julio de 2016.

“Según las planillas de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) radicadas por las entidades de esta industria, algunas comenzaron a reportar ventas a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) a partir de marzo de 2016. Al 21 de marzo de 2017, se ha recaudado aproximadamente $57,658.60, por concepto de impuesto sobre ventas y uso”.

El CPA indicó que entidades autorizadas para distribuir el producto no han radicado la planilla de contribución sobre ingresos, debido a que estas ventas comenzaron recientemente.

“La obligación de radicar (las planillas) bajo el ‘Código de Rentas Internas de 2011’, dependerá del periodo contributivo que utilizan para su contabilidad. Como consecuencia, al momento, no se han realizado auditorías a estas entidades”, sostuvo Parés Alicea.

A preguntas de Charbonier Laureano, la Lcda. Maldonado Rivera explicó que el Plan funcionaría, en un inicio, en base a los procedimientos de auditoría (planillas de contribución sobre ingresos, ventas, inspecciones de campo, entre otros) con los que cuenta actualmente el Departamento, en lo que se establece el reglamento. Añadió que el tiempo que tome en comenzar esas auditorías dependerá del proyecto que desarrolla la entidad, el cual podría presentarse en abril, y trabajarían en conjunto con inspectores de Salud.

Charbonier Laureano solicitó conocer los resultados de las auditorías que realice Hacienda para incluirlos en el informe que se elabora como parte del análisis de la pieza legislativa.

De otra parte, Parés Alicea aclaró la incongruencia en los números ofrecidos en torno al impacto de la industria del cannabis medicinal sobre el erario.

“El Departamento de Hacienda expresó ante esta Comisión que el impacto que tendría en el fisco se proyectaba en alrededor de $14 millones por concepto de IVU. No obstante, el Secretario expresó en los medios que los recaudos se proyectaban en $100 millones. Esta aparente incongruencia se justifica, ya que a esos $14 millones se unirán otros factores directos e indirectos, como empleos generados que aumentarían la cifra a alrededor de $100 millones una vez la industria esté madura”, declaró.

“Basado en lo que tenemos, fue que hicimos el cálculo, el cual es solamente (cannabis)  medicinal. Los $100 millones corresponden a varios años y no es solamente el IVU. Las cosas que se toman en consideración en la población, son las condiciones de salud, lo que el Departamento de Salud reconoce como la prevalencia por cada tipo de condición, dosis, costos, grados de aceptación, estas son variables que deben fijarse para hacer el análisis y que este tenga una razonabilidad que haga sentido”, abundó Ríos Rivera.

Antes de recesar los trabajos, la presidenta de la comisión subrayó que “estamos conscientes de que tenemos que mirar esto compasivamente hacia las personas que realmente lo necesitan, pero no será algo que se aprobará a la ligera”.