Continúa análisis de medida que propone enmiendas al Código Penal de Puerto Rico

El Capitolio – “El compromiso de esta Asamblea Legislativa en la lucha contra el crimen es inquebrantable”. Así lee parte de la Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 743, medida evaluada hoy por  la Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano, quien reiteró la necesidad de devolver a la población puertorriqueña la confianza en el sistema criminal y de justicia en la Isla.

La pieza de Administración enmendaría el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de restituir ciertas disposiciones al ordenamiento jurídico penal, al igual que algunas penas y disposiciones aplicables; y realizar enmiendas técnicas. En otras palabras, busca, entre otros objetivos, que una persona que cometa el delito de apropiación ilegal de fondos públicos, sea sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años; y restituye como delito grave el escalamiento y la obstrucción o paralización de obras. Esto último (artículo 200) resultaría en una sanción de pena de reclusión por un término fijo de 3 años.

Durante el segundo día de audiencia, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Y. Rolón Suárez, quien fue representado por la Lcda. Irda M. Rivera, se expresó a favor de las enmiendas al “Código Penal de Puerto Rico” presentadas en el proyecto.

Rolón Suárez señaló que la enmienda a las Normas para la determinación de Reincidencia,  “es cónsona con el propósito disuasivo que rige la adopción de un código penal para reducir la incidencia de conducta delictiva”. Asimismo, avaló la revisión sobre Apropiación Ilegal Agravada al subrayar que la incautación “ilegal de propiedad o fondos pertenecientes al erario, merece el mayor de los repudios” y amerita sanciones severas ante el impacto negativo que supone a la confianza del pueblo en instituciones gubernamentales. En cuanto al delito de escalamiento, el titular del DCR indicó que esta es la segunda conducta delictiva de mayor incidencia en Puerto Rico, superada únicamente por el delito de apropiación ilegal. Mientras, opinó que tipificar la conducta de obstrucción o paralización de obras, “busca establecer de forma inequívoca conductas que en sí mismas son manifestaciones y/o conductas violentas contra acciones privadas o del estado”.

De otra parte, el director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), el Lcdo. Félix Vélez Alejandro, representado por los Lcdos. Yahaira Colón Rodríguez, Nathalie García García y Luis A. Zambrana González, asesores legales, y la Lcda. Ana María Strubbe Ramírez, defensora legal, mostró reservas a las revisiones sugeridas en el proyecto cameral, reconociendo la complejidad del tema.

La SAL hizo eco de la importancia de ajustar el ordenamiento penal sustantivo bajo un enfoque rehabilitador, recomendó iniciar una revisión integrada de las leyes penales especiales y se colocó a disposición de la Asamblea Legislativa para responder a cualquier asunto relacionado al proyecto en discusión.

Por su parte, la profesora Myrta Morales Cruz, de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), quien estuvo acompañada por la estudiante de Derecho, Yarelisse Latorre Robles, compartió sus inquietudes en cuanto a la inclusión de artículo 200 al código penal, que atiende la obstrucción o paralización de obras.

A esos efectos, la presidenta de la Comisión aseguró que “el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho constitucional de alto grado de respeto que entiendo debe tener todo gobierno. Particularmente, como abogada, lo respeto y lo defiendo. No vine a cuartar el derecho de expresión a nadie, pero también tengo que proteger a aquel que está al otro lado de la moneda, porque si no hay tolerancia, no hay paz social”.