Departamento de Educación paga aproximadamente $1 millón al año por agua y luz de escuelas en desuso

El Capitolio –  El presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, el representante Guillermo Miranda Rivera, evidenció hoy que el Departamento de Educación (DE), está pagando aproximadamente $1 millón en términos del servicio de agua potable y electricidad al año por 113 escuelas públicas que están en desuso de unas 168 que fueron cerradas el cuatrienio pasado.
 
Así fue revelado a preguntas del legislador al profesor Carlos Malavé, secretario de Servicio Auxiliares del DE, al inicio de las vistas públicas en torno a la Resolución de la Cámara 9 de su autoría, para estudiar las razones por las cuales esos planteles continúan con los servicios de agua y luz conectados, además de lograr desactivar dichas cuentas y producir ahorros en el Gobierno.
 
Según expresó Miranda Marín, “más allá de haberse logrado un verdadero caos y crear desventajas para los estudiantes y maestros del sistema por la consolidación y cierre de planteles escolares, el DE no dio seguimiento a esos centros clausurados y al día de hoy. Muchos de ellos cuentan con estos servicios en uso constante e ininterrumpido, lacerando severamente las ya deterioradas arcas del Gobierno, quien es el responsable de pagar por estos servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
 
De hecho, Malavé informó a la Comisión, que desde enero hasta hoy, el DE ha podido desactivar 48 % de las cuentas de planteles cerrados y en desuso y se proyecta haber desconectado todas estas cuentas para el próximo 15 de mayo. Asimismo, el Lcdo. Daniel Russe, de la Oficina de la Secretaria del DE, adjudicó el problema a la ejecución de los procedimientos a la alta cantidad de edificios que quedaron en desuso tras la consolidación, cierre y reorganización de escuelas durante la pasada Administración, lo que catalogó como “desacertada”.
 
“Esto no es necesariamente resultado del proceso en sí, sino de la poca planificación y la falta de esfuerzos coordinados. Puede añadírsele también a esos factores la inconsistencia del método, forma y contenido del registro de información de bajas, cortes y suspensiones de servicios de agua y luz”, opinó Russe. De acuerdo con los datos ofrecidos por el abogado, el Departamento continúa trabajando la data para determinar el gasto y volumen facturado de ambos servicios para el año en curso 2016 – 2017.
 
Mientras, Melissa Rodríguez Martínez, de la AEE, sostuvo que la Autoridad ha realizado un sinnúmero de acciones con el propósito de desactivar las cuentas que menciona la Resolución. Indicó que actualmente, la AEE coordina y colabora con personal del DE para continuar identificando y desconectando las escuelas que no están siendo utilizadas y que requieren ser desconectadas.
 
“Cabe señalar que del listado de 201 escuelas que nos fuera remitido por esta Comisión, 55 de estas ya fueron desconectadas de servicio eléctrico, 39 fueron traspasadas a los respectivos municipios donde está ubicadas y 70 continúan activas por distintas razones. Una de estas razones es que cuando la Autoridad iba a la escuela para llevar a cabo el desconexión, la misma estaba en función, y otras veces no había personal de educación para dar acceso al predio y al contador”, excusó la funcionaria de la AEE.
 
Por su parte, el Lcdo.  Joel Ayala Hernández, abogado de la AAA, excusó que la Autoridad ha confrontado dificultades para el desconecte. Señaló que no se indica en la solicitud el número de cuenta del contrato entre el DE y AAA, lo que en muchos casos hace imposible identificar la escuela a la que se le estaría dando la baja del servicio; los nombres de las escuelas no coinciden con los registros de la Autoridad o el código de la escuela no está en la descripción de la cuenta. En cuanto a las cuentas no localizadas, recomendó que se organice un grupo Interagencial, a fin de establecer un plan de trabajo viable para su localización.