Propuesto Departamento de Seguridad Pública agilizaría la resolución de casos criminales

El Capitolio –  Las Comisiones de Gobierno y de Seguridad Pública, presididas por los representantes Jorge Navarro Suárez y Félix Lassalle Toro, continuaron hoy con el análisis del Proyecto de la Cámara 741. La medida, que propone la creación de un nuevo sistema integrado por todos los componentes que administran la seguridad pública en Puerto Rico, busca atajar el problema de criminalidad en la Isla, con un enfoque en la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades locales y estatales.
 
En síntesis, la creación de un Departamento de Seguridad Pública tiene el fin de promover un sistema de seguridad más efectivo, eficiente, funcional, que trabaje de forma integrada con otras agencias gubernamentales.
 
Durante su ponencia, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, subrayó que la entidad “no tiene reparo legal” en continuar con el trámite legislativo de la medida, si se atiende las recomendaciones dirigidas a enfrentar los retos de criminalidad en la Isla.
 
En cuanto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Vázquez Garced solicitó se tomen las medidas cautelares para que no se requiera información confidencial de investigaciones con las agencias integradas, de manera que sea perjudicial para la investigación en curso o represente brechas de seguridad. Asimismo, recomendó salvaguardas adicionales cuando se trate de investigaciones sobre empleados públicos de agencias que incurren en corrupción gubernamental, violación a derechos civiles o en esquemas de crimen organizado. Esto, para proteger la confidencialidad y vida de cada uno de los participantes de la pesquisa. Sugirió que al integrar al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a una agencia de seguridad, no se coloque en riesgo de jure ni de facto la percepción sobre la imparcialidad de sus funciones.
 
A preguntas de los miembros de las Comisiones en cuanto al impacto de la entidad sobre la capacidad de investigación y ejecución del estado contra el crimen, la titular de Justicia opinó que “sin duda alguna traería resultados positivos, en la medida que haya una comunicación en relación con la inteligencia criminal. Sería favorable para la investigación criminal”.
 
Por su parte, la directora designada de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), la Lcda. Nydia Irizarry Algarín, quien fue representada por el Lcdo. Marcos Andrade Ravelo y la Lcda. Rachel Pagán González, favoreció que la medida no contemple el despido de empleados públicos, lo que es cónsono con la política pública de  la Administración, y reiteró su disponibilidad para asistir al Departamento en todo lo relacionado a la administración y transformación de sus recursos humanos.
 
“Avalamos la asignación de personal contenida en el Proyecto, para que todos los negociados y demás unidades del Departamento incorporen a los actuales empleados, ya  que desde la aprobación de la Ley Núm. 8 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico) todos los empleados públicos son considerados como empleados del Gobierno de Puerto Rico como Empleador Único”.
 
A preguntas del Presidente de la Comisión de Gobierno, Pagán González añadió que a juicio de la OARTH la medida “va acorde con el mejor uso de los recursos humanos, con poder centralizar muchas de las funciones y que los servicios sean de mejor calidad, a una mejor costo-eficiencia”.
 
Mientras, la exdirectora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, señaló que la nueva entidad propuesta atenderá la problemática de “falta de fluidez de información entre el ICF y la Policía de Puerto Rico”.
 
“La medida mejorará la agilidad en la resolución de los casos en el ICF, al todo estar ubicado bajo una misma sombrilla”, afirmó a preguntas de Navarro Suárez.
 
Expuso, además, que favorece la pieza, siempre y cuando garantice la conservación de la Acreditación para el ICF. “Como toda organización aprendiente, (la ICF) debe ser resiliente y modificar su operación en base a sus propias experiencias y las obtenidas, como son los cuerpos acreditadores que establecen los estándares de ejecución; pero no podemos enfocarnos solo en los procesos, también debe contar la necesidad del cliente dentro de su agenda de calidad. Es decir, la víctima del delito y la comunidad legal, quienes merecen ser atendidos con prontitud”, sostuvo Conte.
 
Antes de recesar los trabajos, Navarro Suárez indicó que “estamos claros que lo que busca esta ley es crear los mecanismos para lograr la eficiencia en las agencias de seguridad pública (…)” y añadió que una de las enmiendas bajo consideración propone que todo plan debe ser aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para asegurar que la creación del nuevo Departamento de Seguridad Pública generará economías.
 
Inicia análisis de proyecto para establecer la Ley de Préstamo por Depósito Diferido
 
Entre tanto, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez, inició hoy el análisis del Proyecto de la Cámara 800, para establecer la “Ley de Préstamo por Depósito Diferido”, que busca autorizar y regular en Puerto Rico la industria de lo que se conoce en inglés como “Payday Loans”.
 
El autor de la medida, el representante José Enrique Meléndez Ortiz, señaló que ante la situación de estrechez económica en la Isla, “hay un mercado que es ocupado por la banca en los Estados Unidos a través del Internet y los payday loans son una realidad en Puerto Rico, pero el gobierno de Puerto Rico no se está beneficiando de esa cartera de préstamos”.
 
Señaló que en una búsqueda en páginas electrónicas se puede obtener este adelanto de fondos de hasta $500 para una emergencia, pero con una tasa que puede alcanzar hasta el 40 por ciento, por lo que radicó esta medida para lograr establecer de manera legal en Puerto Rico este tipo de préstamos con tasas más bajas. Esto, de modo “que las personas que atraviesan por una emergencia puedan resolver su situación y en el proceso el gobierno genere unos ingresos adicionales”.
 
Mencionó que estos anticipos tendrán unas condiciones, entre estas que quien solicita el préstamo no podrá solicitar un segundo adelanto hasta tanto no salde la deuda contraída.