Harán más rigurosas penas por apropiación ilegal de fondos públicos, escalamiento y paralización de obras

El Capitolio – Con el propósito de que los ciudadanos reestablezcan la confianza en el sistema criminal y de justicia de la Isla, la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier, inició hoy miércoles la discusión de un proyecto que enmienda varios artículos del Código Penal, para hacer más rigurosas ciertas disposiciones y penas.
 
El Proyecto de la Cámara 743, decreta que toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal de fondos públicos, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años. A su vez, restituye como delito grave el escalamiento, y la obstrucción y paralización de obras.
 
Además, la pieza establece como delito menos grave la resistencia u obstrucción de la autoridad pública y consigna que toda persona que a propósito, con conocimiento o temerariamente ponga en peligro la vida, salud o integridad física de las personas al pegar fuego a un edificio o propiedad, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho años; entre otras enmiendas.    
 
A la vista compareció la asesora legal del Departamento de Justicia, licenciada Elba Cruz, quien destacó los méritos de la pieza. Para la letrada, la medida responde al deber de aprobar legislación dirigida a persuadir a los posibles infractores de la ley, mediante la creación de medidas que refuercen las penas estatuidas en el ordenamiento jurídico puertorriqueño.
 
“Reiteramos la importancia de este esfuerzo para nuestro sistema de justicia, ya que con el mismo se pone de manifiesto el compromiso del Estado de aumentar la confianza del pueblo en el andamiaje legal que atiende sus reclamos de justicia”, agregó Cruz.
 
La ponente endosó la disposición que pretende desalentar la reincidencia, pero solicitó se extienda a 15 años el periodo dispuesto para la consideración de convicciones anteriores en caso relacionados a agresión sexual y maltrato de menores. Asimismo, concurrió con la intención de sancionar de manera más rigurosa la apropiación ilegal de propiedad o fondos públicos.
 
Cruz catalogó de loable que se tipifique como delito de naturaleza grave el uso de máscaras o caretas, postizos o maquillaje, tinte o disfraz; para cometer delitos.
 
Mientras, la asesora legal de la Uniformada, licenciada Estrella Mar Vega, destacó que la legislación está cimentada en disposiciones que refuerzan unas penas más justas y proporcionales ante las distintas conductas tipificadas como delitos.
 
 
 “Al reestablecerse penas fijas en varios delitos y reforzar sus distintas modalidades, se recupera el importante aspecto de la objetividad al momento de procesar al trasgresor, conforme a las normas penales que deben prevalecer en todo estado de derecho”, abundó.
 
La portavoz de la Uniformada se mostró a favor en que se aumente a 15 años la pena a toda persona que se apropie de fondos públicos y a que el escalamiento se tipifique nuevamente como delito grave.
 
De igual modo, se pronunció positivamente de que se incorpore nuevamente el delito de obstrucción y paralización de obras. “Cuando se paralizan obras de construcción y se obstaculizan los alrededores de estas, la Policía de Puerto Rico invierte de sus recursos humanos y económicos, para que todo transcurra en un ambiente que se proteja la vida y la propiedad; lo que trastoca nuestros planes operacionales de atajar la comisión de delitos”, explicó Vega.
 
Por su parte, la Presidenta de la Comisión destacó que el proyecto aspira proteger la vida y propiedad de los ciudadanos. “Reconoce la importancia de la seguridad de las personas en su hogar. Haber legislado para tipificar el escalamiento como un delito menos grave fue una barbaridad”, dijo en torno a la movida de la pasada administración.
 
La representante dijo que la legislación bajo análisis también reconoce el derecho a la libertad empresarial. “No se pude interferir con todas las personas que puedan estar en una construcción. Tenemos un derecho a expresarnos, pero no podemos ir más allá e impedir que la libertad empresarial se desarrolle, porque eso afecta a la Isla  y desalienta la actividad económica”, concluyó Charbonier.