Continúa la evaluación a proyecto que enmienda la Ley de Sustancias Controladas

El Capitolio - La Policía de Puerto Rico apoyó hoy el espíritu de un proyecto que enmienda la Ley de Sustancias Controladas e impone multas administrativas escalonadas para las primeras tres infracciones por posesión simple de marihuana, a fin de atemperar el ordenamiento jurídico de la Isla a dicha tendencia.
 
En vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, la asesora legal de la agencia, la licenciada Estrella Mar Vega, destacó que el Proyecto de la Cámara 654 mantiene el balance entre remedios rehabilitadores y el enfoque sancionador, lo que es tendencia a nivel internacional.  
 
Vega agregó que para poder cumplir con lo dispuesto en el proyecto, los agentes deben tener básculas automáticas para verificar si se trata de dos gramos o menos de marihuana, además de contar con personal certificado para calibrar las pesas. Por ello, precisó que la Uniformada necesitaría al menos de un año, a partir de la aprobación del proyecto, para contar con básculas automáticas en todas las áreas policíacas y la debida certificación de los agentes.
 
Durante los trabajos, se presentaron diversos empaques con marihuana para que la Comisión estuviera al tanto de lo que busca atender el proyecto.
 
Por su parte, la entidad Servicios Legales de Puerto Rico, planteó la necesidad de realizar un proceso estricto y regulado, para que la evidencia ocupada sea debidamente custodiada, sellada, marcada y transportada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para los análisis correspondientes. El subdirector ejecutivo de la organización, el licenciado Alejandro Figueroa, propuso además, que se enmiende la Ley de Menores, para atemperarla a la intención legislativa.
 
Mientras, el Departamento de Justicia, representado por la licenciada Mónica Rivas, reconoció la necesidad de revisar la legislación que regula la posesión de sustancias controladas, “a fin de evaluar los últimos desarrollos y reexaminar las alternativas que ofrece nuestro ordenamiento para el tratamiento de la drogadicción”.
 
El senador José Vargas Vidot se presentó a la vista y tuvo la oportunidad de participar de la misma. El también salubrista reconoció la iniciativa de la Presidenta de la Comisión y sostuvo que la apertura a discutir este tipo de tema es positiva.
 
“Reconozco que hay un deseo intenso de poder mejorar las cosas. La Exposición de Motivos del proyecto sienta las bases de lo que es un tema generador”, dijo Vargas Vidot.
 
Charbonier Laureano destacó la valentía de los portavoces de las organizaciones y agradeció su participación en el diálogo que ha propiciado la evaluación de la pieza.
 
A la vista también comparecieron las organizaciones que favorecen la despenalización de la marihuana, Intercambios Puerto Rico y No Corten mis Alas, quienes defendieron sus posturas para que se despenalice el uso del cannabis.
 
Los trabajos de la Comisión de lo Jurídico continúan mañana jueves con la comparecencia de ASSMCA, Iniciativa Comunitaria y el Departamento de Salud.
 
Buscan ampliar derechos y ayudas a confinados elegibles para regresar a la libre comunidad
 

De otra parte, la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lasalle Toro, inició hoy el análisis de una medida que busca ampliar los derechos y ayudar en los servicios de rehabilitación de los confinados para prepararlos para reinsertarse en la libre comunidad.
 
El Proyecto de la Cámara 668, del representante Pedro Santiago Guzmán, busca crear el Programa de Trabajo con Paga en Libre Comunidad para Confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de disponer que los confinados de custodia mínima, y que a su vez hayan cumplido el 50 por ciento de sus sentencias, cualifiquen para recibir paga por trabajo y servicios prestados en cualquier municipio, agencia, corporación e instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico.
 
Durante su turno, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Lcdo. Erik Rolón Suárez, apoyó la medida ya que, según su experiencia como exjuez municipal, “atiende de manera responsable uno de los principales gérmenes que causa la reincidencia en los exconfinados, que es la falta de un empleo digno, que pueda ganarse la vida para satisfacer las necesidades propias y la de los suyos”.
 
A la vez, recomendó que se enmiende el lenguaje para que el salario que se le pague al confinado, sea sufragado por el empleador y que el DCR reembolse una parte del mismo al final de cada año fiscal. Esto de la partida de ahorros que se produzca por los servicios que no se le brinden a ese confinado.
 
Por su parte, la Doctora Milagros S. Rivera Watterson, portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinados, favoreció el proyecto, que es parte de la filosofía de la  organización, ya que una vez cumplan su sentencia, deben ser reintegrados a la sociedad, lo cual incluye participar del mercado laboral.
 
“En principio favorecemos este proyecto de ley debido a que creemos firmemente en el desarrollo e implementación de programas que estimulen y faciliten la integración de los confinados a la libre comunidad, más aún si les da la oportunidad de que ingresen al mundo laboral como medio de inserción a la sociedad”, afirmó la deponente.
 
De otro lado, la Federación de Alcaldes, mediante ponencia firmada por su director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Látimer, avaló con enmiendas la pieza que “ayuda a reducir el alto costo de mantener un confinado en una institución penal, aparte de que ayuda a su rehabilitación y reinserción a la sociedad”.
 
Recomendaron enmiendas al lenguaje del proyecto de modo que luego del primer año de operaciones del programa, el mismo sea extendido a entidades sin fines de lucro y luego del segundo año a empresas privadas.
 
Defiende propuesta para el desarrollo de microempresas en la Región Central

 
La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la Cámara, presidida por el representante Michael Abid Quiñones Irizarry, dio inicio a las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 466, a los fines de disponer que la Compañía de Fomento Industrial arriende de forma parcial o segmentada espacios de las edificaciones industriales que ubiquen dentro de la región a microempresas de hasta cinco empleados o menos.  De hecho, el legislador enfatizó la importancia de la medida al indicar que en Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya el promedio de desempleo es de un 25 %, y en los demás pueblos centrales alcanza un 20 %, lo que no provee oportunidad para crecimiento económico alguno.
 
El director ejecutivo de  la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), el ingeniero Manuel Laboy Rivera, se comprometió en someter a la Comisión el inventario de locales vacantes que tiene la corporación en la región central. Entretanto, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), el doctor Jorge Arguelles Morán, endosó la propuesta al sostener que no debe limitarse al arrendamiento de un local o edificio, sino proveer, además, asesoramiento técnico para el desarrollo de los negocios. Asimismo, la dirigente de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, favoreció la medida, sin embargo recomendó que se atempere la elegibilidad a proyectos cooperativos.   
 
Requisito el sistema de transferencia electrónica de beneficios en Mercados Agrícolas Familiares
 
La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, inició hoy las audiencias públicas para disponer que será una condición previa para que el Departamento de Agricultura expida una certificación de agricultor a vendedores que participen en los Mercados Agrícolas Familiares, la adquisición del sistema de transferencia electrónica de beneficios (EBT). Esto para el procesamiento de ventas de bienes con fondos recibidos bajo el Programa de Asistencia Nutricional Federal (PAN) o bajo el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas.

El representante expresó que el propósito del Mercado Familiar es instar a los beneficiarios del PAN a que adquieran vegetales y frutas que se cultivan en Puerto Rico y, como solo un 3 % de los solicitantes no ha cualificado para vender sus productos en el Mercado Agrícola Familiar, la pieza no sufrirá enmiendas.

Ana Rosa Vázquez, directora de la administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), que es uno de los componentes del Departamento de la Familia, apoyó el Proyecto de la Cámara 643, ya que le garantiza la accesibilidad de productos agrícolas originados en Puerto Rico y esto, a su vez, está respaldado por las disposiciones de la propia “Ley Para la Organización y Desarrollos de Mercados Agrícolas Familiares en Puerto Rico”.

No obstante, recomendó que los terminales de cobro para el sistema EBT, mejor conocidos como Puntos de Venta, no deberían ser requeridos antes de la otorgación de la certificación que expide la ADSEF, debido a que la Oficina Para el Control de Inspección de Negocios (OCIN) puede denegar una solicitud de un agricultor que no cumpla  con algunos de los requisitos establecidos para ello.