En desarrollo proyecto para viabilizar instalaciones de gas natural

El Capitolio - Hoy dieron inicio las vistas públicas de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, para discutir la Resolución Conjunta de la Cámara 18, con el fin de someter a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) los proyectos de conversión de las unidades generatrices a gas natural o a cualquier otra fuente renovable localizadas en todo Puerto Rico, especialmente en el área norte, a los fines de establecer estos acuerdos.

El asesor legal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Joel Ayala, explicó que la infraestructura para suplir el gas a estas centrales es un paso crítico, necesario, antes de elaborar un plan de conversión de las unidades en las centrales del norte de la Isla a gas natural.  Subrayó, que la viabilidad de proyectos de conversión de unidades para utilizar gas natural está forzosamente ligado a la disponibilidad del mismo.

Incluso, el licenciado Ayala subrayó que debido a que la APP y la AEE han comenzado el proyecto para el desarrollo de las instalaciones para el recibo de gas natural para las plantas de San Juan y Palo Seco, se debe continuar con el mismo para establecer una APP, y así proveer gas natural a dichas centrales. Por tal motivo, solicitó el respaldo de la Comisión para los proyectos encaminados a estos fines.

Evalúan medida que exige se informe a detallistas sobre aditivos al combustible

Entretanto, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara, presidida por representante Yashira Lebrón Rodríguez, comenzó la celebración de vistas públicas sobre una medida para exigir a los distribuidores y mayoristas de gasolina a informar a los detallistas todos los aditivos que contenga el combustible antes de abastecerse del mismo y certificar que cumple con las regulaciones estatales y federales.

El Proyecto de la Cámara 253, del representante Gabriel Rodriguez Aguiló, también ordena a los detallistas a publicar, mediante un rótulo o cualquier otro medio similar, todos los aditivos que posee la gasolina que vende.

El representante destacó en el escrito que en Puerto Rico, se ha encontrado que ciertas distribuidoras mezclan sus gasolinas con aditivos como el Metilciclopentadienilo Tricarbonilo Manganeso (MTT) para aumentar su octanaje. Sostiene, además, que este aditivo fue una alternativa complementaria al uso de los mejoradores de octano a partir del plomo, cuyo uso continuo puede causar daño a sus vehículos y su emisión podría causar una enfermedad respiratoria.

El asesor legal del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), licenciado Edan Rivera, avaló la medida por entender que promueve que los consumidores estén mejor informados y sirve de apoyo mediante ley a la reglamentación federal existente.

Consideran crear “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”
 
Igual paga por igual trabajo. Ese es el propósito del Proyecto de la Cámara 9 evaluado hoy por la Comisión de Asuntos Laborales, que preside el representante Ángel Peña Ramírez. La medida persigue crear la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, a los fines de establecer una política pública enérgica y vigorosa que erradique el discrimen salarial existente entre empleados del sector público y privado por razón de sexo.
 
“Atender con responsabilidad y firmeza los problemas de desigualdad que sufren todavía tantas mujeres puertorriqueñas, redundará en adelantar un ambiente de justicia social y de equidad que mejore la calidad de vida de todas nuestras mujeres y de nuestra sociedad en general”, señala la Exposición de Motivos del proyecto.
 
En su ponencia, la Lcda. Nydza Irizarry Algarín, directora designada de la Oficina de Adiestramiento y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), quien fue representada por los licenciados Marcos Andrade y Karilyn Díaz, recomendó la aprobación de la medida al señalar que “a pesar de la existencia de leyes que consignan la igualdad de oportunidades en el empleo, esto no ha sido suficiente para erradicar las prácticas discriminatorias que tanto afectan las oportunidades de empleo de las mujeres”. Irizarry Algarín subrayó que promueve la integración de la mujer en la fuerza laboral, valorando de forma justa su participación.
 
Mientras, el Dr. José Caraballo Cueto, autor del único estudio científico reciente sobre el tema de desigualdad salarial por género en la Isla, catalogó de “esfuerzo encomiable” la medida bajo análisis.
 
Según el también profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, el estudio evidenció que las diferencias salariales son mayores entre padres y madres que trabajan, que entre trabajadoras y trabajadores sin hijos. Igual indicó que en las distribuciones salariales altas, hay mayores diferencias salariales.
 
Entre las recomendaciones de Caraballo Cueto figura el establecimiento de protocolos para la presentación de querellas, investigación de estas y radicación de casos judiciales cuando se entienda que un patrono ha cometido discrimen en la contratación y promoción de sus empleados por razón de género; además, la preparación de un banco de datos que incluya información socio-demográfica del trabajador, así como información de la estructura organizacional del patrono, a tono con muchos de los estudios que se realizan a nivel internacional con relación al estudio de la brecha de género; garantizar licencias por paternidad a los trabajadores; más cuidos gratuitos y transportación pública para que las madres se vean en mejor disposición de adelantar sus estudios y su desempeño laboral; aumentar las sanciones cuando en entrevistas de trabajo se le pregunte a una persona si es madre o padre y reestablecer los beneficios marginales a las personas que trabajen a tiempo parcial.
 
De otra parte, en la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano, presidida por la representante Lourdes Ramos, para facilitar el acceso a militares a la fuerza laboral de Puerto Rico, el Procurador del Veterano, Agustín Montañez, expresó que la búsqueda de empleo es una de las principales prioridades para estos ciudadanos, a quienes se les dificulta hacerlo.

A tal efecto, el Procurador endosó los Proyectos de la Cámara 62 y 36 que proponen establecer la “Ley de Empleo Transitorio para Veteranos”, a los fines de disponer que las agencias gubernamentales, al momento de realizar un nombramiento transitorio, seleccionen un veterano del Registro de Contratación Transitoria de Veteranos, que cumpla con los requisitos necesarios para el empleo; y para aclarar que la preferencia de los veteranos en su nombramiento o concesión de ascenso para cualquier cargo, empleo u oportunidad de trabajo se extiende a todo tipo de oportunidad de trabajo disponible. Mientras que la licenciada Álamo recomendó se consulte el particular con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

Comisión cameral inicia análisis para enmendar “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”

 
Mientras, la Comisión de Turismo y Bienestar Social, presidida por el representante Néstor Alonso Vega, inició hoy el análisis del Proyecto de la Cámara 499, que busca exceptuar a las licencias de conducir vehículos de motor como medida adicional para asegurar el cumplimiento con el pago de pensión alimentaria. Actualmente, el padre no custodio debe estar al día con el pago, o ejecutar satisfactoriamente un plan de pago, como condición para obtener o mantener una licencia, permiso o privilegio ocupacional o de otra índole.
 
Según la Exposición de Motivos de la medida, esta disposición “se ha convertido en una insostenible, que ha redundado en un retroceso al mejor interés y bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, en su derecho a laborar por mejorar sus condiciones de vida (…)”. Añade, además, que la suspensión de la licencia concede al Estado demasiado control sobre los derechos civiles del individuo y provoca que empeore crasamente la situación económica del deudor.
 

En su ponencia, la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio, afirmó que el proceso para establecer las pensiones alimentarias debe ser uno justo, equitativo y conforme a derecho. La Administradora se colocó en la mayor disposición para colaborar en el análisis de la pieza legislativa.

Por su parte, Carlos Contreras Aponte, secretario designado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), avaló la medida en discusión por entender, entre otros asuntos, que la suspensión de la licencia de conducir parece una “medida punitiva” y no se debe perder de perspectiva que la transportación es una valiosa herramienta de trabajo. El titular señaló que, aunque es cierto que hay padres no custodios que incumplen con el pago de la pensión alimentaria por “mera irresponsabilidad”, muchos se esfuerzan por conseguir un empleo que les permita encargarse de las necesidades de sus hijos.