Cámara da paso a medida que permitirá la libre competencia en telecomunicaciones

(El Capitolio) – La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida de la autoría de su presidente, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”, con la intención de regular la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el Internet.

Para este fin, el Proyecto de la Cámara 27, enmienda la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, en aras de mejorar los servicios al consumidor. El líder cameral destacó que se trata de una medida que le hace justicia a la gente permitiendo la libre competencia en los servicios de Internet en Puerto Rico y, a su vez, evitará un posible monopolio por parte del Gobierno.

El representante indicó que PREPANET, una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se niega a alquilarle las facilidades de fibra óptica y banda ancha que cubren toda la Isla a las empresas privadas establecidas en la Isla, convirtiendo en desleal la competencia entre las partes.

“PREPANET se ha opuesto y ahora mediante legislación le estamos diciendo que tiene que hacerlo, garantizando así la libre competencia. Estamos buscando que la empresa privada pueda seguir ofreciendo los servicios de Internet y onda ancha sin la intervención indebida del Estado, cuyas corporaciones públicas y sus subsidiarias no pagan contribuciones”, dijo.

Además mencionó que en vistas públicas la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, indicó a través de su presidenta, la licenciada Sandra. E. Torres López, que concurre con el propósito del proyecto de ley ya que logra salvaguardar las condiciones de mercado justas.

El Presidente Cameral indicó que ante la actual situación en el mercado de las telecomunicaciones, encuentra preocupante el que tan siquiera se plantee o se permita el retroceso a un pasado donde el Gobierno tenía un rol dual en este mercado como proveedor y regulador, como ocurrió con la antigua Puerto Rico Telephone Company, volviendo a crear la distorsión de un mercado en el cual compite el sector privado.

De igual manera, fue avalado el Proyecto del Senado 8, que busca volver a constituir la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), y restituir las funciones de auditoría que realizaba, con el fin de impedir la corrupción pública y promover mejores prácticas de sana administración en el Gobierno.

A esos efectos, la medida, que cubre un campo que quedó desatendido con la eliminación de la Oficina el cuatrienio pasado, declara la política pública sobre la integridad y eficiencia gubernamental así como el buen uso de los fondos y la propiedad pública.

Durante el proceso legislativo, el representante Nelson del Valle, informó hoy al pleno cameral que retira el Proyecto de la Cámara 686, que proponía derogar la Ley 247, que prohíbe el uso de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales. En un aparte, indicó que someterá un proyecto nuevo que incluya el uso de las fundas compostables, sin embargo, no incluirá las biodegradables u oxodegradables.

También, fue endosada la Resolución de la Cámara 42, para realizar un estudio de los cargos impuestos por las instituciones bancarias, cooperativas, concesionarios y dueños de cajeros automáticos en Puerto Rico al momento de retirar dinero en efectivo desde las máquinas. Abarcará, además, los criterios para la imposición de dicho cargo, el impacto al consumidor y la posibilidad de uniformar la comisión por uso.

De otra parte, fue favorecida la Resolución de la Cámara 64, para investigar todo asunto relacionado con las prioridades económicas; la planificación; las telecomunicaciones; las Alianzas Público Privadas, la energía, el intercambio y competencia comercial local, interestatal o con otras jurisdicciones fuera de los Estados Unidos, entre otros asuntos, para identificar e implementar medidas que detengan el proceso de estancamiento y desaceleración económica que está afectando a Puerto Rico.

Ocurrió igual con la Resolución de la Cámara 99, para investigar cómo han sido utilizados los fondos públicos asignados a las federaciones deportivas afiliadas al Comité Olímpico de Puerto Rico, Inc. (COPUR) y a otras Organizaciones Sin Fines de Lucro que brindan servicios deportivos o trabajan con el deporte, a fin de constatar la debida utilización de los mismos y si los beneficios están llegando hasta los atletas.

Entretanto fueron endosadas por el Cuerpo, las Resoluciones de la Cámara 100 y 139 para investigar el proceso que llevó a cabo la Universidad de Puerto Rico al momento de elegir candidatos a beneficiarse de la otorgación de la Beca Presidencial en el año 2015, a raíz de las alegadas irregularidades denunciadas en este proceso, además de analizar las finanzas, los activos, el funcionamiento, las operaciones, las estructuras organizacionales y la administración de dicha Universidad.

Por último, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 115, cuyo fin es declarar el segundo jueves del mes de mayo de cada año como el “Día de la Radio del Este”; la Resolución de la Cámara 77, para evaluar la efectividad de los mecanismos establecidos en la "Ley de Condominios", para el cobro de las cuotas de mantenimiento, así como las alternativas para mejorar dichos mecanismos; la Resolución de la Cámara 94, para investigar las condiciones en que se encuentran las facilidades deportivas, tanto municipales como estatales, en todo Puerto Rico y la Resolución de la Cámara 107, mediante la cual se investigará la severa erosión que ha sufrido el litoral que transcurre desde el semáforo de la Central Termoeléctrica de Palo Seco, hasta la intersección de las carreteras 165 y 167 en Toa Baja.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo martes, 21 de febrero de 2017, a la 1:00 p.m.