Presidente de la Cámara busca establecer competencia justa en servicios de Telecomunicaciones

El Capitolio - La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, comenzó hoy la evaluación de un proyecto del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que crea la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”.

El Proyecto de la Cámara 27, también enmienda la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, a fin de regular la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones en la isla.

De hecho, la pieza prohíbe que las agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios, corporaciones municipales y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, provean, al detal, servicios de telecomunicaciones, servicios de información (incluyendo, sin que se entienda como una limitación, data, banda ancha, y acceso a la Internet), cable televisión, IPTV y DBS, ya sea de forma directa o a través de alguna división, subsidiaria o tercero.

A la audiencia compareció la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, quien avaló la legislación por entender que es un contrasentido permitir que agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios y subdivisiones políticas del Gobierno provean irrestrictamente servicios de telecomunicaciones a clientes al detal en Puerto Rico.

Recordó que la política pública de la actual administración establece claramente que el Gobierno es un ente facilitador en la provisión de servicios, y no un competidor.

Torres López destacó además, que la pieza agrega un elemento esencial para llevar la industria de las telecomunicaciones a un próximo nivel: acceso a la propiedad inmueble, derechos de paso, postes, conductos, tuberías y servidumbres bajo el control del Gobierno. Esto, para la ubicación de equipos de telecomunicaciones de las empresas certificadas y/o registradas ante la Junta.

“Esta enmienda hace que haya una igualdad de acceso a los activos del Pueblo de Puerto Rico. La Junta tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para validar que los cargos por esta utilización sean justos, razonables, y no discriminatorios”, manifestó la Presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

Entretanto, la empresa de telecomunicaciones AT&T, favoreció la aprobación de la legislación del líder de la Cámara, por entender que se deben adoptar políticas que continúen promoviendo la inversión privada en redes de banda ancha alámbricas e inalámbricas.

El asesor legal de la compañía, licenciado José Morán, afirmó que el sector privado, no el Gobierno, está mejor equipado para proporcionar a las comunidades con los servicios más rápidos y más confiables. El letrado alegó que fomentar que el Gobierno, a cualquier nivel, compita con la industria privada utilizando el dinero público no es una política que Puerto Rico debería adoptar.

“De hecho, la política pública contenida en el proyecto, es consistente con las disposiciones de PROMESA, las cuales promueven el desarrollo de la empresa privada y que la gestión  gubernamental sea una de facilitar”, planteó el letrado.

Finalmente, el Presidente de la comisión sostuvo que la comisión seguirá evaluando la pieza y que cualquier determinación final será para beneficiar a los consumidores y para romper las cadenas del monopolio.