Comisión de lo Jurídico inicia análisis de legislación para actualizar la Ley 54

El Capitolio - La Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier Laureano, inició hoy el análisis de un paquete de medidas que buscan enmendar la Ley 54-1989, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para atemperarla a la realidad del Puerto Rico del siglo veintiuno.
 
El Proyecto de la Cámara 456, de  la autoría de la presidenta de la Comisión, junto a los representantes Yashira Lebrón, Michael Abid Quiñones, Joel Franqui, Félix Lassalle, tiene como objetivos suspender toda relación filial con respecto a los hijos menores de edad contra quien se emita una orden de protección y eliminar el elemento discrecional del contenido de las órdenes de protección.
 
Durante su ponencia, la Secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Wanda Vázquez Garced, favoreció con enmiendas la medida, puesto a que, según estadísticas, en muchas ocasiones los hijos de la víctimas pueden ser utilizados como instrumentos de manipulación contra el querellante.
 
“Entendemos los fines loables que persigue la medida toda vez que garantizaría la seguridad del menor ante una situación de disputa entre sus padres que requirió la expedición de una orden de protección por parte del Tribunal”, señaló la funcionaria.
 
No obstante, recomendó que el período de suspensión, que la medida estipula sería de tres meses, se acorte a un término de 30 días, bajo el cual el trabajador social de la Unidad de Trabajo Social del Tribunal, con conocimiento en violencia doméstica, realiará una evaluación del caso y someta sus recomendaciones.
 
Sostuvo que esta suspensión debe ser automática en aquellos casos en que los actos de violencia doméstica se cometan en presencia de los menores. Igual, cuando en el Tribunal se dé por sentado un patrón de violencia doméstica por parte del agresor.
 
Vázquez Garced favoreció, además, el Proyecto de la Cámara 10, a los efectos de permitir la presencia de intercesores legales, personas de apoyo, familiares o facilitadores durante el testimonio de la víctima de incidentes de violencia doméstica. Sin embargo, mostró reservas a la presencia obligatoria de un representante del Ministerio Público o intercesor en este momento y recomendó que la presencia sea mandatoria en la vista de determinación de causa probable para arresto contra el agresor, en casos en que se produzca daño corporal a la víctima, cuando se cometa maltrato aun cuando exista una orden de protección, amenaza o agresión sexual.
 
La Titular no mostró objeción al Proyecto de la Cámara 318, de Charbonier Laureano, para requerir que toda persona que desee casarse en Puerto Rico presente un certificado sobre violaciones a los estatutos de la Ley 54. Si alguno de los contrayentes ha tenido casos anteriores por dicha ley, deberá  tomar un taller de Prevención de Violencia Doméstica. El mismo será autorizado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y se estipulará como requisito previo para contraer matrimonio civil.
 
“El Departamento de Justicia no tiene objeción legal al proyecto, toda vez que persigue un fin apremiante, de proteger a toda persona que interese contraer matrimonio de ser víctima de un agresor convicto”, explicó.
 
En su turno, la Oficina de Procuradora de la Mujer, apoyó el Proyecto de la Cámara 456, siempre y cuando se evalúe caso a caso antes de suspender las relaciones filiales y que las mismas sean de forma provisional hasta que la Sala de Relaciones de Familia disponga lo contrario.
 
Mientras, la licenciada Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva de Servicios Legales de Puerto Rico, recomendó que “dada la gravedad y la complejidad de las circunstancias que rodean los eventos de violencia doméstica, es necesario en todos los casos, previo a que se establezcan relaciones filiales para con los hijos producto de la relación con la parte agresora, la presencia de un profesional entrenado que pueda indicar si esta relación sería beneficiosas para los menores”.
 
Durante los trabajos, Charbonier Laureano señaló que lo que se plasma con las enmiendas propuestas “es la realidad de lo que se vive allá afuera. Son situaciones dramáticas donde se usa a un niño como un botín de guerra y llega a tal punto que se maltrata o se le da muerte a ese niño. Eso debe preocuparle a cualquiera”. Añadió que con los cambios a la ley, se busca proteger los derechos de las víctimas y a su vez el de todos los miembros vulnerables de su familia.