Aseguran salida de cruceros afectará el servicio aéreo

El Capitolio – La portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, Daphne Barbeito, denunció hoy que con la salida de las cuatro principales líneas de cruceros de la Isla, debido a la concesión de un contrato a Global Holdings para la administración de las instalaciones portuarias de cruceros en San Juan, no solo se afectará la llegada de visitantes en las embarcaciones sino también tendrá un efecto en el acceso aéreo para Puerto Rico de hasta un 40 por ciento.

En vista pública de la la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presidida por el representante José Aponte Hernández, la también presidenta de Cruceros To Go, aseguró que “con la salida de las cuatro líneas principales de cruceros, Puerto Rico estará perdiendo entre un 30 a un 40 por ciento del acceso aéreo, y no tenemos que abundar en el impacto dominó que eso tendrá para la oferta hotelera del país y la competitividad de destino”.

Barbeito añadió que la falta de capacidad para suplir la demanda aérea a su vez, tendrá el efecto de incrementar los precios por el servicio y esto significará una menor cantidad de turistas lo que afectará los empleos de alrededor de unas 70 mil personas que trabajan en esta industria.

La deponente estimó las pérdidas, solo en el sector de servicios al viajero de cruceros, de 9 a 10 millones de dólares para el segmento de los guías turísticos y operadores de excursiones, de 40 millones de dólares para las agencias de viajes, de 500 mil dólares en salarios y beneficios para las uniones a cargo de los muelles y de 300 millones de dólares en servicios indirectos y relacionados.

Barbeito reconoció la necesidad de “mejoras y desarrollo para nuestro frente portuario, que no solo se limita al mantenimiento de los muelles. También, reconocemos la situación económica precaria que enfrenta el país y la Autoridad de los Puertos (AP) de Puerto Rico, pero no es menos cierto que esto lo ha provocado décadas de malas administraciones y no a los que hoy vetan una transacción que podría impactar los próximos años de nuestras vidas”.

Por otra parte, se mostró de acuerdo en que existe una oportunidad de “crecimiento desarrollando los muelles 11 -14 y ha sido la posición de la Alianza Turística por Puerto Rico que se cree una APP que atienda ese desarrollo, pero que le permitan a las líneas de cruceros que mantengan los otros muelles actualmente operando”.

La funcionaria se refirió a los muelles 1, 3 y 4 en el Paseo Gilberto Concepción de Gracia y a los muelles 11 al 14 en la Avenida Fernández Juncos en Puerta de Tierra. Los muelles 1 y II se conocen como el Muelle Panamericano ubicado en la Antigua Base Miramar en Isla Grande. El presidente de la Comisión no descartó volver a invitarlos ya que, “nosotros vamos a seguir escudriñando sobre el tema. Tengo que establecer para record que en el pasado semestre cuando se comenzó a hablar más sobre la famosa Alianza Público Privada de Puertos, comenzamos a mirar sobre el particular y en diciembre ante la realidad de una reunión del grupo creado de la Alianza Turística con la señora Gobernadora, entendí prudente dar el espacio ya que vi que se estaba dando un proceso de comunicación efectiva, porque no es hacer vistas por hacer vistas. No obstante, ante la realidad de unos planteamientos públicos efectuados por ustedes la semana pasada, nos dimos a la tarea de citarlos lo antes posible “, para conocer de primera mano la situación.

 Mientras que el representante Luis Vega Ramos cuestionó la constitucionalidad de la ley que da vida a la Alianza Público Privada de los puertos, al opinar que no existen los mecanismos para fiscalizar o cuestionar lo que se haya acordado una vez se firme el contrato.

“Nos están pidiendo que esperemos por fe que un negocio que podría comprometer la totalidad de los muelles de cruceros de Puerto Rico por décadas, sea bueno para todo el mundo y no se permite que nadie vele por el interés público, que incluye la capacidad de hacer negocios de sectores importantes para la economía como los que ustedes representan; yo creo que hay un problema hasta de constitucionalidad ya que se establece que solo se usarán fondos y bienes públicos para fines públicos, quién pude determinar esto, si no se puede establecer lo que se está negociado y cómo se está negociando”, preguntó Vega Ramos.

Por su parte, Nelson Pérez, subdirector de la Autoridad para las Alianzas Privadas (AAPP), aseguró que en todo momento la instrumentalidad ha seguido los parámetros establecidos por ley, que rigen los procesos de adjudicación de contratos al momento de dialogar con la Alianza Turística las sugerencias que estos pudieran traer sobre los trabajos que se siguen. Sin embargo, ante la posición de estos últimos de no firmar el acuerdo de confidencialidad y expresar que la única opción válida era la creación de un consorcio con las líneas de cruceros, los funcionarios “nos dimos por enterados de que desistieron de su interés de continuar con nuestras conversaciones”.

Pérez enfatizó que “el mandato es claro y no permitiremos que intereses conflictivos y ajenos a los procesos que la ley ordena, interfieran indebidamente o mancillen la excelente reputación que nuestras alianzas y nuestra Ley 29 se han ganado a nivel nacional e internacional”.

De otro lado, el Lcdo. Joel Pizá Batiz, director ejecutivo interino de la (AP), hizo hincapié en la falta de fondos provenientes del mercado privado para realizar mejoras a la infraestructura que se utiliza para la llegada de los barcos cruceros de modo que se puedan expandir este mercado.

La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos Vidal, se mostró confiada en que la AAPP “lleva a cabo un proceso vertical e íntegro para allegar una solución de inversión a nuestra infraestructura portuaria que permita que Puerto Rico esté preparado para participar del crecimiento futuro que se proyecta para la industria de cruceros. Las condiciones actuales de nuestra infraestructura portuaria no están listas para ello”.