Recomiendan que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres someta informe

El Capitolio –  Ante el aumento en las solicitudes de órdenes de protección, la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la representante Lourdes Ramos Rivera, presentó un informe final a la Cámara de Representantes requiriendo que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres rinda cuentas a la Asamblea Legislativa sobre el resultado de la evaluación de los programas y talleres sobre violencia doméstica y de las entidades públicas y privadas, que están autorizadas a ofrecerlos.

 

También, exhorta “que mediante legislación, los jueces tengan la obligación de, anualmente, tomar cursos y talleres sobre violencia doméstica y que la Reforma de Salud cubra sesiones con psicólogos en estos casos. Para atender esta situación, hemos presentado legislación al respecto”.

 

El Informe de la Comisión refleja que en el año fiscal 2017-2018, hubo 11,331 solicitudes de órdenes de protección de las cuales se emitieron 4,022, según el Sistema de Órdenes de Protección Automatizadas del Tribunal de Puerto Rico.

 

“De las 4,022 órdenes de protección emitidas en este periodo, solamente se refirieron a 105 parte peticionadas a los programas y talleres.  En la tabla a continuación se detalla la relación de órdenes de protección por región judicial”, sostiene en el documento que se dio por recibido en la Cámara y que será enviado a las agencias e instrumentalidades pertinentes.

 

Esta investigación fue ordenada por la Resolución de la Cámara 1138, de la autoría de la representante Ramos Rivera, que evaluó la implementación, efectividad y resultados de la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”. Esto con el fin de determinar en qué instancias se requiere a la parte peticionada, como parte de una orden de protección bajo dicha Ley, participar de un programa o taller de educación sobre el alcance de esta.

 

En otro asunto, la Cámara aprobó la Resolución de la Cámara 1552, de la autoría de la representante Jaqueline Rodríguez Hernández, que le ordena a la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de personas de Edad Avanzada indagar sobre los programas y servicios relacionados a la enfermedad de Alzheimer, así como el funcionamiento del Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, Huntington, entre otras.

 

“En el Informe de la Salud en Puerto Rico realizado por el Departamento de Salud y publicado en el año 2016, se reportaron 895 pacientes de 60 años o más.  También, se reportó que para el año 2013 la enfermedad de Alzheimer era la cuarta causa de muerte en Puerto Rico.  Destacando que el grupo de edad donde más pacientes hubo fue de 85 años o más, con 262 pacientes. Por esta razón, le tenemos que brindar atención especial a esta enfermedad y promover acciones dirigidas a la prevención de la misma”, sostiene en la medida Rodríguez Hernández.

 

Igualmente, concurrieron con el Proyecto de la Cámara 1686, de la autoría del representante Manuel Claudio Rodríguez, con el fin de ordenarle al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), remitirle informes anuales a la Asamblea Legislativa sobre el progreso de la implantación de la Ley 62-2001, que se dispuso para que el ICO identificara las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Coamo, que daten de años anteriores al 1920 y que por sus características arquitectónicas, históricas, artísticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado histórico para futuras generaciones.

 

A su vez, se respaldó la Resolución de la Cámara 1184 de la representante Maricarmen Mas Rodríguez, que ordena evaluar el cumplimiento de la “Ley Habilitadora para Desarrollar el Plan AMBER”, cuyo propósito es alertar al público sobre el secuestro de un menor de dieciocho (18) años.

 

Según Mas indica en la pieza, “la más reciente activación de la Alerta AMBER en Puerto Rico, tras la notificación de un secuestro alegadamente perpetrado en el municipio de Orocovis, ha arrojado serias dudas sobre el funcionamiento adecuado del sistema. A tales efectos, nos parece necesario analizar la puesta en vigor de las disposiciones de la Ley 70. El propósito es tomar las medidas correctivas para evitar alguna tragedia mayor”. 

 

De igual modo, se favorecieron las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 545 y 546, de la autoría del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la delegación de la mayoría parlamentaria, que reasigna la Autoridad de Tierras y a su Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes para $2,500,000 y a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, la cantidad de $6,250,000 para obras y mejoras en diversos distritos.

 

Asimismo, se dio por recibido el Informe Final que emitió la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, que investigó la determinación y criterios que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sobre la compra de postes de metal en el exterior.

 

El escrito fue sometido por el presidente de la Comisión, el representante Víctor Parés Otero, como parte de la Resolución de la Cámara 1237, mediante el cual evidencia que, de acuerdo a los estimados descubiertos tras múltiples evaluaciones de campo, 48,000 postes del sistema de transmisión y distribución de la AEE sufrieron daños tras el paso de los huracanes Irma y María. También, revela que el costo total de daños en la estructura de energía eléctrica fue estimado por el gobierno en $17,000 millones.

 

Este Cuerpo también avaló Proyecto de la Cámara 2170, a los fines de transferir del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico desde la Administración Central al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a una ubicación permanente e infraestructura como utilidades de agua, luz, internet, seguridad, mantenimiento, servicios relacionados a recursos humanos, finanzas, contabilidad y compras, entre otros aspectos administrativos. Esta medida exige que el Rector del Recinto de Ciencias Médicas, Presidente de la Universidad y Director del Programa le entreguen a la Gobernadora y la Asamblea Legislativa un Informe de Integración como evidencia de los trámites administrativos y operacionales para lograr una cabal consecución.

 

El autor de la medida, el representante Rafael “June” Rivera Ortega, sostiene que “creemos que la mejor ubicación del Programa es siendo parte de un Recinto Universitario donde pueda maximizar los recursos de toda la actividad académica y de investigación. Actualmente, no tienen en su sede actual”.

 

A la lista de aprobaciones se une el Proyecto de la Cámara 1541, del representante Michael Abid Quiñones, a los fines de disponer que los talleres de hojalatería y pintura vendrán obligados a divulgar por escrito al consumidor reclamante el precio total del estimado o cotización de reparación del vehículo, además de la Resolución de la Cámara 467 del representante Joel Franqui Atiles para investigar las condiciones de la infraestructura y así atender emergencias, condiciones de los muelles y servicios en la Isla de Mona.

 

De otra parte, fue reconsiderado y aprobado el Proyecto del Senado 480, cuyo fin es crear la “Ley para la Concienciación y Sensibilidad hacia las Personas con Diversidad Funcional”, a los fines de que se ofrezcan talleres dirigidos a todos los estudiantes del país, bien sean de la corriente pública o privada, en aras de crear conciencia y desarrollar sensibilidad hacia las personas con diversidad funcional o impedimentos.

 

Además, se concurrió con el Proyecto del Senado 1075, para enmendar la ley que crea el “Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del ELA”, y así permitir a los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico y a los Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales acogerse voluntariamente al retiro luego de haber cumplido 55 años de edad y 30 años de servicio. A su vez, propone extender por excepción de edad de retiro obligatorio para Servidores de Alto Riesgo a 62 años de edad, siempre y cuando cumplan los requisitos concernientes a la ley que rige el sistema de retiro de empleados públicos.

 

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el lunes, 28 de octubre, a la 1:00 de la tarde.