El Capitolio – En el último día de la Quinta Sesión Ordinaria, la
Cámara de Representantes dio paso a la Resolución de la Cámara 1316, de la
autoría de la representante Maricarmen Mas Rodríguez, para efectuar un estudio
sobre los procedimientos y protocolos que se encuentran vigentes en nuestros
ordenamiento jurídico para atender y prevenir casos de violencia de género, con
particular énfasis en casos contra la mujer y tomando en consideración el alza
en feminicidios que se suscitaron en el 2018 y los ocurridos en lo que va del
año 2019. La medida pretende indagar
sobre los mecanismos que tienen las víctimas de violencia doméstica para salir
de riesgo y evaluar las estadísticas de querellas presentadas en la Policía de
Puerto Rico, así como cuántas han pasado al proceso judicial y culminado en una
convicción.
Seguido, este Cuerpo apoyó la Resolución de la Cámara
1277, del representante Ángel Bulerín Ramos, para realizar una investigación
sobre si la Administración de Servicios Generales (ASG) ha cumplido con su
deber fiscalizador en cuanto a las gestiones contractuales de los licitadores
con el Gobierno de Puerto Rico.
Así como, la Resolución de la Cámara 1394, para
examinar las condiciones de infraestructura y la falta de equipo en los
cuarteles del Negociado de la Policía de Puerto Rico dentro del Distrito
Representativo 17, Aguadilla y Moca; la Resolución de la Cámara 1436, para
realizar un análisis sobre la atención de querellas ciudadanas en contra de
representantes autorizados, productores, agentes generales y otros
intermediarios entre el asegurado y las aseguradoras por parte de la Oficina
del Comisionado de Seguros; y la Resolución de la Cámara 1365, para indagar
sobre los permisos, impacto ambiental y de construcción de un hotel y casino
propuesto por la compañía Rincón Bluewater, LLC, en el municipio de Rincón.
Corrido, recibieron los informes finales de las
resoluciones de la Cámara 1218 y 1333, ambas de la autoría del representante
Michael Abid Quiñones Irizarry. La Resolución 1218 investigó el manejo,
acciones y gestiones realizadas por el Municipio de Lares para resolver la
crisis de salubridad ocasionada por el colapso del Cementerio.
Quiñones Irizarry, quien realizó la investigación bajo
la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central, detalla en el
informe final que el Municipio de Lares “está en violación”. Por lo que, ordena
que dicho informe sea referido al Departamento de Justicia para que inicie una
investigación sobre “potencial conducta delictiva”.
También, se recibió el primer informe parcial de la
Resolución de la Cámara 88, que investiga los procedimientos de obtención de
órdenes de protección al amparo de la Ley 54, “Ley de Prevención e Intervención
con la Violencia Doméstica”, ante la alarmante cifra de asesinatos por parte de
personas contra quienes pesan dichas órdenes, su constante violación, los
mecanismos de supervisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación
(DCR).
La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María
Milagros Charbonier Laureano, menciona que, a pesar de los avances que ha
tenido la Ley 54, es necesario identificar nuevas alternativas que permitan
cumplir con el propósito de la referida Ley.
De la Comisión de Transportación e Infraestructura,
que preside el representante José “Memo” González, se aceptaron varios informes.
El primero es el informe final de la Resolución de la
Cámara 113, presentado junto a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y
Asuntos de la Juventud, que analizó la viabilidad de construir un sistema de
alcantarillado sanitario en el barrio San José del Municipio de Toa Baja. El documento avalado por el Pleno, menciona
dos alternativas para atender la situación de la Comunidad, sin embargo, señala
que desde varios años la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha
obtenido financiamiento para la ejecución del Programa de Mejoras Capitales
(PMC). “Esta situación ha redundado en la posposición y paralización de la
mayoría de los proyectos”, indica el memorando.
Segundo, el informe final de la Resolución de la
Cámara 1336, que examinó las condiciones de la infraestructura y de las
reparaciones necesarias en la carretera estatal PR-151, que transcurre entre
los municipios de Orocovis y Villalba. Según el documento, la carretera se
encuentra en “condiciones de pobre mantenimiento” y detalla que a partir del 15 de agosto de
2019, se comenzaran los trabajos de escarificación del asfalto, nivelación del
terreno, canalización de las aguas y pavimentación del tramo.
Bajo la Resolución de la Cámara 1057, el Parlamento
recibió el primer informe, que investiga la problemática de desbordamientos de
aguas en la Calle Perseo de la Urbanización Altamira en San Juan. Esto, a causa
de los tres cuerpos de agua que se conectan en la zona, además, la pieza
legislativa busca alternativas para reducir la congestión vehicular diaria en
esa zona.
González Mercado finiquitó en el escrito, la necesidad
allegar fondos para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) realice los estudios y obras necesarias en el área afectada.
A su vez, los Miembros Legislativos aceptaron el
informe parcial de la Resolución de la Cámara 797, de la representante
Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, que estudia las necesidades de
desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, empleo, ambiente y transporte,
entre otros, tras el paso de los huracanes Irma y María por la Región Sur de
Puerto Rico; y el primer y segundo informe parcial de las Resolución de la
Cámara 943, del representante Manuel Claudio Rodríguez, que también examina la
situación actual de los municipios que componen dicha Región, en cuanto a lo
económico, tasa de desempleo, medio ambiente, turismo e infraestructura, entre
otros.
Por otro lado, se recibió el informe final de la
Resolución de la Cámara 1165, que estudió los protocolos de seguridad y planes
de contingencias existentes y utilizados por El Capitolio de Puerto Rico. El
presidente de la Comisión de Asuntos Internos, el representante Santiago
Guzmán, reconoce que, existe “un detallado y completo protocolo de
emergencias”, que “atiende de manera integral” las fases de preparación,
respuesta, mitigación y recuperación.
La Cámara concurrió con las enmiendas introducidas por
el Senado de Puerto Rico en el Proyecto de la Cámara 120, que enmienda dos
artículos de la “Ley de Viajes Estudiantiles”; el Proyecto de la Cámara 270,
que añade un nuevo artículo a la “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”; el
Proyecto de la Cámara 810, varias cláusulas y un inciso de la “Ley de la
Policía Municipal”; el Proyecto de la Cámara 1095, para adoptar la “Ley de
Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información
Pública”; el Proyecto de la Cámara 1150, para enmendar dos artículos de la “Ley
para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y
Privados” y el Proyecto de la Cámara 1392, para enmendar la “Ley Uniforme de
Confiscaciones de 2011”. A la lista se suma el Proyecto de la Cámara 1521, para
crear la “Ley para Facilitar la Reintegración a la Comunidad de la Persona
Exconfinada”; el Proyecto de la Cámara 1631, para establecer el “Registro de
Servicios Especiales del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto
Rico”; el Proyecto de la Cámara 1841, que enmienda el “Plan de Reorganización
del Consejo de Educación de Puerto Rico”; el Proyecto de la Cámara 1861, para
enmendar varios de la “Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación
Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y del Sistema de Información de Información de Justicia Criminal”; el
Proyecto de la Cámara 1891, que enmienda la “Ley para Reglamentar los Negocios
de Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces”
y el Proyecto de la Cámara 1972, para designar la carretera estatal PR-635 con
el nombre de “Frankie Hernández Jové”. También concurrieron con el Proyecto de
la Cámara 2009, que enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y
Deportes”; y el Proyecto de la Cámara 2110, que crea la “Ley para Fortalecer la
Autonomía Funcional y Actividad Educativa, de Investigación y Servicio del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico”.
De igual forma, se concurrió con las modificaciones realizadas
por el cuerpo hermano en la Resolución Conjunta de la Cámara 143, que ordena el
traspaso de la antigua Armería de la Guardia Nacional al Municipio de Ceiba; la
Resolución Conjunta de la Cámara 225, para ordenar a la Universidad de Puerto
Rico (UPR) y a la Junta de Planificación (JP) a realizar un inventario de todas
las propiedades inmuebles perteneciente a universidad; Resolución Conjunta de
la Cámara 295, para mandar al Secretario de Agricultura y al Presidente de la
JP a liberar las restricciones de los predios del Proyecto Alvarado del barrio
Saltos de Orocovis; la Resolución Conjunta de la Cámara 311, para ordenar al
Departamento de Educación (DE) a realizar un inventario urgente de todas las
obras de artes, murales, pinturas y esculturas que son parte de las escuelas
públicas; la Resolución Conjunta de la Cámara 338, para ordenar el traspaso el
Anexo a la Escuela Superior Central de San Juan al Fideicomiso de Ballets de
San Juan y la Resolución Conjunta de la
Cámara 363, para dictar a la JP y al DRNA
a crear un área para bañistas en la Reserva Cayo Caracoles. Además de la
Resolución Conjunta de la Cámara 459, para denominar la carretera estatal
PR-964 de Loíza con el nombre de “Gabriel Santos López”; la Resolución Conjunta
de la Cámara 474, para transferir la antigua Escuela de la Comunidad Centro de
Adiestramiento y Bellas Artes de Aguadilla a la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Aguadilla; la Resolución Conjunta de la Cámara 483, para ampliar las
facultades en la utilización de los fondos asignados por la Resolución Conjunta
19-2019; la Resolución Conjunta de la Cámara 488, que ordena al Departamento de
Transportación y Obras Públicas (DTOP) crear una webpage donde los ciudadanos puedan orientarse y sacar sus citas
para los trámites ante los Centros de Servicios del Conductos (CESCO); la
Resolución Conjunta de la Cámara 493, para permitir al Secretario del DTOP a
incluir en sus respectivos reglamentos que, conforme a los formularios y
requisitos en la expedición y renovación de licencias de aprendizaje y
licencias de conducir, todo certificado médico incluyendo el examen de visión,
tenga una vigencia de doce meses; y la
Resolución Conjunta de la Cámara 498, que resigna fondos al Municipio de Camuy.
A su vez, la Resolución Conjunta de la Cámara 504, que reasigna fondos al
Municipio de Bayamón; la Resolución Conjunta de la Cámara 512, que reasigna
fondos a la Oficina de Diseño y Construcción del Municipio de Bayamón; y la
Resolución Conjunta de la Cámara 513, para asignar fondos a la “Ley para
Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de
aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”.
Del mismo modo, la Cámara aprobó los informes de
comité de conferencias en el Proyecto de la Cámara 650, para establecer un
nuevo término para un referéndum en aras de extender los beneficios del Sistema
de Seguro Social a los miembros de la Policía de Puerto Rico; el Proyecto de la
Cámara 578, que enmienda la “Ley Orgánica de la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico”; el Proyecto de la Cámara 976, para designar con
el nombre de Escuela Antonio Pacheco Padró a la Escuela Hato Viejo Cumbre del
municipios de Ciales; el Proyecto de la Cámara 2007, que crea la “Ley de
Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de
Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión
Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad Grave”; la Resolución
Conjunta de la Cámara 74, que ordena la transferencia de las instalaciones y el
solar donde ubica la fábrica Pan Am Shoe Co. al Municipio de Camuy; y la Resolución Conjunta de la Cámara 196, que
enmienda la “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”. Se suma la Resolución Conjunta de la Cámara
222, para segregar y ceder los terrenos donde enclavan las viviendas de los
residentes de la “Comunidad Villa Esperanza”; el Proyecto del Senado 218, que
crea la “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de
Farmacia”; el Proyecto del Senado 236, que establece la “Ley de Datos Abiertos
del Gobierno de Puerto Rico”; y la Resolución Conjunta del Senado 378, que
reasigna fondos al Municipio de Camuy.
Por otra parte, se autorizó extender hasta la Sexta
Sesión Ordinaria el rendir informes a las comisiones de Desarrollo de la Ciudad
Capital y Asuntos de la Juventud; de Educación Especial y Personas con
Discapacidades; de Turismo y Bienestar Social; de Desarrollo Integrado de la
Región Este; de Salud; de Transportación e Infraestructura; de Agricultura,
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales; de Pequeños y Medianos Negocios, y
Comercio; de Desarrollo Integrado de la Región Sur; y de Desarrollo Integrado
de la Región Sur Central. Esto, bajo las resoluciones de la Cámara 1428, 1433,
1434, 1441, 1442, 1443, 1449, 1450, 1455, 1456, 1457 y 1458.
Mientras, en la Resolución de la Cámara 1448, se apoyó
relevar a la Comisión de Salud y conferirle a la Comisión de Educación Especial
y Personas con Discapacidad a realizar el estudio que menciona la referida
Resolución; y extender el término para rendir su informe.
Los trabajos en la Cámara de Representantes continúan…