El Capitolio – La Comisión de Recursos
Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui
Atiles, comenzó el análisis de la Resolución de la Cámara 1396, que busca
investigar el cumplimiento de la Ley 67-2017, que tipifica como conducta
delictiva estacionar vehículos de motor, todo terreno y motoras, en los cuerpos
de agua de la Isla.
El portavoz de la
organización Comunidad Toro Negro en Ciales, José Figueroa Pesquera, alegó que “ninguno
de los agentes del Cuerpo de Vigilante, de la Policía de Puerto Rico ni la
Policía Municipal conocen de esta Ley”.
“Los vigilantes que acuden
allí van con el mayor deseo de hacer su trabajo, pero en todos los casos su
queja ha sido que no tienen recursos, que no tienen vehículos”, dijo Figueroa
Pesquera al señalar que las agencias están respondiendo a su llamado y que se
llevan reuniendo desde el 2015 para concretizar los planes de vigilancia.
Seguido, insistió en mayor capacitación a los empleados públicos para poder
hacer valer la Ley.
En representación de la
entidad Para la Naturaleza, asistió Ricardo Rodríguez, quien informó que al
momento no ha disminuido la contaminación en los cuerpos de agua,. “La respuesta
es no”, afirmó al insistir que “hace falta mayor educación y reforzar las
herramientas de reciclaje”.
La exposición de motivos
de esta pieza legislativa expresa, “hemos recibimos denuncias de ciudadanos que
nos refieren que la práctica de estacionar vehículos sobre cuerpos de agua
continúa a pesar de las prohibiciones existentes”. Así como, “los reclamos
consisten en que, a pesar de haberse realizado denuncias a las autoridades
pertinentes, quienes incurren en tal actividad prohibida permanencen impunes”.
Los autores de la medida son
el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló y la vicepresidenta
cameral, Lourdes Ramos Rivera.
Al inicio de los trabajos,
comparecieron el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el
Departamento de Salud (DS).
Laura Díaz Solá, asesora
legal del DRNA, reconoció a los miembros de la Comisión que no existe un
reglamento. “La Ley es clara, la conducta prohibida y las penalidades. El
Cuerpo de Vigilantes actúa conforme a los protocolos establecidos por el mismo
cuerpo. En realidad, entendemos no habría que reglamentar más allá…”, argumento
Díaz Solá al presentar el Plan de Vigilancia, que se utiliza para cumplir con la
ley y prohibir el acceso de los vehículos a los ríos y arroyos, entre otros.
La Ley dicta a las
agencias de Salud y a Recursos Naturales y Ambientales, o cualquier otra
instrumentalidad gubernamental, a que enmiende cualquier reglamento para
cumplir con el propósito de la ley, creada y puesta en vigor en el 2017.
El Presidente de la
Comisión, indagó sobre el registro de querellas e intervenciones, a lo que la sargento
del Cuerpo de Vigilantes, Haydalis Ronda, aclaró que son “mínimas” las
querellas, a su vez, afirmó que sí se han emitido multas por vehículos a los
lados del cauce.
En su turno, el representante
Jesús Manuel Ortiz González argumentó que, “aquí evidentemente es falta de
implementar la Ley… Para eso necesitamos un compromiso y necesitamos una acción
de las agencias llamadas a hacerlo…”. Simultáneamente señaló que la Ley “impone
una pena bastante considerable”.
Según la penalidad de la
Ley, se castiga con multa desde 100 hasta 10 mil dólares, o cárcel por un
término no menor de 90 días de ni mayor de tres años, o ambas penas, por cada
violación.
Mientras, el ingeniero Javier
Torres del DS, dijo que la Ley “estableció un disuasivo al imponer penalidades
a aquellas conductas de los ciudadanos que impactaran adversamente algún
recurso de agua”. Esto, al favorecer la investigación.