Cámara viabiliza medida para allegar más ingresos a Ciencias Médicas de la UPR

El Capitolio – En aras de buscar soluciones y alternativas innovadoras y creativas que permitan allegar más fuentes de ingresos externos al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Cámara de Representantes aprobó una medida de la autoría de su presidente, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que posibilita un mecanismo para las corporaciones subsidiarias a esos efectos.

 

Según establece el Presidente en el Proyecto de la Cámara 2110, “lo que busca esta legislación es cambiar un tanto la estructura jurídica de la administración, para darle mayor flexibilidad operacional y funcional, en la identificación y obtención de fondos externos, y la identificación de recursos privados o propios, que permitan a estas unidades del Recinto, cumplir con sus metas, dentro del nuevo escenario fiscal que tiene el Puerto Rico del Siglo XXI”.

 

Méndez Núñez destacó que el Recinto tiene el reto institucional de contar con estructuras autónomas para administrar propuestas y grants externos para investigación y actividades educativas esenciales para el sostenimiento de sus operaciones y la preservación de su acreditación.

 

De otra parte, para evitar la corrupción gubernamental sin socavar las garantías constitucionales que protegen a todo ciudadano, también se concurrió con el Proyecto de la Cámara 1153, de los representantes Joel Franqui Atiles y José “Che” Pérez Cordero, para establecer que el Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones públicas,  no podrá otorgar contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoría ni cualquier otro tipo de contratación a entidades jurídicas creadas dentro del término de un año desde que el gobernador electo juramenta a su cargo.

 

“El uso indebido del poder público para conseguir una ventaja ilegítima es corrupción. En estos casos los incorporadores tenían conocimiento previo de que tendrían ventaja y acceso como consecuencia del cambio de gobierno. Por lo que será nulo un contrato otorgado a favor de una corporación entidad jurídica en violación a la moratoria de un año que establece esta medida”, expresó Franqui Atiles al presentar la medida en el Hemiciclo.

 

A su vez, señaló que cuando la entidad jurídica supla, dentro de la moratoria, bienes y/o servicios al Gobierno de Puerto Rico se entenderá que fueron ofrecidos gratuitamente, y el Departamento de Justicia deberá cobrar a la entidad jurídica en violación a esta Ley el doble de la partida que mediante sentencia un tribunal disponga que debe retornar al erario público.

El representante Manuel Natal opinó que “sin duda alguna, es un paso en la dirección correcta. En este país… ha estado la cultura que de hoy yo te doy, y luego espero algo a cambio”. Asimismo, el representante Denis Márquez sostuvo que “realmente no va resolver los problemas graves que tiene el Gobierno de Puerto Rico. Aquí están atacando a las corporaciones. Es mucha la epidemia de contratación indebida”. Seguido, el representante Luis Vega Ramos apreció que “se da el fenómeno al que hemos estado sometido en varias instancias en tiempos recientes. Hasta el día de año nuevo crean corporaciones”.

 

Asimismo, se dio paso al Proyecto de la Cámara 2117 de origen administrativo, para enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. Esto a los fines de excluir el Servicio de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y transferir sus funciones, operaciones y servicios, conocido como el sistema de atención ciudadana “Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1”, al Departamento de Estado. De acuerdo con el proyecto legislativo, el Servicio 3-1-1 se creó para reducir el alto volumen de llamadas que se reciben a través del Sistema 9-1-1 de emergencia,  y así proveerle al ciudadano una línea más ágil para el acceso fácil y directo a los servicios del Gobierno.

 

Por otro lado, fue respaldado el Proyecto de la Cámara 2054 de José “Memo” González Mercado que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los fines de añadir la condición Hemofilia, en su modalidad moderada y severa, en la lista de condiciones para conceder permisos de estacionamiento en áreas designadas para personas con impedimentos.

 

Mientras tanto, el Cuerpo respaldó los Proyectos de la Cámara 2055; 2107; 2108, para denominar un tramo de la Carretera PR-3 del municipio de Humacao, como “Marcelino Zayas Criado”; denominar la sala principal del Teatro Ideal del municipio de Yauco como la Sala “Félix Rafael Valedón Ortiz” y el teatro como “Teatro Amaury Veray Torregrosa”, respectivamente.

 

Al mismo tiempo, se respaldó la Resolución de la Cámara 1318, también de Pérez Cordero junto a la representante Maricarmen Más Rodríguez, para que se investiguen los hallazgos constantes de desperdicios biomédicos en el litoral costero de los municipios de Añasco y Mayagüez. De modo que puedan ser referidos a investigación de todas las agencias pertinentes y así fijar responsabilidad civil o criminal.

 

Los Representantes señalan con preocupación que los hallazgos de estos desperdicios biomédicos datan de los años noventa y continúan surgiendo. “El evento más reciente ocurrió el año 2016, con el hallazgo de bolsas de desecho biomédico en el litoral costero de Mayagüez y un vertedero clandestino ubicado aguas arriba del Río Grande de Añasco. A pesar de que se ha logrado identificar el material en la costa, nunca se ha recibido información sobre quien es la persona o entidad que está arrojando los desperdicios en el lugar”, expresó Pérez Cordero.

                       

Entretanto, el presidente Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, presentó el Informe Final Resolución de la Cámara 1257, que investigó el proceso de desembolso de los fondos federales Community Development Block Grant (CDBG) y Community Development Grant-Disaster Recovery (CDBG-DR), por parte del Departamento de Vivienda Federal al Gobierno de Puerto Rico ante el paso del huracán María.

 

 El Informe Final explica que se utilizarán tres métodos de distribución para administrar los programas de recuperación: un modelo de distribución directa, un modelo de distribución de sub-recipiente y un modelo de distribución sociedad.  Además, indica que no menos de un 70 por ciento del monto de los fondos del programa CDBG-DR tienen que ser utilizados para apoyar actividades para programas de vivienda que beneficien a las personas con ingresos de bajos a moderados.

 

“Cuando se presentó el Plan de Acción, había unos 11 proyectos bajo el programa de crédito contributivo LIHTC, que administra la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), listos para comenzar sujeto a financiamiento de Brecha. Para la primera fase del programa se seleccionaron siete proyectos localizados en los municipios de Caguas, Coamo, Humacao y San Juan, en los cuales se estima la creación y rehabilitación de sobre 900 unidades de vivienda; y una inversión que supera los $300 millones”, adjudicó Pérez Ortiz.

 

Igualmente, mencionó que el total para el presupuesto de planificación es de $ 175,250,000, lo que se dividirá entre las siguientes partidas: planificación integral de la resiliencia comunitaria; iniciativas de planificación de agencias; planificación de recuperación económica; competencia de innovación de resiliencia en el hogar; y otros tipos de planificación. Añadió que el Departamento de Vivienda debe presentar trimestralmente a la Asamblea Legislativa un informe detallando el estatus de proyectos, zonas impactadas, informe de gastos, hallazgos y planes potenciales, así como cualquier otro dato que sirva para difundir la información al público.

 

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 20 de junio de 2019, a las 11:00 de la mañana.