Médicos endosan medida que fija normas uniformes para tratamiento a pacientes de cáncer

El Capitolio – La Comisión de Salud, que preside el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, reanudó el estudio del Proyecto del Senado 1096, que crea la nueva “Ley de normas uniformes para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes de cáncer en Puerto Rico”.

El sub director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Robert Hunter, aseveró, al favorecer la medida, que la manera más efectiva de controlar el cáncer es la detección temprana cuando se hace posible su erradicación.

Indicó que, optimizar el cuidado de pacientes con esta condición “es un proceso complejo que abarca múltiples factores”. Además, recalcó como esencial dicho cuidado para que el paciente llegue al nivel deseado. Por lo que recomendó que, se evalúe la medida a la luz de las guías y estudios más recientes emitidos por las entidades gubernamentales y asociaciones privadas concernientes. Especialmente las federales.

Como parte de sus recomendaciones, Hunter sugirió los estudios realizados por el Centro para el Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Cáncer que emite recomendaciones para la prevención temprana y tratamientos diversos subtipos de tumores y malignidades. También los estudios realizados por la Sociedad Americana del Cáncer y la Sociedad contra Linfoma y Leucemia.  No obstante, indicó que la información más completa, actualizada y objetiva sobre tratamientos es publicada por el Instituto Nacional de Cáncer en su página cibernética: cáncer.gov-PDQ.

De otra parte, el galeno propuso a la Comisión incluir en el proyecto de ley los mandatos para que una vez establecido el diagnóstico de malignidad todos los estudios y procedimientos necesarios deben realizarse prontamente. Además, de los medicamentos básicos de quimioterapia y premeditación que deben estar disponibles para acceso inmediato de los pacientes, entre otros.

Asimismo, la procuradora del Paciente (OPP), Edna Díaz de Jesús, sostuvo que la pieza es cónsona con la Misión de su Oficina, ya que es un factor determinante al momento de evaluar que un servicio sea de calidad.

Sobre el proceso de pre-autorización la Procuradora dijo, a su juicio, trasgrede un servicio de la más alta calidad. Narró que la Oficina ha tenido que intervenir en casos en los que un paciente de cáncer ha sido expuesto al no recibir su tratamiento por más de una semana, porque a pesar de que un Oncólogo haya certificado que necesita cierto medicamento, tiene que esperar por la aseguradora a que emita su juicio con relación al mismo.

Díaz de Jesús agradeció y favoreció la intención legislativa de que sea la Procuraduría quien procese las querellas relacionadas a violaciones de los derechos de los pacientes.

También, compareció el presidente de la Asociación Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico, el doctor Pedro Pérez, quien apoyó la legislación al considerar que, “de aprobarse, se establecería un protocolo para tratar el cáncer, lo cual redundaría en beneficio para los miles de pacientes que viven con esta condición en la Isla”, a la vez, que entregó a la Comisión las enmiendas sugeridas. 

Por otro lado, acudió la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, quien expuso que a pesar de comprender la intención del P. del S. 1096, señaló la importancia de “evaluar los requerimientos económicos que representaría la aprobación de esta Legislación, y la imposibilidad de aprobarse de no identificarse fuentes recurrentes de fondos para poder compensar el incremento en costo que conllevaría esta nueva legislación”.

La Funcionaria informó que, auscultó con su firma actuarial el impacto económico que tendría la inclusión de los 29 medicamentos adicionales a la cubierta médica y cómo impactaría económicamente el Plan de Salud del Gobierno de eliminarse por completo las pre-autorizaciones. “Debido a la complejidad de este estudio, nuestros actuarios informaron que el mismo podría tardar aproximadamente 60 días en completar. No obstante, adelantan que el número puede ascender sobre los cien millones de dólares en impacto fiscal”, sustentó.

Además, la licenciada Iraida Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Salud de Puerto Rico (ACODESE) disintió al exponer que la misma encarecería los costos de las primas. “Esta medida va a incrementar sustancialmente el costo de las primas, ya que muchos de los medicamentos listados, son de alto costo. Igualmente, tendrá un impacto económico al Plan de Salud del Gobierno”, añadió.

Sin embargo, recomendó a la Comisión a considerar como base el cumplimiento de las guías establecidas por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN, por sus siglas en inglés) para promulgar cualquier legislación, sin imponer una extensa lista de medicamentos y sin quitar las pre-autorizaciones, que son necesarias para salvaguardar la seguridad de los pacientes.