El Capitolio – La epidemióloga
del Departamento de Salud (DS), Jessica Irizarry Ramos, informó que a pesar de
que en el 2011 se aprobó una ley que ordena a la Agencia la creación de un
Registro de Diabetes a nivel de la isla, la misma no existe.
La Funcionaria explicó que en el momento en que se aprobó la “Ley para
establecer en el Departamento de Salud un Registro de las personas con Diabetes
Mellitus”, ella fungía como epidemióloga del Programa de Diabetes y que se
aprestó a estudiar la manera en la que se podía implantar este mandato de ley.
Mencionó, además, que en dicho análisis encontró que este tipo de registro no
se llevó a cabo debido a que los mismos se implementan para condiciones poco
prevalentes en la población, lo que no es el caso de la diabetes.
Los datos fueron revelados en vista pública de la Comisión de Salud,
presidida por el representante Juna Oscar Morales Rodríguez, en el estudio del
Proyecto de la Cámara 1755, para enmendar la “Ley de la Administración de
Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de ampliar y extender a toda
persona diagnosticada con diabetes tipo I los beneficios de la cubierta básica
que brindan los planes de seguro a esta población, luego que lleguen a la edad
adulta de los 21 años.
Según la Epidemióloga, los únicos países que llevan a cabo este tipo de
registro son los que sus ciudadanos desde que nacen están dentro de un sistema
de salud universal. En el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, señaló que las
estadísticas que se recopilan para esta condición son desde los 18 años en
adelante, lo que no toma en cuenta a los pacientes pediátricos.
“Cuando nos llega la responsabilidad al Programa de Prevención y Control
de Diabetes de Puerto Rico que es subvencionado en su totalidad con fondos
federales con propuestas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) no teníamos en ese momento los fondos para comenzar la
ejecución o la implementación del registro como está en la ley, hicimos la
consulta al CDC a ver si podíamos usar los fondos que ellos nos aprobaron para
la propuesta y nos dijeron rotundamente que no”, dijo Irizarry Ramos al
sostener que en ese momento, la ley no asignó los fondos para la iniciativa y
tampoco se incluyó en la petición presupuestaria de la agencia.
Sin embargo, señaló, que los fondos si podían utilizarse para un sistema
de vigilancia que es diferente a lo ordenado por ley de la condición para la
cual no existen estadísticas locales certeras según admitido por el doctor
Bolívar Pagán Quiñones, director ejecutivo del Centro de Diabetes Romero
Barceló, como por el endocrinólogo pediátrico, doctor Carlos Leyva Jordán,
quien también es paciente de diabetes tipo 1 desde la niñez.
Ante ello, el legislador cuestionó las veces que se notificó sobre esta necesidad
a la Asamblea Legislativa, a lo que la Funcionaria dijo que en dos ocasiones se
ha recibido peticiones para conocer sobre la ejecución de esta ley y se le ha
dado la información.
Corrido, Morales Rodriguez instruyó a Irizarry Ramos a que en 15 días
laborables informe a la Comisión sobre el status de este registro y el plan de
trabajo que se llevará a cabo para poner en vigor el mismo.
La ley establece una responsabilidad para los médicos, laboratorios y
facilidades de salud de informar los casos que se diagnostiquen e impone
penalidades por su incumplimiento con multas de hasta 500 dólares.
“Miren las cosas absurdas de nuestro Puerto Rico, dice la ley que el
incumplimiento de esta ley conllevaría multas; yo multaría desde el Secretario
y todos los responsables de esto. Por eso es que me he propuesto, desde que
llegue a esta Cámara de Representantes, no ser un legislador de presentar
medidas que se conviertan en letra muerta, porque esto es lo que pasa; se
aprueban leyes que luego se convierten en letra muerta”, argumentó el
representante.
El representante puntualizó que, si este registro estuviera en
funcionamiento, se podría establecer estadísticas de la condición, lo que daría
paso a que el gobierno federal pudiera asignar fondos para el tratamiento que
podría evitar otras complicaciones tales como accidentes cerebro vasculares,
amputaciones y condiciones renales, entre otras. “Si realmente se necesita
dinero, que nos lo diga yo no tengo ahora mismo ningún documento que me diga a
mí que el DS haya planteado la necesidad de fondos…”, añadió.
Por otro lado, el doctor Leyva Jordán, endocrinólogo pediátrico, apoyó
la medida y recomendó que se enmienden los protocolos para el despacho de las
medicinas y tratamientos para esta condición, ya que los planes médicos requieren
pre autorización cada vez que se emite una receta, lo que en ocasiones deja al
descubierto a los pacientes.