Contadores Públicos, Trabajadores Sociales y Consejerías en Rehabilitación se expresan sobre la colegiación voluntaria

El Capitolio – Los presidentes de los colegios de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CPA), de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) y de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico (CPCR), expresaron su reserva a la aprobación de  varias medidas que eliminan la colegiación compulsoria en Puerto Rico.

Ante la Comisión de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez y que atiende los proyectos de la Cámara 1799, 1790 y 1792. Las piezas legislativas son de la autoría del representante José Aponte Hernández y tienen la intensión de sustituir la colegiación compulsoria por la colegiación voluntaria. 

Cecilia Colón Ouslán, presidenta del Colegio de CPA, discrepó del Proyecto 1799, que elimina la colegiación compulsoria, ya que según “redactado persigue eliminar el Colegio del CPA, con las consecuencias legales que eso pueda conllevar”. En la discusión de la pieza legislativa mencionó, que el derogar el Artículo 1 de la Ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico traerá consecuencia, ya que eliminaría la entidad cuasi-pública que es hoy el Colegio de CPA. 

“La eliminación del Colegio de CPA tendría efecto nefasto para la profesión, y también para el país porque dejaría a los CPA sin un organismo que pueda regular la práctica de la profesión y velar por su calidad”, añadió al exhibir que se perderían empleos y activos que han adquirido por los pasados 46 años. 

Con relación a la colegiación voluntaria mencionó que, “la aprobación de esta disposición, que inicialmente pareciera querer igualar los estatutos aplicables a las diferentes profesiones, lejos de equiparar derecho, puede perjudicar al profesional CPA, que tiene una participación muy activa en las gestiones gubernamentales”. 

También, la presidenta del CPTSPR, Mabel López Ortiz, tuvo sus reservas a la aprobación de la medida, ya que representa un potencial daño a la profesión de Trabajo Social y en los sectores más necesitados, “minimizando su importancia para la sociedad puertorriqueña”. 
De igual forma, manifestó que la aprobación de la legislación provocaría “una reducción de los ingresos del CPTSPR, afectando y poniendo en riesgo seriamente la prestación de los servicios descritos anteriormente, los cuales requieren recursos económicos para ser implementados”.  

Tania Morales Cruz, presidenta del Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico (CPCR), por su parte, defendió la colegiación de dicha profesión al establecer que “el Estado delega una responsabilidad en el Colegio a estar atento a sus miembros en los cumplimientos de ley relacionadas a la profesión. La labor del Colegio representa un ahorro para la Rama Ejecutiva, en cuanto al monitoreo apropiado de nuestra profesión”.  

Aponte Hernández, en su turno, argumentó que hasta el momento se han escuchado las diferentes agrupaciones que censuran las piezas legislativas. “Ahora estamos a la espera de las ponencias de otras personas que las respaldan. Esto lo tendrá que adjudicar la Comisión en su informe”, apuntó. 

El Presidente de la Comisión requirió a diferentes agrupaciones a presentar los estados financieros de sus colegios, a su vez, mencionó que se culminó con la comparecencia de las diferentes entidades que regulan las profesiones en Puerto Rico.