El Capitolio – La
Cámara de Representantes aprobó hoy una medida de la
autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los
representantes José “Memo” González y Víctor Parés-Otero, que ordena investigar el uso de generadores eléctricos y combustible provisto por
el ‘Federal Emergency Management Agency (FEMA)’ o el ‘United States Corps of Engenieers (USACE)’ por parte de
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para generar energía, así como la fórmula
utilizada para facturar a los abonados por la misma.
La Resolución
de la Cámara 1219 pretende inquirir sobre el hecho de que, para junio de 2018, aproximadamente 248 instalaciones de la AEE
operaban con generadores eléctricos tras el impacto del huracán María en
septiembre de 2017, considerada una de las péores catástrofes que ha sufrido la
Isla en su historia.
A esos efectos, adjudicaron que la AEE
está impedida de facturar a sus abonados por costos de generación que no tiene.
Según la exposición de motivos, “entendemos que la infraestructura de la AEE es
la que se está utilizando para la transmisión de energía por lo que resulta
razonable facturar por dicho concepto. Sin embargo, existen costos
asociados con la generación que están siendo cubiertos por FEMA y el
USACE. Por lo tanto, entendemos que la AEE está impedida de facturar a
sus abonados por costos de generación que no tiene”.
Del mismo modo, se dio luz verde a la Resolución de la Cámara 1043, sometida por Méndez Núñez y los
representantes José Aponte Hernández y Joel Franqui Atiles, que ordena investigar el cumplimiento de la RC 195 – 2012 que ordenó la
creación de un “Consorcio para la Protección de Bahía
Puerto Mosquito de Vieques”.
Ante esta situación, la Asamblea
Legislativa aprobó con anterioridad la RC 195-2012 que ordenó a la Junta de
Planificación de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos, al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Autoridad de Energía
Eléctrica, a la Administración de Asuntos Energéticos, a la Junta de Calidad
Ambiental y al Municipio Autónomo de Vieques que lleven a cabo un proceso de
planificación y determinación de usos de suelos en los alrededores de la Bahía.
Destacan que las recomendaciones
propuestas por el Consorcio deben ser atendidas en la Revisión Integral al Plan
Territorial de Vieques o a través de un Plan de Área y debe tener listo y poner
en vigor los reglamentos u ordenanzas aplicables, por lo que amerita
protección, conservación y administración adecuada.
Al mismo tiempo, se consideró la R. de
la C. 1083, del representante José “Memo” González Mercado, para investigar los
planes de contingencia del Gobierno de Puerto Rico o los operadores de los
puertos y aeropuertos ante posibles emergencias que pueda ocurrir en Puerto
Rico, con el fin de no repetir las largas esperas en los muelles y aeropuertos,
así como de vagones detenidos por meses en un proceso que pocos entendían, como
ocurrido tras el huracán María.
A su vez, se favoreció la R. de la C. 659, para realizar un estudio en torno a los
parámetros utilizados por el Negociado de Normas de Trabajo del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos para llevar a cabo inspecciones y resolver
reclamaciones, a los fines de constatar y asegurar que los mismos se lleven a
cabo conforme a las leyes y reglamentos aplicables.
Asimismo, se avaló la R. de la C. 710,
para realizar un estudio sobre el estado de las carreteras y los puentes
del Distrito Número 6, el cual comprende a los municipios de Bayamón, Cataño y
Guaynabo y la R. de la C. 1155, para investigar las condiciones
en que se encuentran las carreteras municipales que transcurren por el Barrio
Ingenio del municipio de Toa Baja, e identificar fondos para la realización de
las mejoras necesarias.
También, fue avalada la R. de la C. 718,
que persigue constatar el cumplimiento adecuado por
parte de las agencias gubernamentales correspondientes a la “Ley para el
Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo”, con el
propósito de asegurar la debida implantación de la política pública promulgada
al amparo de la mencionada Ley; la R. de la C. 1057, para investigar el problema del desbordamiento de aguas en la Calle Perseo de la
Urbanización Altamira causada por los tres cuerpos de agua que se unen en este
lugar; y la R. de la C. 1122, para inquirir sobre el estado de situación de los museos
y edificaciones bajo la jurisdicción del Instituto de Cultura Puertorriqueña,
incluyendo, pero no limitándose al aspecto operacional, administrativo y de
infraestructura de los mismos.
Al mismo tiempo, se endosaron dos medidas
que autorizan la transferencia de dos escuelas públicas. La Resolución Conjunta
de la Cámara 59, que ordena la transferencia libre de costo de la titularidad
de la antigua Escuela William Rivera Ponce en Bayamón a la ‘National Talent
Academy’ y la Resolución Conjunta de la Cámara 338, que ordena la transferencia
libre de costo la titularidad del anexo de la Escuela Superior Central al
Fideicomiso de Ballets de San Juan.
También, se dio por recibido el Informe
Final de la R. de la C. 728 presentado por la Comisión de Pequeños y Medianos
Negocios y Comercio que preside Nelson del Valle Colón, para investigar la falta de recogido de neumáticos, según requerido mediante la “Ley
para el Manejo Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico”.
Se concluyó que el P. de la C. 1890, que
establece la “Ley para el Control Eficiente de la Disposición Final de
Neumáticos Desechados de Puerto Rico”, mediante la cual se redefinen las
responsabilidades del Gobierno de Puerto Rico en lo que respecta a la
administración, manejo, regulación y fiscalización de los neumáticos
desechados, va en la dirección correcta para manejar de forma eficiente e
inteligente lo que son los neumáticos desechados en Puerto Rico, por lo que
da por terminada esta investigación.
Fue aceptado, además, el Informe Final
de dicha Comisión referente a la R. de la C. 318, que evaluó los procesos de contratación y cumplimiento entre las
compañías de telefonía móvil y los agentes de ventas independientes, a fin de
evaluar su efectividad, y realizar las recomendaciones necesarias.
“Analizados los comentarios vertidos por
las entidades que nos remitieron los mismos, debemos concluir que las
situaciones esbozadas por el proponente de esta Resolución se encuentran
ampliamente reguladas por el sistema de derecho que impera en Puerto Rico.
Ninguna información se nos hizo llegar que apuntara a alguna situación
irregular o que fuera contraria a alguna Ley o reglamento”, afirma en el
documento el representante Del Valle Colón.
El pleno cameral respaldó a su vez, el
Primer Informe Parcial de la R. de la C. 69, sometido por la Comisión de
Desarrollo de la Región Noreste, que preside el representante Ángel Bulerín
Ramos, que indagó las razones por las cuales el proyecto
de adquisición e instalación de tubería para agua potable
y otras mejoras relacionadas en el Camino Castro Castresana, Sector Las Yayas,
carretera PR-907, Km.1, Barrio Lomas del Municipio de Canóvanas, permanece detenido tras varios años de haberse iniciado dicho
proyecto.
“A través de vistas oculares y un examen de rigor, se concluyó que dichos trabajos fueron realizados
conforme a las exigencias de la AAA”, sostiene en el escrito Bulerín Ramos.
Mientras, que la Comisión de Educación Especial
y Personas con Discapacidad, que preside el representante Rafael “June” Rivera
Ortega, también rindió un Primer Informe Parcial en torno a la R. de la C. 245,
que investigó la implantación de la “Ley para el Acceso
a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos Significativos,
Mayores de 21 años, de Puerto Rico”.
Según destaca el representante Rivera
Ortega, “analizados los comentarios vertidos por
la Defensoría de las Personas con Impedimentos, la Administración de
Rehabilitación Vocacional, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, la
Oficina del Procurador del Paciente y el Departamento de la Familia, podemos
fácilmente concluir en esta etapa de la investigación que la Ley aparente estar
inoperante”.
La Cámara recesó sus trabajos hasta el
próximo lunes, 4 de febrero de 2019 a la 1:00 de la tarde.