El Capitolio – La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL)
y el Colegio de Abogados y Abogadas favorecieron tres proyectos de ley que
buscan enmendar la Regla 6 de Procedimiento Criminal, para que la fiscalía no
pueda presentar cargos contra una persona mediante denuncia o declaración
jurada sin la presentación del denunciante o testigos bajo juramento.
El respaldo se dio en el inicio de vistas públicas sobre los Proyectos
de la Cámara 1902, 1904 y 1930, que le ofrece además al imputado la oportunidad
de pedir con antelación una copia de la declaración jurada que se utilizará
para acusarlo, de modo que pueda ejercer su derecho constitucional a defenderse
y carearse con sus acusadores, de parte de la Comisión de lo Jurídico,
presidida por la representante María Milagros Charbonier.
La licenciada Yajaira Colón Rodríguez, de la Sociedad para la Asistencia
Legal (SAL), favoreció el Proyecto de la Cámara 1904, del representante Denis
Márquez Lebrón ya que bajo el estado de derecho vigente “la vista de
determinación de causa para arresto es una pro forma donde el imputado y su
representante legal están desventaja frente al Ministerio Público”.
Sobre los proyectos de la Cámara 1902 de los representantes Luis Vega
Ramos y José Enrique Meléndez Ortiz y el 1930 del representante Jorge Navarro
Suárez, respectivamente, que otorga a los imputados el derecho a obtener una
copia de la declaración jurada, expresó que representan “un escenario más
favorable al texto vigente”.
Recomendó, además, que se enmiende el lenguaje de la Regla 6, para la
realización de esfuerzos extraordinarios por parte del Ministerio Fiscal y las
autoridades para que el imputado se presente ante el juez, de modo que no se
determine causa para arresto en ausencia.
Así también sugirió cambios para que se elimine la potestad que tiene el
juez de instruir a la fiscalía sobre la posible existencia de causa para
radicar nuevos cargos, al levantar un acta que se envía a un juez distinto.
Charbonier Laureano fue enfática al señalar que “este desvarío de la
justicia, yo quiero que usted sepa, que lo vamos a corregir; yo nunca en la
práctica de mi profesión entendí esto, es algo que ningún abogado lo puede
entender en Puerto Rico. Esta preocupación no había avanzado legislativamente
debido a las complicaciones en la Legislatura y tristemente tiene que venir un
caso de alto perfil para que nos demos cuenta que de verdad había una situación
injusta y hacerlo público porque el pueblo no sabía esto, sino se pone en el
ojo público, se hubiese quedado así”.
Por su parte, la licenciada Wanda Valentín Custodio, presidenta de la
Comisión Penal del Colegio de Abogados y Abogadas, favoreció estos proyectos al
entender que el procedimiento es “un atropello que ha ocurrido por años”, el
cual ha llevado a la justicia a adoptar lo que calificó como un populismo penal
en el que para atender el problema de seguridad se aumente el número de delitos
y la severidad de las penas.
También, presentó una enmienda al P. de la C. 1904, para que, en este
proceso, el testigo que se presente a declarar bajo juramento, tenga
conocimiento personal de los hechos para ser utilizado en la vista.
Durante los trabajos, el representante Vega Ramos puntualizó que la
aprobación de alguna de estas enmiendas es necesaria ya que “no hacer eso me
parece a mí que viola el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de
poder confrontar efectivamente la prueba en su contra en todas las etapas de un
proceso criminal”.
Seguidamente, el representante Márquez Lebrón opinó que para atender el
problema de seguridad que enfrenta la isla, no puede solucionarse con el
aumento en las penas y los procesos adversativos en los que no se garantiza los
derechos de los ciudadanos, ya que la raíz de la criminalidad es una más
profunda que requiere de estrategias que vayan más allá de la aplicación de
penas mayores.