Finaliza investigación a la Defensoría de Personas con Impedimentos

El Capitolio – La Comisión de Turismo y Bienestar Social, que preside Néstor Alonso Vega, llevó a cabo la última vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 721, bajo la cual se investigó la efectividad y eficiencia de los procesos llevados a cabo en la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), en la cual se recomendó cambios sustanciales a esta agencia, de modo que pueda servir con eficiencia a esta población.
 
A la misma compareció el actual coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos y del Programa para Electores con Impedimentos dentro de la agencia, Gabriel Esterrich quien indicó que desde el 2012 la Administration of Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD) ha presentado preocupaciones sobre el servicio que se le ofrece a las personas con impedimentos. 
 
Específicamente, apuntó al desconocimiento de los deberes y la autoridad que tienen para defender a la población, por lo que se le presentó la inquietud al entonces Procurador de las Personas con Impedimentos Iván Díaz Carrasquillo, para que se mejorara el desempeño de la agencia.
 
Señaló que, en el 2015 bajo la figura del DPI, se intentó mejorar los servicios mediante una participación más amplia de la población, pero que debido a que no se ha cumplido con las encomiendas descritas en la ley, los fondos federales que se asignan para los programas de defensa están en peligro, más aún cuando el pasado 14 de septiembre finalizó la auditoria de las autoridades federales.
 
Por ello, el deponente recomendó que se enmiende la ley para establecer claramente la independencia de los programas de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos del resto de la agencia para que no se afecten estos servicios.
 
Explicó, que el modelo establecería la figura de una Procuraduría en la que el jefe de agencia defienda y sea portavoz de la población. La misma funcionaría con los fondos estatales que se asignan, mientras que los programas de protección y defensa funcionarían de forma separada con la participación de representantes de la población con impedimentos.
 
Por su parte, Erlyn Pagán, presidenta interina del Consejo Directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, hizo un recuento de sus labores al frente del consejo entre las que mencionó el darle seguimiento para llenar las vacantes dentro de este cuerpo colegiado y preparase junto al Defensor Interino y la Directora Ejecutiva para la auditoría de las autoridades federales.
 
“Los directores y el personal se mantienen realizando acciones afirmativas para garantizar que los servicios que se ofrezcan tal como la población tiene derecho. Asumo la responsabilidad desde el momento que comencé a ejercer la presidencia incidental del Consejo Directivo”, indicó la deponente.
 
Por último, se presentó el expresidente del Consejo Directivo, Jorge Jiménez Sánchez, quien, a preguntas del legislador, admitió que no cumplió con los términos requeridos por la ley para conformar el consejo que asesora al Defensor Interino.
 
Al finalizar la vista, Alonso Vega expresó que la recomendación principal es la necesidad de derogar la ley actual y establecer una nueva legislación para atender a la población. 
 
“Nos reuniremos con los asesores y miembros de la Comisión para que con la información que hemos recopilado, podamos hacer las recomendaciones pertinentes tanto a la Cámara como al Ejecutivo”, a la vez que no descartó que pudieran haber referidos a las autoridades pertinentes, por posibles actuaciones ilegales por parte de funcionarios dentro del DPI.