Agencias gubernamentales favorecen proyecto que elimina la ley 80

El Capitolio –  La Comisión de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez, inició con el estudio de la medida que busca derogar la Ley de Despido Injustificado, según el acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cambio de permitir la protección del bono de Navidad de los empleados públicos y privados y los días de vacaciones y de enfermedad con los que cuentan los empleados en el sector privado.
 
Se atendió el Proyecto de la Cámara 1634 y el Proyecto del Senado 1011, ambos de Administración. En el caso del Proyecto 1634 busca eliminar la Ley Núm. 80, conocida como la “Ley de Indemnización por Despidos sin Justa Causa” y el P. del S. 1011, según aprobado por el Senado de Puerto Rico, limita su aplicación exclusivamente a los empleados contratados luego de su aprobación como ley. 
 
Carlos J. Saavedra Gutiérrez, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), favoreció la legislación 1634. Sin embargo, reconoció que “el acuerdo no es perfecto, salvaguarda las pensiones de nuestros retirados, el bono de Navidad de los empleados públicos y privados, y los días mínimos por licencias de vacaciones y enfermedad que acumulan los empleados del sector privado”.
 
Seguido, dijo que existen múltiples estatutos locales y federales que protegen a los empleados del sector privado y que disponen la restitución o reposición en el empleo y otros remedios monetarios. Simultáneamente, enumeró tales disposiciones como la Ley contra el Discrimen en el Empleo, la que garantiza la Igualdad de Derecho al Empleo, Protección a las Madres Obreras, de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencias por Enfermedad; y la que prohíbe el Hostigamiento Sexual al Empleo, entre otras. 
 
Además, mencionó la “Ley de Transformación de Flexibilidad Laboral” donde los trabajadores del sector privado continuarán disfrutando de las herramientas jurídicas contra actuaciones ilegales o inconstitucionales de la relación empleo. 
 
Con relación a la medida cameral que elimina la Ley 80 aclaró que “únicamente se estaría eliminado la causa de acción” y con la legislación del Senado, solicitó a los miembros de la Comisión realizar enmiendas que garanticen el cumplimiento con lo acordado entre el Ejecutivo y la JSF.
 
Asimismo, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, apoyó la aprobación del Proyecto de Cámara 1634 sin enmiendas. “La derogación de la Ley Núm. 80 no deja desprotegidos a los empleados en nuestra jurisdicción de derechos... el proyecto de ley propuesto lo que hace es elevar el contrato de empleo privado a la fuente principal de derecho sobre los términos y condiciones de la relación entre el patrono y el empleado”, sostuvo.
 
Con relación al Proyecto del Senado 1011, solicitó que se armonice con el acuerdo logrado por el Gobernador.
 
Manuel Laboy Rivera, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), expresó que la derogación de la Ley 80 es un paso para la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal. “Todo tenemos claro cuáles son las consecuencias que enfrentaríamos de no aprobarse la medida. Al incumplir el acuerdo con la Junta de Supervisión pondríamos en riesgo los demás acuerdos significativos logrados por el Gobernador de Puerto Rico”. 
 
Igualmente, avaló el Proyecto de la Cámara 1634, según redactado. Referente al Proyecto del Senado 1011,  recomendó sea enmendado para que logre su propósito.
 
Por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, respaldó el P. de la C. 1634 ya que “reafirma todos los derechos laborales establecidos y legislados con anterioridad”. Referente a la medida que limita la aplicación de la Ley 80, apuntó “según aprobado por el Senado, no permite cumplir con el acuerdo con la Junta, por lo que nos vemos impedidos de endosarlo”.
 
En la tarde, participaron los economistas Rafael Romero de Devtech Innovative Solutions for Development y el presidente de Advantage Business Consulting, Vicente Figueroa.  Romero mostró que su análisis es cónsono con la JSF, mientras el Feliciano dice que no encontró ninguna legislación similar a la Ley 80 con el propósito de mejorar su desempeño económico, productividad o nivel de empleo.