Sin resolver controversia sobre instalaciones de rociadores en hogares de envejecientes

El Capitolio – La controversia entre la Federación y Asociación de Instituciones de Cuido Prolongado para Envejecientes y agencias de Gobierno en torno al requerimiento de un sistema de rociador automático de riego para incendios de clasificación “I-2” de parte del Departamento de Bomberos, continuó hoy en la Comisión de Gobierno que preside el representante Jorge Navarro Suárez, cuando dueños de estos hogares sostuvieron que unas 28,000 personas que reciben servicios de cuido prolongado institucionalizado, podrían ser afectadas por esta exigencia.
 
“Los rociadores requeridos bajo la calificación “I-2”no pueden ser instalados en la gran mayoría de los hogares y establecimientos en la Isla puesto que estos están en estructuras residenciales y las mismas no soportan los requerimientos que conllevan la instalación de rociadores institucionales, como hospitales o edificios. El costo ronda en los $50,000 a $70,000”, expresó la presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO),  Tamara Pérez.
 
Asimismo, la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ACCDL), Marisol Pacheco García, advirtió sobre el inminente cierre de facilidades por no poder costear la instalación de este sistema que tiene como efecto la disminución de la oferta que recaería entonces sobre el Estado.
 
Entretanto, el procurador auxiliar del Ciudadano (OMBUDSMAN), licenciado Ignacio Sánchez, dijo a preguntas del representante Navarro Suárez, que como parte de la iniciativa de la búsqueda de una solución se llevaron a cabo reuniones donde estuvieron representados el Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la ACCDL, FICPRO y su Oficina.
 
“No se llegó a un acuerdo final entre las partes, por lo que se acogió extender los permisos de los Bomberos acondicionados al 30 de junio de 2018. Mientras, las partes producirán alternativas de flexibilización por las cuales pudieran transar y llegar a un feliz término”.           
    
Al escuchar las declaraciones de los deponentes, el representante Navarro Suarez determino examinar más a fondo la medida y solicitó copia de las Minutas de las reuniones celebradas entre las partes y, a su vez, solicitarlo al Departamento de la Familia que certifique su posición a favor del Proyecto, cuando en un principio se opuso. 
“Hubo reuniones con el OMBUDSMAN. Se tiene que examinar las leyes y Reglamentos vigentes que les permitirán llegar a acuerdos. Trascendió hoy, que muchos ancianos se quedarían sin servicio porque (los hogares) no tienen la infraestructura para la instalación o los $100,000 para la instalación de los “sprinklers”. Al presente, existen en registro unas 983 facilidades de hogares de personas de edad avanzada licenciados por el Departamento de la Familia, y aproximadamente 235 de adultos y personas de edad avanzada licenciados por el Departamento de Salud. Estas promedian 28,000 personas ubicadas recibiendo servicios asistenciales en estas instalaciones”, señaló Navarro Suarez.
 
Al mismo tiempo, continuaron hoy las vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 1484, del presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, el representante Rafael “June” Rivera Ortega, para establecer  la "Ley para la Educación de los Niños con Discapacidades de Puerto Rico".
 
El licenciado Juan Carlos Ramírez, asesor del Departamento de Justicia, no presentó objeción a la medida. No obstante, observó que debe consultársele a la Rama Judicial en cuanto a la disponibilidad de espacio físico, tecnología y recursos para ubicar a los jueces administrativos para la celebración de las vistas referentes a querellas que serán ventiladas frente a la “Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional” que crea la medida esos fines. 
 
El director administrativo de los Tribunales, de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), licenciado Sigfrido Steidel Figueroa, expresó que esa disposición de la medida es contraria a la separación de poderes al imponerle a la Rama Judicial una concesión gratuita de espacios.