Se evalúa posible enmienda a la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”

El Capitolio – Según proyecciones realizadas por el “Us Census Bureau”, para el año 2050 el 39 por ciento de la población puertorriqueña será de edad avanzada, lo que aumentaría la demanda en servicios dirigidos a dicha población.
 
La proyección se brindó en el inicio de la evaluación del Proyecto del Senado 640 que tiene como fin eximir del requisito de instalar sistemas de rociadores automáticos contra incendios a las ocupaciones existentes de uso residencial o institucional que comprenden las facilidades dedicadas al cuido de larga duración, tanto para adultos como para personas de edad avanzadas. Busca además, que sean licenciadas por el Departamento de la Familia (DF), el Departamento de Salud (DS) o por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). 
 
A su vez, la medida recomienda, como alternativa, la instalación de un panel de alarma digital interconectada, creación de certificados de brigadas de control de incendios incipiente o establecer un plan de acción para casos de emergencias con un enfoque multi-riesgos. Esto ya que resulta sumamente oneroso la instalación de rociadores automáticos. Se estima, que los mismos tienen un costo entre 70 mil a 130 mil dólares.
 
En Puerto Rico, hay registrados unos 983 hogares de personas de edad avanzada licenciados por el DF y aproximadamente 235 de adultos y personas de edad avanzada licenciados por el DS; lo que promedia unas 28 mil personas recibiendo servicios asistenciales en estas instalaciones. De este total, 3,611 son costeados por el DF y 1,078 son ubicados por el DS bajo ASSMCA. 
 
Debido a los altos costos de los rociadores automáticos, las organizaciones que representan dicho sector entienden que alrededor del 85 por ciento de los hogares tendrían que cesar operaciones; lo que redundaría en un aumento en la tasa de desempleo. 
 
A la vista pública de la Comisión de Gobierno que preside Jorge Navarro Suárez, asistió la administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuentes, quien respaldó la pieza legislativa por entender que “es sumamente oneroso para estas entidades. Es por tal razón, que el imponerle la instalación de un sistema contra incendios tan costoso es totalmente inaccesible”.  Añadió que existen métodos alternativos con función similar e igualmente útiles. 
 
 
Por su parte, la secretaria del DF, licenciada Glorimar Andújar, reconoció que tras el paso del huracán María podría resultar oneroso el requerir, de manera inmediata, a los centros de cuido prolongado la instalación de rociadores automáticos como medida de seguridad. Ante ello recomendó, “que se le otorgue un plazo razonable para el cumplimiento. El mismo debe de ser por lo menos de dos años. Sin embargo, otorgamos deferencia al Cuerpo de Bomberos quienes tienen el expertise para indicar cuál es el tiempo razonable y los requisitos que debe cumplir con el Gobierno a la luz de las disposiciones federales en la materia objeto de estudio por la Comisión”. 
 
A la audiencia también asistió representación del Departamento de Seguridad Pública, de la Oficina del Procurador de Edad Avanzada, de la Oficina de Gerencia de Permisos y de la Asociación de Constructores, quienes mostraron reservas con la aprobación de la pieza en discusión. 
 
El ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores, recomendó que se aborde el tema en “el foro técnico y administrativo especializado que ya tiene un proceso activo de revisión de dichos códigos”. Argumentó, que se debe de tener suma cautela y prudencia con cualquier cambio a los códigos de construcción, sobre todo aquellos que están directamente vinculados a la seguridad o protección frente a incendios.
 
La pieza de los senadores Abel Nazario, Rossana López, José Vargas Vidot, Nayda Venegas, Luis Berdiel, Migdalia Padilla y Miguel Romero, señala que su origen es garantizar la seguridad de los residentes, así como la garantía del ofrecimiento de servicios de cuidado de larga duración y su concordancia con los requisitos de prevención de incendio de manera óptima pero sin menoscabar la viabilidad de la actual industria que provee los servicios de establecimientos de larga duración.