DACO favorece política pública de anti-discrimen comercial

El Capitolio – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), respaldó hoy el Proyecto de la Cámara 1217, de la autoría del representante José Aponte Hernández, que propone crear la “Ley Anti-Discrimen Comercial”, y declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la protección de los consumidores contra prácticas discriminatorias de empresas de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos que hacen negocios en Puerto Rico.
 
Al mismo tiempo,  respaldó  el Proyecto de la Cámara 1186, del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, con el fin de instituir como ley, que DACO sea la Agencia con la responsabilidad de establecer un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor local a recibir, de empresas domésticas y multinacionales, el mismo trato que recibe cualquier otro consumidor en los demás estados continentales en cuanto a transacciones comerciales y aquellas otras que entienda pertinentes y sean compatibles con su jurisdicción.
 
El apoyo fue vertido en la segunda audiencia pública sobre las propuestas bajo discusión en la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara que preside la representante Yashira Lebrón Rodríguez.
 
El secretario del DACO, licenciado Michael Pierluisi Rojo, indicó que motivado por acciones discriminatorias como estas, la Agencia adoptó en el año 2011 la Orden Administrativa Núm. 2011-006, para prohibir el trato discriminatorio de parte de empresas estadounidenses. La orden también, definió lo que se considera trato discriminatorio, creó la Oficina Anti-Discrimen Comercial y permitió la presentación de querellas ante el Departamento en contra de esas empresas que incurrieran en esta práctica. Por lo que respaldó el establecimiento de la política pública al respecto.
 
Pierluisi Rojo, mencionó que recientemente la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, una agencia del Gobierno de Estados Unidos, tomó medidas contra American Express Bank por ofrecer condiciones menos favorables en la otorgación de crédito a los residentes de Puerto Rico, como por ejemplo, intereses más altos y condiciones más onerosas de condonación de deuda. Según agregó, la compañía tuvo que pagar $96 millones para compensar a los consumidores por sus prácticas. Mientras que el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo de $169 millones contra GE Capitol por lo mismo.
 
“Algunos ejemplos del trato discriminatorio son la empresa AMAZON, que  no envía un sinnúmero de productos a Puerto Rico ni iguala el servicio de envíos expeditos bajo la membresía AMAZON Prime para los residentes de Puerto Rico; Best Buy no envía productos a Puerto Rico a través de su página cibernética Apple, Jet Blue Card, entre otras.”, dicto el Secretario. 
 
Asimismo, el licenciado Juan Ramírez del Departamento de Justica, opinó que las enmiendas propuestas se encuentran dentro de los poderes de la Asamblea Legislativa y es cónsona con el propósito que busca adelantar, además de que no interfieren con el comercio interestatal.
 
Por su parte, el licenciado José A. Salvatella, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), mostró reservas por entender que no se trata de discrimen. “Las decisiones de negocio en cuanto a honrar precios u ofertas en nuestra Isla están fundamentadas en razones de costos y disponibilidad de productos, a su vez ocasionado por las leyes de cabotaje que nos aplican y nuestra realidad geográfica.