Cámara busca crear nueva legislación Anti-discrimen Comercial

El Capitolio –

Con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias a los consumidores puertorriqueños por compañías estadounidenses, la Comisión Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, que preside por la representante Yashira M. Lebrón Rodríguez, inició con el estudio de una medida que busca crear la “Ley Anti-Discrimen Comercial” y así disponer que será parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico el educar a las compañías sobre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos.

El Proyecto de la Cámara 1127, del representante José Aponte Hernández, tiene como objetivo establecer que sea el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) quien disponga la política pública y la protección de los consumidores puertorriqueños contra prácticas discriminatorias de empresas de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos que hacen negocios en Puerto Rico. Además, establece que el Gobierno de Puerto Rico no conceda incentivos económicos, exenciones o créditos contributivos a empresas que discriminen a los consumidores residentes de la Isla.
 
De igual forma, se atendió el Proyecto de la Cámara 1186, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, que tiene como fin imponerle al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la responsabilidad de establecer programas dirigidos a defender el derecho de todo consumidor local a recibir de empresas domésticas y multinacionales el mismo trato que recibe cualquier otro consumidor en los demás estados continentales en cuanto a transacciones comerciales; y para otros fines. 
 
A la audiencia pública acudió el expresidente del Senado y exsecretario del Departamento de Estado, Kenneth McClintock, quien indicó que los dos proyectos discutidos ante la Comisión son el tema de igualdad comercial por el cual él ha luchado por más de 41 años. 
 
“Los proyectos bajo consideración son pasos en la dirección correcta pero deben sufrir enmiendas dirigidas a que el DACO, más que meramente estar pendiente de algún detalle engañoso de productos mercadeados en Puerto Rico… se enfrasque de lleno en el esfuerzo de expandir el ofrecimiento de productos que actualmente ni se venden en Puerto Rico”, sostuvo. 
 
McClintock incitó a la Comisión, entorno al Ley Anti-discrimen Comercial, que se le ordene al Chief Information Officer de Puerto Rico a colaborar con el DACO para combatir el hecho de que el propio Sistema Mundial de Internet, conocido por sus siglas ICANN, discrimine contra Puerto Rico, ya que actualmente “nos segregan de los Estados Unidos de América, lo que hace operacionalmente más fácil que empresas discriminen cibernéticamente contra Puerto Rico”.
 
Gilberto Arvelo, conocido como Doctor Shoper, quien respaldó ambas medidas, comentó que “la utilización del discrimen es un mecanismo para justificar una estructura de costo más cara en detrimentos de los consumidores en Puerto Rico”. 
 
De igual forma, argumentó que “es ilógico que los consumidores en Puerto Rico no tengan acceso” a ofertas atractivas que están disponibles para los consumidores de los demás 50 estados cuando todos los parámetros y criterios son iguales en Puerto Rico. Incluso, mencionó que esto no solo se limita a los comercios electrónicos, sino también a empresas que tienen presencia físicamente en la Isla. 
 
Dentro de sus recomendaciones estuvo el considerar radicar un pleitos de clase por discrimen a través de la Rama Ejecutiva y el activar a la diáspora consumidora a que desde nos sirvan de eco ante la discriminación. 
 
También, se dio cita el doctor Jorge Argüelles Morán, en representación del Centro Unidos de Detallistas (CUD), quien endosó las dos piezas legislativas por entender que se le confiere al DACO poderes adicionales para cubrir todo asunto que atente contra el consumidor puertorriqueño. 
 
“Nuestro sector empresarial ve con buenos ojos estas normas que vienen a reforzar las herramientas que tiene DACO para defender al consumidor de prácticas desiguales, solo por vivir en Puerto Rico. Es preciso ver las veces en que estas empresas tienen precios más altos en la Isla, y en ocasiones hasta páginas web separadas, mientras que en los Estados Unidos continentales los artículos resultan ser más baratos y hasta se ofrecen sin cargos por envío o, simplemente, no aparece Puerto Rico en la lista de las jurisdicciones aceptables para enviar mercancía. Esto, indiscutiblemente, representa un trato injusto para el consumidor de aquí”.  
 
Por su parte, Alicia Lamboy, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), expresó tener reservas en la aprobación de las medidas. Sin embargo, sobre el Proyecto 1217 dijo que “la medida tiene un fin loable de evitar cualquier discrimen contra los consumidores puertorriqueños, no obstante nos preocupa cierto lenguaje incluido en la medida, ya que existen varias razones por las que algunas de estas compañías se ven impedidas de ofrecer los mismos productos bajo las mismas condiciones en Puerto Rico”. 
 
En cuanto al Proyecto 1186 expresó que el lenguaje de la medida es “sumamente vago en cuanto al programa que se propone. Si el mismo consiste en orientar a las empresas domésticas y multinacionales sobre el consumidor puertorriqueño, similar a la Oficina Antidiscrimen del DACO, no tendríamos objeción al mismo.”
 
Lebrón Rodríguez comunicó que en el próximo mes realizará una mesa redonda con los sectores empresariales, gubernamentales y educativos para atemperar la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor con la realidad del consumidor puertorriqueño.