Comienzan vistas públicas para crear la “Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico

El Capitolio – La Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico Tras los huracanes Irma y María, que preside el presidente del Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez, iniciaron hoy el proceso de vistas públicas sobre el Plan de Reorganización que crea la “Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”, cuyo fin es consolidar varias agencias bajo una misma entidad.

El nuevo organismo unirá a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía de Puerto Rico y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en un solo cuerpo que formará parte del Modelo para la Transformación Socioeconómico  de esta administración.

La nueva Junta estará compuesta por tres negociados: el Negociado de Energía, el Negociado de Telecomunicaciones y el Negociado de Transporte. La discusión se centró en el Proyecto de la Cámara 1408, que crea  la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”, que busca controlar el gasto gubernamental y promulgar el cumplimiento con las exigencias hechas por Junta de Supervisión en el Plan Fiscal aprobado en virtud de la Ley Federal PROMESA. 
 
El presidente de la Cámara destacó que el interés en todo momento ha sido crear una Junta Reglamentadora de todas las utilidades. Indicó que se trata de una medida que estuvo en discusión en los pasados dos años por el interés de que exista una junta fiscalizadora separada de cualquier agencia del Gobierno.

Por lo que trajo a colación que este proyecto no es nuevo y originalmente se radicó en el cuatrienio del  2009 al 2012, por la entonces representante Jenniffer Gonzalez Colón, y fue aprobado en Cámara. Remitiéndose al record, mencionó que en ese momento los representantes Rafael “Tatito” Hernández y Luis Vega Ramos de la minoría parlamentaria le votaron a favor, cuando mediante la misma se adscribían a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones las funciones para imponer las tarifas, derechos, rentas o cargos  de las corporaciones de la AEE y AAA.

Tanto el presidente interino y Comisionado Asociado de la Comisión de Energía de Puerto Rico, (CEPR) José Román Morales, como el director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), licenciado José Pérez Vélez, expresaron que la fusión “trastoca nuestra  independencia de criterio”.

De inmediato, Méndez Núñez aclaró sus dudas al indicar que el proyecto de ley dispone (página 112 sec. 72) que los negociados recibirían apoyo administrativo pero “van a trabajar como ente independiente de la Autoridad y de cualquier compañía de energía certificada dentro de la misma Junta Reglamentadora”.
 
“Decir que no va a haber independencia eso es falso, va a haber la independencia. Nosotros vamos a garantizar que exista  la independencia. Y la razón por la cual estamos celebrando estas vistas  públicas es porque  aquí en el debate de los planes de reorganización se dijo que esto era rendir los poderes de la Asamblea Legislativa, lo cual es totalmente falso. Precisamente para que se pueda aprobar un plan de reorganización, tiene que existir el aval de la Legislatura y luego tienen  que existir leyes habilitadoras y aquí estamos viendo una ley habilitadora”, expresó el líder cameral para disipar cualquier duda al respecto.

Aseguró, que el propósito es aprobar lo mejor para Puerto Rico. Trajo como ejemplo su proyecto  mediante el cual se fusionaron las Procuradurías en el año 2010  que fue revertido por la pasada administración. “No quisimos crear esa confusión y mantuvimos la independencia de criterio de cada Procurador y aquí se mantiene esa independencia”. 

Entretanto, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, apoyó la fusión al considerarla afín con el esquema trazado en otras jurisdicciones estatales. Informó que la Junta participa activamente en la ‘National Association of Regulatory Utility Commisioners’, entidad que agrupa a los comisionados de organismos  regulatorios.

“El gran acierto de este Proyecto es la creación de una estructura administrativa independiente y neutral que logre con efectividad velar por el interés público en cuanto a la prestación de servicios públicos, estableciendo una política pública enfocada en el bienestar de las industrias concernidas y la protección de sus consumidores”, opinó la funcionaria, al asegurar que esta consolidación en nada afectará la implantación de la política pública  dispuesta en cada ley orgánica de Telecomunicaciones.

El presidente de la Comisión de Servicio Público, licenciado Luis García Fraga, igualmente apoyó la medida y recomendó que el mismo sea aprobado sin enmiendas. Consideró que “será el eje del desarrollo económico de Puerto Rico a través de la reglamentación y promoción  de los servicio públicos”  

El director de OIPC, Pérez Vélez, sostuvo que “la OIPC endosará cualquier medida legislativa que redunde en beneficios para el consumidor, y poder defender de manera independiente de otra entidad  los intereses y derechos de los consumidores”. Mencionó que al momento de presentar este escrito, la Oficina ha recibido ocho mil llamadas para asistencia y representación de consumidores contra la AEE. El presupuesto de la Oficina es de $580,000 al año y cuenta con seis empleados.