Apoyo unánime al “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”

El Capitolio – Con el fin de fortalecer la política pública de cero tolerancia ante la corrupción, la Comisión de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez, inició el análisis del Proyecto de la Cámara 1350, que enmienda la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, y propone establecer un “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, que integre las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción en un solo cuerpo legal. 

La medida de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la delegación de mayoría expone que  “la intención es fortalecer la política pública de ‘cero tolerancia’ a la corrupción y cumplir con el compromiso programático de esta administración plasmado en el “Plan para Puerto Rico”. 

La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, describió la pieza como “una de gran envergadura que atiende directamente asuntos relacionados en la lucha contra la corrupción, el norte que a diario dirige las funciones de la OEG”.

A esos efectos, Rosario Vega recomendó que se enmiende el título de la “Ley de Ética Gubernamental de 2011” para que sea la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, de manera que no cree confusión al interpretar la nueva Ley que contiene distintas normativas éticas que aplican a entes privados también, como por ejemplo, contratistas. 

Igualmente, la funcionaria estimó necesario incluir en la medida más protección a los testigos, y que ello se extienda al sector privado. “La experiencia ha demostrado que se deben tomar medidas para evitar que los casos de corrupción se mantengan en silencio y que, en consecuencia, el corrupto quede impune porque las personas que conocen las actuaciones sientan temor a hablar”, expresó.

Mientras, la sub secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Giselle Santiago, recomendó la inclusión de otros mecanismos legales que permitan que el Estado sea resarcido por aquellas personas que defrauden al fisco.  “El gobierno podrá reclamar civilmente y obtener compensación por el triple del daño causado al erario, cuya reclamación puede ser sostenida con la sentencia de convicción por la conducta que causó perdida”, expresó la abogada.

Asimismo, la licenciada Estrella del Mar Vega, del Departamento de Seguridad Pública, sugirió que se incorpore un mecanismo preventivo de embargo que de forma expedita asegure que la persona procesada no comience a disponer de los bienes, ocultarlos o transferirlos antes que recaiga una determinación judicial en el ámbito criminal. 
Por su parte, el representante Navarro Suárez, expresó que “la medida va a la médula de lo que es el problema de corrupción al agrupar todas las leyes relacionadas en un Código, que agiliza, facilita y flexibiliza que estas agencias que fiscalizan e investigan puedan ejecutar sus tareas con  eficacia y más prontitud”.